Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras. – La Mesa de Derechos Humanos solicitó a la Inspectoría de Tribunales que sancione a la jueza Gabriela Gallo, por emitir un fallo parcializado a favor de tres altos oficiales de la Policía Nacional Preventiva que torturaron a diestro defensores de derechos humanos y ocho estudiantes universitarios el pasado 08 de septiembre.
Tras el fallo emitido el viernes pasado en el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, el grupo de organizaciones aglutinadas en esta Mesa considera que la jueza incurrió en los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, por lo que se procedió a denunciarla ante esta instancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el miércoles 06 de junio.
La Jueza Gabriela Cristina Gallo, favoreció en su totalidad a los oficiales de la Policía Preventiva Juan Manuel Aguilar Godoy, Félix Adrián Colindres Y Marlon Agustín Vásquez Palma, a pesar de que se le presentaron unas 200 pruebas de la culpabilidad de los uniformados que actuaron dentro de los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), cuando las y los defensores iban a descarta a los defensores de la Educación Pública.
“Esperamos una investigación seria, eficaz e imparcial contra la resolución emitida por la jueza Gabriela Gallo, la cual consideramos parcializada, que falta a los estándares internacionales sobre independencia judicial y consideramos que tiene un contenido discriminatorio, estigmatizante y de doble juzgamiento hacia la labor de los defensores y defensoras de Derechos humanos” Ariel Díaz.
Cabe mencionar que todavía no hay una legislación actualizada para resolver este tipo de situaciones, porque se derogó mediante un Recurso de Inconstitucionalidad la ley del Consejo de la Judicatura que establecía todas las causales para sancionar a jueces y juezas que cometían faltas administrativas.
Por lo que, “nos estamos remitiendo a la Ley de Tribunales de 1905, es una norma totalmente desactualizada a los parámetros de Estado de Derecho, y de acuerdo con esta norma lo que procede es que la Inspectoría de Tribunales investigue la conducta de Gabriela Gallo, desde el vocabulario utilizado en la resolución y luego que emita una sanción que puede ser hasta el despido” explicó el abogado Edy Tábora, coordinador del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), parte de la Mesa de Derechos Humanos.
También se presentó una denuncia por el delito de Prevaricato, ante el Ministerio Público, porque se considera que es conducta penal, la tomada por la jueza Gallo. Estas son algunas de las acciones que se harán para que el caso no quede en la impunidad, declaró a www.defensoresenlinea.com el defensor y víctima de los policías, Carlos del del Cid.
Del Cid, tiene daños irreversibles en cuanto a salud física, perdió parte de la visión del ojo izquierdo al ser rociado directamente por el gas lacrimógeno de manos de los comisionados a quienes identificó como Colindres y Aguilar, ese 08 de septiembre, sus constancias médicas fueron emitidas por el Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS), y ni a éstas le tomó seriedad la jueza.
La Mesa de DDHH “considera que la resolución de la jueza Gallo está cargada de parcialidad con los victimarios en detrimento de las víctimas y contiene actos de discriminación y desprecio contra los defensores de derechos humanos, quienes fueron las víctimas directas de las acciones violatorias a los derechos humanos por parte de los oficiales antes mencionados”.
La arbitrariedad de Gallo no es oculta
El expediente No. 3054-2017, del Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, contiene por escrito las arbitrariedades de la Jueza Gallo, y constituyen la evidencia que el Estado de Honduras fomenta la impunidad y se colude con los violadores de los derechos humanos, expresaron los defensores en un plantón realizado frente a la CSJ, en Tegucigalpa.
Con la resolución los oficiales Aguilar Godoy, Colindres y Vásquez Palma quedaron habilitados para continuar con su conducta delictiva contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, y facultados para obstaculizar la labor en la defensa y protección de los derechos fundamentales, en contradicción a tratados internacionales de protección a estos derechos y que el Estado de Honduras ha ratificado, afirmó la Mesa Nacional de DDHH.
Las investigaciones contra la Jueza Gallo deben ser prontas, expeditas e imparciales, con el objetivo de restituir los derechos violentados de las víctimas que son al acceso a la justicia, el Debido Proceso y el castigo ejemplar a los funcionarios estatales responsables.
“Es sumamente doloroso para nosotros tener que recurrir a una denuncia para que una juez haga su trabajo y evidentemente coludida con los victimarios de los defensores de DDHH, con su acción lo que ha hecho es fortalecer la impunidad del país y ponernos en alto riesgo” Hedme Castro
También solicitaron que esta dependencia de la CSJ examine la conducta de la funcionaria y de comprobar que la misma no es conforme a derecho, a la ética de una funcionaria judicial y de estar al margen de la ley, que se establezca la respectiva sanción administrativa contra la Jueza.
La operadora de Justicia en 2015 tomó el caso los estudiantes universitarios Cesario Padilla, Sergio UIloa y Moisés Cáceres, tras la recusación por violentar la ley de la jueza de letras de lo penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Wendy Rivera, emitida por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán.
Unidad ante las arbitrariedades
La Mesa de Derechos Humanos surgió en septiembre pasado, ante las arbitrariedades de los policías contra Carlos del Cid, del Observatorio Ecuménico Internacional de los Derechos Humanos (OEIDH); Ariel Díaz, miembro del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y la Asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos (JDH); María Tomasa “Tomy” Morales, defensora y periodista de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU); y Hedme Castro, directora ejecutiva de la Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-Participativa).
En el microbús, propiedad del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), los y las defensoras lograron abordar a ocho estudiantes que huían del arresto policial en el operativo “Apolo III” creado para desalojar la Ciudad Universitaria, tras varios meses de protestas sociales.
En total diez estudiantes tienen medidas sustitutivas a la prisión y están bajo la custodia de sus representantes legales; uno tiene orden de captura y más de 85 jóvenes, Carlos del Cid, Tomy Morales y Ariel Díaz, fueron criminalizados, y sobreseídos el 27 de septiembre del 2017.
Los estudiantes víctimas de los policías son José Bustillo, Santos Ruíz, Bryan González, Noé Portillo, Edwin Salas, Cristian Sanabria, José Portillo y Marcio Silva a quien se le libró orden de captura por estar previamente procesado siempre por la defensa de la UNAH y los derechos de tres compañeros, que ayer cumplieron un año de ser condenados por la CSJ acusados de espacio en perjuicio de la Alma Mater.
Este proceso de criminalización ha sido acompañado por organizaciones nacionales e internacionales, por lo que se pide a la Inspectoría de Tribunales que se tome declaración al representante de la Oficina del Alto Comisionado Nacional de Derechos Humanos (OACNUDH), CONADEH, y de Embajadas e Instituciones internacionales cuyos nombres constan en el acta emitida por Gabriela Gallo.
El Estados no puede limitar la labor de los y las defensoras de DDHH
En su Informe sobre la Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas (2006) y el Segundo Informe sobre la Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas (2011), la Comisión indicó que el respeto y garantía del derecho a la integridad personal y el derecho a la vida están directamente relacionados con el libre ejercicio de la actividad de defensa y promoción de los derechos humanos.
Por eso, los Estados tienen la obligación de no interferir con el disfrute de estos derechos y de actuar de manera razonable para prevenir las amenazas, agresiones y hostigamiento en contra personas defensoras de derechos humanos.
En estos mismos informes, la CIDH también ha destacado que las y los defensores de derechos humanos deben gozar de una protección adecuada que garantice que no serán objeto de injerencias indebidas para ejercer su derecho de circulación y residencia.
La CIDH ha señalado que las obligaciones del Estado a este respecto incluyen, entre otros: abstenerse de limitar, por cualquier medio, el trabajo en donde se puede recopilar información de campo; y facilitar los visados para el acceso a otra jurisdicción para aquellos casos en que las personas defensoras de derechos humanos deben viajar en el curso de su trabajo.
