Por: Sandra Rodríguez
Hay una nueva modalidad que utilizan los violadores y violadoras de derechos humanos para reprimir a los y las manifestantes de modo a no quedar evidenciados como hechores directos.
Se le llama “Tubas fugaces” y consiste en que un grupo de personas que no son autoridades como policías, militares u otros funcionarios que agreden a quienes luchan por la defensa de sus derechos.
Hemos visto un nuevo esquema en el modelo de represión estatal, que, en lugar de enviar grupos policiales, contratan compañías de seguridad privadas que a su vez son personas que por un pago diario se enfrentan a quienes están en protestas sociales. De esa manera el Estado cree que se lava las manos y lo manejan como un enfrentamiento, explicó a defensoresenlinea.com, Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza- Honduras.
Este hecho en la historia se ha llamado “contratación de mercenarios” y se utiliza fondos públicos para su pago, por lo que defensores y defensoras de derechos humanos deben estar atentas para visualizar las situaciones, denunciarlas a nivel nacional e internacional y hacer uso del derecho de petición para que esto deje de suceder.
Casos identificados
Entre los ataques a través de “turbas fugaces” Mery Agurcia, procuradora de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), mencionó los siguientes:
El ataque de parte de dos hombres contra el defensor de derechos humanos Edwin Robelo Espinal, el pasado viernes 08 de septiembre, cuando participaba en una manifestación pacífica en defensa de una zona verde conocida como “el cerrito de la felicidad” en la colonia Kennedy, al oriente de Tegucigalpa.
Espinal quien goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue apresado por policías de la colonia Kennedy, quienes continuaron con los golpes y tratos degradantes. Horas después fue trasladado a la posta de El Manchén, y liberado por la intervención del COFADEH.
Otro caso reciente, fue protagonizado por un grupo de madres de familia contra la representante de la Coordinadora Indígena del Poder Popular (CINPH), Olivia Marcela Zúniga Cáceres, en el jardín de niños donde estudiaba su hijo Camilo.
Las mujeres la agredieron el pasado mes de julio, situación que la obligó a separar al niño de dicho centro educativo en la ciudad de La Esperanza, Intibucá (occidente de Honduras). Olivia es además hija de la asesinada lideresa Berta Cáceres y el dirigente Salvador Zúniga, y candidata a diputada por la Alianza Opositora.
La familia Flores Cáceres, acuerpó a la defensora, y señaló esta como “violación del derecho a la privacidad y la protección identidad del hijo de Olivia Zúniga, que ha sido innecesaria y malintencionadamente expuesto a la discusión pública en un contexto de ataques a su madre y su familia”.
En el ámbito estudiantil, se ha dado incidentes que exponen a los y las defensoras de la educación superior, el 17 de julio un grupo de unos 40 hombres identificados con camisetas verde y rojo de la supuesta empres “Spartan Security” ingresaron a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con la orden, según declaraciones de ellos mismos, de recuperar los edificios tomados por el Movimiento Universitario Estudiantil (MEU).
Varios alumnos fuero brutalmente agredidos con tubos de hierro y cadenas que tenían los supuestos guardias de seguridad, centrados por la rectora Julieta Castellanos y que estaban ganando mil cien lempiras diarios, manifestaron los hombres que además utilizaban pasamontañas para cubrir sus rostros.
El ataque contra los y las estudiantes de la Universidad Nacional Agrícola de Catacamas (UNAG), quienes el 18 de noviembre del año pasado, iniciaron un paro general, y ante la toma indefinida que duró más de 50 días, llegaban grupos de choque, supuestamente empleados del centro académico. En una ocasión un hombre los atacó a bordo de un tractor.
Además se denunció vigilancia en horas de la noche por parte de desconocidos y desde los vehiculos que ingresaban al campus universitario que alberga a unos cinco mil estudiantes de agricultura.
En abril del 2016, cuando la Plataforma Somos Muchas, compuesta por defensoras de derechos sexuales y reproductivos se manifestaban en las cercanías del Congreso Nacional, exigiendo la aprobación del aborto por tres causales, un supuesto grupo de defensoras de la vida, las atacaron lanzadores objetos diversos.
2009 en el marco del golpe de Estado esta práctica no fue muy común, Agurcia mencionó únicamente dos hechos, uno en la colonia Humuya de Tegucigalpa y otra a inmediaciones del Estadio Nacional.
En estos casos, no hay una base de responsabilidad directa del Estado, pues en las turbas fugaces actúan pobladores que, si pueden identificarse como activistas políticos, pero las víctimas deben documentar, identificar y denunciar dichas agresiones.
