Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.- Se junta tres generaciones en seis años, procedentes de diez municipios del sur de Honduras han tenido experiencias desde hacer campañas públicas en parques locales, hasta foros regionales para exponer las violaciones a los derechos humanos de las, algunos de sus integrantes son víctimas directas.
Es la Red de Defensores de Derechos Humanos de la zona Sur del país (REDEHSUR), que, con el apoyo de la Ayuda Protestante de Suiza (HEKS-EPER), ha logrado organizar y formar el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Hace unos días en el encuentro nacional de redes de defensores y defensoras de DDHH convocado por el COFADEH, tres de sus integrantes compartieron su experiencia en este proceso de aprendizaje junto a la práctica que les ha permitido mantenerse organizados desde el 2012.
Miriam Lara, procedente del municipio de Santa Ana, departamento de Francisco Morazán, llegó al COFADEH siendo parte de una red local de defensoras, en el 2012. Ha sido compartido en eventos nacionales e internacionales dónde expone la situación de vulnerabilidad que enfrentan los y las defensoras hondureñas.
Allan Torres, llegó a la REDEHSUR en el 2015, en el marco de una huelga de hambre exigiendo una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), debido al desfalco más grande de la historia nacional que dejó en crisis al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Uno de los huelguistas era Abel Pérez, miembro de la Red y ahora condenado por usurpación en su derecho a la defensa de la tierra. Ambos son de Amapala, Valle; y directivos de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA).
Andrea Vásquez, es de la tercera etapa de este proceso, tiene unos meses en la REDEHSUR y ha sido parte de varias actividades de acompañamiento, documentación y observación de consultas populares en zonas donde se defiende la tierra y el territorio, la joven es integrante del colectivo Bastión del Sur, en Choluteca, un grupo que mantiene constante protesta contra el régimen de Juan Orlando Hernández.
Entre 19 y 23 años de edad, este defensor y defensoras de derechos humanos comparten espacio con personas adultas, lo cual les ha permitido aprender de su experiencia y lucha según el municipio donde habitan.
En la zona sur se ha puesto la visión gubernamental y extractivista irrespetando el derecho a la consulta libre, previa e informada, con proyectos de energía eólica y fotovoltaica; el interés de la creación de Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), concesiones de ríos y tierras para la extracción minera, entre otros proyectos turísticos como “La Ruta del Sol”, en Coyolito, Amapala, que forma parte el denominado programa “Llegó la Hora del Sur”, inaugurado por Hernández en vísperas de la Semana Santa del 2014.
El programa gubernamental se creó para reactivas la economía de Choluteca y Valle -en palabra de Hernández-; Sin embargo, en la Semana Santa del 2015, un grupo campesino de Playa Blanca, en la Península de Zacate Grande, tuvo la iniciativa de preparar un terreno de uso publico desde siempre, para un parqueo provisional y generar ingresos económicos a la comunidad.
El supuesto dueño del predio, Jorge Luis Cassis Leiva, denunció a Abel Pérez, Santos Hernández y Tomás García por los delitos de usurpación, daños y perjuicio. La Jueza de Amapala los encontró culpables, incluso Pérez y Hernández estuvieron 101 días en prisión, en juicio Oral y Público fueron condenados a cinco años y un mes de cárcel, mientras que García fue sobreseído definitivamente, este proceso judicial lo dejó con un deteriorado estado de salud.
Este es sólo uno de los casos que criminaliza a defensores de derechos humanos, la tierra y el territorio. Cabe señalar que la misma jueza Iris Amanda Hernández, reconoció a Abel como defensor de derechos humanos cuando le dictaba prisión preventiva por incumplimiento de medidas contrarias a la prisión en mayo del 2016, sin tomar en cuenta el coste económico que implica cruzar desde tierra firme a la Isla el Tigre, donde está el libro que registra las firmas de imputados.
“A mis compañeros de la REDEHSUR y la ADEPZA les digo que no se desanimen, que no le teman a la prisión, porque desde aquí se puede continuar con la lucha, solo temerle a la muerte porque así si no podríamos hacer nada”. Abel Pérez en prisión (2016)
A lo largos de estos seis años la Redehsur ha llegado a los municipios de Santa Ana, Ojojona y Alubarén (Francisco Morazán); Nacaome, Amapala y San Antonio de Guarumas (Valle); Pespire, Orocuina, Morolica y Choluteca (Choluteca), donde deben enfrentar a autoridades civiles y militares-policiales debido a problemas ambientales, calentamiento global, desempleo, migración, olvido gubernamental, destierro y acceso a la tierra y playas. Militarización, persecución judicial, amenazas contra la vida, hostigamiento y vigilancia permanente.
Otra integrante de la REDEHSUR y Adepza, criminalizada es la defensora de DDHH, Ethels Corea estuvo procesada durante siete años, por la defensa del territorio donde se encuentra el campamento internacional de observación de DDHH y la cabina de radio comunitaria “La Voz de Zacate Grande” (LVZG), en Puerto Grande, Amapala. Fue sobreseída junto a más de 20 campesinos de la península, en diciembre del 2016 porque el caso prescribió y no porque se haya impartido justicia.
Así mismos, hay criminalización contra el líder social Pedro Canales (quien por motivos de salud cedió a Allan Torres la presidencia de la ADEPZA); y Danilo Corrales, integrante de la Red, se les acusa por defender el acceso a la tierra para la radio LVZG, desde su instalación en el año 2010.
Hemos presentado denuncia y solicitud de información por el atentado contra el miembro de la Red, Ronnie Hareth Portillo, originario de Morolica, a quien personas con indumentaria militar le dispararon la noche del 11 de marzo en el municipio de Apacilagua, Choluteca, previo a las elecciones primarias, dejándolo gravemente herido, recordó Miriam.
Es un breve resumen de lo que hemos enfrentado, detalló Allan, quien rescata la oportunidad de tener acceso a una radio comunitaria y él ser comunicador social. En LVZG, desde la REDEHSUR hablamos de derechos humanos, y desde ADEPZA tenemos apoyo para contribuir en la articulación y desarrollo de actividades, agregó.
“Acompañar a nuestros amigos y otras personas criminalizadas son oportunidades de crecimiento personal y colectivo” expuso Mirian, por lo que una de las metas es consolidar la membresía con capacidades instaladas por el COFADEH para documentar, asesorar y denunciar las violaciones a los derechos humanos.
Así como estar pendientes se cualquier acción que vulnere la vida de las personas que se manifiestan en las calles en su legítimo derecho a la protesta social, agregó Andrea, quien ha visto como elementos policiales y militares agraden y capturan -especialmente- a menores de edad que se pronuncian contra el régimen de Hernández, en Choluteca.
Redehsur junta experiencia y sueños
Lucha, fuerza, unidad y capacitación, algunos elementos que esperan para el próximo año los jóvenes defensores que participaron en el encuentro nacional de redes de defensores de derechos humanos que convergen con el COFADEH.
Compartir con otras redes fortaleció sus conocimientos. Esta Red ha tenido la oportunidad de movilizarse a otras regiones y recibir redes en su localidad. Eso es un compromiso para conocer nuestra realidad, que lamentablemente es parecida a nivel nacional, apuntaron los representantes de la REDEHSUR, la semana anterior en Tatumbla, al oriente de Tegucigalpa.
Ser defensor en uno de los países más peligrosos para esta labor, no es fácil, sentimos el riesgo, a veces sentimos miedo, pero seguiremos en la defensa de la vida, de la tierra y del territorio, finalizaron, mientras recordaban a defensores y defensoras de ddhh asesinadas en Honduras.
La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran quienes promueven y defienden los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, los derechos de la naturaleza y el derecho al desarrollo, siempre es de preocupación para organismos nacionales e internacionales, ante la falta de compromiso de los Estados para proteger a los y las defensoras de derechos humanos.
