Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa.– “Una foto de espaldas, así como la justicia nos trata” expresó Cesario Padilla, egresado de la carrera de periodismo, en un tono cansado por la forma de cómo la justicia hondureña trata a los defensores y defensoras de derechos humanos.
Era la segunda vez que junto a sus compañeros Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, egresados de Sociología y Trabajo Social, respectivamente, dejaban aun lado sus labores profesionales para asistir a la audiencia de individualización de pena, luego de ser condenados el pasado 07 de junio, por delito de usurpación en perjuicio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, cuya pena oscila entre dos y cinco años.
Aunque la pose causó un poco de gracia, era como para hacer referencia a “la payasada” que hacen los jueces encargados del caso, en un proceso iniciado en julio del 2015, cuando se llevó a cabo una toma de las instalaciones de la UNAH en Tegucigalpa, en exigencia de los derechos estudiantiles, y donde Padilla, Cáceres y Ulloa actuaban como observadores de derechos humanos, según declararon en el juicio oral y público el 26 de mayo anterior.
El veredicto emitido por la Sala IV de Juicios Orales y Públicos de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, expresó que “Este Tribunal por unanimidad de votos declara la responsabilidad penal de Sergio Ulloa, Moisés Cáceres y Cesario Padilla y los considera autores de un delito contra la UNAH, se señala audiencia para la individualización de la pena para el 27 de julio”.
Sin embargo, en esa fecha no se llevó a cabo la audiencia, posponiéndola para el pasado lunes 31, y a la hora citada, nuevamente les dijeron que se suspendía de forma indefinida porque una de las juezas estaba con permiso médico. Posiblemente sea el lunes 07, justo dos meses después de ser condenados.
Por la sentencia condenatoria contra estos tres defensores de la educación pública, organismos nacionales e internacionales se han pronunciado reprochando la criminalización contra las personas que defienden los derechos humanos, a lo que va del año, 45 jóvenes de la UNAH enfrentan un sistema de justicia que al parecer les da la espalda aunque su lucha sea justa, 20 fueron expulsados por cinco años y más de un centenar ha sido víctimas de la persecución judicial coludida con las autoridades que rectora Julieta Castellanos, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, fuerzas policiales y militares, así como guardias de empresas de seguridad privada y la seguridad mixta (interna y externa) que coordina el militar retirado, Roger Aguilar en la UNAH.
Aguilar fue uno de los que emitió testimonio para señalar a los tres estudiantes como dirigentes de la toma hace dos años, pero no fue específico en decir que ellos estaban como tal, sino que los vio en el lugar con su rostro descubierto, mientras los demás universitarios ocultaban su identidad.
También fue testigo Norma Suyapa Garay, de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, quien expresó haberse infiltrado por cuatro horas entre los manifestantes con el objetivo de identificar a jóvenes de quienes le habían dado fichas o perfiles en la UNAH.
El año pasado en la UNAH hubo cerca de 56 días de protestas continuas, concluyendo el 20 de julio del 2016 con la firma de un acuerdo para entablar un diálogo. Uno de los puntos era que se suspendiera todos los requerimientos que eran tres del 2015 y 75 del 2016, donde nuevamente se criminalizaba a Cesario, Moisés y Sergio, pese a que ya no eran parte de los manifestantes.
Escenario de guerra
Cuando los estudiantes acuden a audiencias, ya sea en los juzgados o en la CSJ, también se hace presente la fuerza de seguridad pública. El pasado lunes se movilizó no sólo patrullas, sino una tanqueta recién estrenada con la represión de una toma frente a la UNAH el martes 25, afectando con gases lacrimógenos a miles de universitarios y demás personas en los alrededores.
Había elementos de la Policía Militar del Orden Público, Policía Preventiva, militares y policías antimotines con sus escudos, pasamontañas, máscaras antigases, toletes y demás indumentaria para contrarrestar las manifestaciones sociales.
Según versiones de los agentes, estaban allí porque llegaría un grupo de estudiantes quienes se auto convocaron para solidarizarse con sus tres compañeros. Al expandirse la información que se había suspendido la audiencia, algunos policías expresaron que se iban a retirar porque “ya no había nada”.
A consideración de Moisés Cáceres, el escenario “es una función en este circo, los payasos no quieren venir o quieren venir, la función del “julietismo” con el tráfico de influencias en este disque poder del Estado lo que busca es incomodar a nosotros y demás estudiantes, generando malestar, nos hacen perder tiempo y recurso. Mandaron una tanqueta nueva y policías con nuevo equipo, más bien deberían estar dónde opera el crimen organizado en ciudades que la gente vive con temor en lugar de estar reprimiendo estudiantes”.
Sergio Ulloa, quien está próximo a graduarse y se le ha negado la mención honorifica por su excelencia académica, dijo que esto es una falta de seriedad de parte del Poder Judicial al estar reprogramando audiencias sin previa notificación, también es una falta de respeto porque juegan con el tiempo de uno y las emociones y continúan en el aire. Parte de las repercusiones en esta lucha son emocionales y familiares que le reclaman al Trabajador Social por todo el tiempo que lleva en el proceso.
La pospuesta de las audiencias son consideradas por Cesario Padilla, “como una payasada de parte del Tribunal de Sentencia de la CSJ, y este circo se debe terminar –afirmó- ya sea si es que la orden sigue en pie de parte de quienes se coluden para criminalizar estudiantes, de condenarnos, o por el contrario si hay otras acciones pues que las revelen pero que esto ya tenga un ciclo que finalice porque están jugando con tres estudiantes que desde 2015 vienen arrastrando este proceso, hoy en calidad de egresados.
Aun después de graduarse, los hoy condenados por defender la educación pública, seguirían llevando cargando una sentencia de culpabilidad, sin que se defina nada al respecto.
Lo que destaca dentro de todo este circo es que curiosamente para este proceso contra tres estudiantes universitarios hay fuerte presencia de la policía nacional y la una tanqueta estrenada para reprimir estudiantes, y sin duda la hubiera utilizado el día de hoy, agregó Padilla.
Desde antes del 2015, cuando se les señaló como “usurpadores” los tres estudiantes del Movimiento Estudiantil Universitario, MEU, exigían un proceso de democratización en la toma de decisiones de la UNAH, ahí demandaban que al estudiante se le incluyera en la toma de decisiones para construir el proceso de IV Reforma universitaria, que estipulaba la instalación de una constituyente estudiantil universitaria.
La comunidad estudiantil, que en la actualidad mantiene una serie de protestas sociales, exige la renuncia irrevocable de JULIETA CASTELLANOS RUIZ, AYAX IRÍAS, BELINDA FLORES, y de todos los decanos de las distintas unidades académicas, para que se instale la Asamblea Constitucional Universitaria, que dependería de la aprobación del Congreso Nacional.
A las autoridades universitarias se les responsabiliza de la estigmatización, criminalización y descalificación contra los dirigentes universitarios. A Padilla, Cáceres y Ulloa, se les tildaba de enemigos de la IV Reforma, generadores de problemas a nivel externo de la UNAH, gestores del caos y la anarquía. Recientemente en un audio de un minuto, se escucha -supuestamente- la voz de la rectora nominándolos como “las tres divinas personas”, “Fidel, el Che y Camilo Cienfuegos”, además de estigmatizar a los y las procesadas por su apariencia física.
