Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa.- La Coalición Contra la Impunidad realizó el foro “Elección del Fiscal General y Adjunto y la lucha contra la gran corrupción e impunidad en Honduras», donde se expuso sobre perfil, expectativas y deudas desde la figura de la Fiscalía General del Ministerio Público, el cual pronto deberá cambiar de titular.
En 24 años de creación del Ministerio Público, una de las deudas pendientes se puede multiplicar por 184, y es referente a la verdad sobre los Detenidos Desaparecidos de la década de 1980, cifra reconocida por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) en su informe “Los Hechos Hablan por sí mismos” (2002). La Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) tiene una Sección Especial de Atención a las desapariciones Forzadas y Delitos Contra la Vida, pero tampoco hay repuestas, al consultar sobre los hechos de hace tres décadas, la temática prácticamente es desconocida.
La jornada se desarrolló el pasado miércoles 25 de abril en Tegucigalpa, iniciando con el abogado Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, quien compartió parte de la experiencia en procesos de elección de funcionarias(os) de justicia en Guatemala y Honduras.
En la segunda parte del foro, hubo un panel donde disertó el abogado Edy Tábora, director del Comité por la Libre Expresión (C- Libre); Joaquín Mejía, investigador del Equipo de Reflexión e Investigación en Comunicación de la Compañía de Jesús -sj (ERIC-SJ); y Bertha Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organizaciones parte de la Coalición.
En las condiciones actuales de las profundas heridas de la sociedad hondureña, es necesario un Ministerio Público comprometido con el acceso a la justicia, que asuma una lucha real y frontal en contra de la corrupción y la impunidad, y que actúe alejado del cálculo y los intereses del actual régimen y de los grupos de poder que lo respaldan, expresó la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), organización parte de la Coalición contra la Impunidad que convocó al evento.
Conocer a la Junta de Selección
Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, expresó que una de las ventajas que tiene Honduras es “tener un partido político que defiende los intereses del pueblo”.
Además, expresó que no sólo se debe fijar en la elección de los candidatos y candidatas a Fiscal sino en quienes conforman la junta proponente. Ya que el procedimiento funcionaria, pero debe haber voluntad política, y que no haya una selección con prejuicio.
Para estos puestos una elección en base a méritos como ser honestidad, capacidad, idoneidad, reconocida ética; el proceso se empieza a ir por formalismos, pero -los seleccionadores- no quieren profundizar en el mérito. La entrevista que le hacen los y las candidatas, es tan formal que no sirve para nada, pues hay personas que lo valen, por ejemplo, Bertha Oliva, citó el abogado internacional.
Agregó que la lucha no es fácil en un país en crisis, porque acrecenta la frustración cuando se legitima el proceso, la ventaja, reiteró que hay un partido político a favor del pueblo.
Mencionó la importancia de una sociedad civil organizada, pero también las diferencias que existen, las cuales se deben superar las diferencias ya sean políticas, económicas y sociales.
Panelistas
¿Para quién es el nuevo Fiscal?
La jornada continuó con la presentación de Edy Tábora, quien expuso el tema “antecedentes, deudas históricas del Ministerio Público y breve reseña de los procesos de elección anteriores”.
Inició con la pregunta ¿Elección del Fiscal General de la República o de la dictadura? En todos los espacios se habla que hay una dictadura, extrañamente sólo desde el presidente (Juan Orlando Hernández).
Entre otras preguntas, el ex fiscal de DDHH del Ministerio Público expresó si ¿Este proceso garantiza la elección de un fiscal independiente?
Actualmente existen 926 Fiscales en el MP, entidad que, según el ex Fiscal General del Estado, Luis Rubí, confesó ante la cámara de diputados de Honduras -en el año 2013- que los cuerpos de seguridad en este país apenas tienen la capacidad para investigar el 20 por ciento de los hechos criminales. Un 80 por ciento de los delitos quedan en total impunidad.
El primer Fiscal General fue el doctor Edmundo Orellana -según Tábora- 24 años después lo necesitamos. Se sigue hablando de él y de su gestión pese a que tiene afiliación partidista reconocida.
Le siguió Nery Olvin Medina y su Fiscal adjunto, Juan Arnaldo Hernández, que es hermano de Juan Orlando Hernández.
Mientras que Ovidio Navarro sólo estuvo un año. En su cargo fue nombrado el nacionalista Leónidas Rosa, en su periodo se dio la “huelga de los fiscales” en el año 2008, para exigir que no se archivaran los casos de corrupción.
Por su parte el fiscal Luis Rubí, fue el garante del Golpe de Estado del 2009, expuso Tábora. Después de una Junta Interventora, el Congreso Nacional nombró a Óscar Chinchilla y Rigoberto Cuéllar como su Adjunto.
Entre las observaciones que expuso Tábora, es que el Fiscal General forma parte del Consejo Nacional de Defensa. Antes el jefe era el presidente Poder Judicial, ahora es el Titular del Poder Ejecutivo. Sin embargo, este Órgano se mete en temas interés público, no sólo en seguridad.
Algo que destacó, es que cuenta con Fiscales Militares y recordó que, para el año 2014, salieron fiscales con uniforme militar en el marco de la “Operación Morazán”.
Afirmó que a los Fiscales les gusta perseguir al movimiento social. Y es que, entre los acusadores de lideres sociales, se menciona al Ministerio Público, la Procuraduría General de la Republica, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), esta última específicamente en casos contra líderes estudiantiles, defensores y defensoras de DDHH.
Deudas del Ministerio Público
El investigador del ERIC-SJ, Joaquín Mejía, expuso sobre el “Perfil idóneo para los cargos de Fiscal General y Adjunto y estándares internacionales aplicables a los procesos de elección”.
Inició recordando que el Ministerio Público tiene deudas históricas, la primera las 184 desapariciones de los 80, de las cuales no se tiene respuesta, en el marco de la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional.
Adherido los grandes crímenes de lesa humanidad en el golpe de estado del 2009, decenas de asesinatos y violaciones, en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).
Suman los asesinatos y otras violaciones a ddhh en el contexto de la crisis post electoral (más de 30 muertos, 22 presos políticos, más de 80 criminalizados y uno 1200 detenidos) documentados por la Coalición contra la Impunidad, la OACNUDH, y otras organizaciones, entre ellas el COFADEH.
También mencionó los grandes crímenes de corrupción, como el pasaportazo, el descalfo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Agregó que, la influencia partidista sigue siendo una causal. Sigue el mismo vicio y lógica en este puesto, repartirse en el bipartidismo la Fiscalía, actualmente Óscar Chinchilla es el Partido Nacional y Rigoberto Cuéllar del Parrido Liberal.
Por lo que el abogado Mejía expresó que el nuevo Fiscal General y Adjunto se debe seleccionar con base a los estándares de derechos humanos, y en este marco no se contemplan la reelección, si estas son la pretensión de Óscar Chinchilla.
Entre los estándares, hay que tener estos cuatro criterios mínimos que son: Igualdad de condiciones y no discriminación en el acceso; elección en base a méritos y capacidades profesionales; publicidad y transparencia; y duración en el nombramiento, en el caso de Honduras es de siete años.
La evaluación para la elección tiene puntuación en base a temas, otorga 10 por ciento de conocimiento en DDHH y 20 por ciento en conocimiento del MP, por lo que es importante que se conozca de manera integral a esa persona, y el trabajo es desde la junta de proponentes integrada por miembros de sociedad civil electa en una asamblea convocada en tres días.
Y resaltó la bipolaridad del Ministerio Público, que es eficiente para criminalizar, pero ineficiente para cuando la ley favorece en ciertos casos a integrantes del movimiento social.
¿Qué hacemos?
El foro se complementó con la disertación de Bertha Oliva, coordinadora general del COFADEH, con el tema “Retos y desafíos del Ministerio Público actual y la importancia del proceso de elección 2018”.
Enfocando el tema en una cancha de juegos, Oliva afirmó que el reto está en la cancha de ellos, quienes nos retan para protegerse como elite corrupta e impune, y de usar la figura del Ministerio Público como batallón de omisiones y ataques contras la sociedad. Mientras que el desafío es de la ciudadanía, el no hacer nada nos dice un que podría pasar. Y si se hace algo es legitimar el juego.
Pero también hay otros jugadores, refiriéndose a la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNDH); la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad- Honduras (MACCIH); y del gobierno de los Estados Unidos, a través del Buró Federal de Inteligencia (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), y de la Embajada.
“La misma nebulosa jurídica y política que rodea la impostura del Poder Ejecutivo después de noviembre 2017, envuelve al Ministerio Público”, expuso Oliva.
El actual fiscal inducido para la reelección sólo hizo aquello en lo que fue presionado por los jugadores externos y la élite que lo adoptó como suyo, pero nunca hizo lo que la sociedad le reclamó. Hizo lo contrario.
Entre las contradicciones para lo cual fue electo, la coordinadora del COFADEH detalló:
– La sociedad le exigió requerir a los golpistas señalados como culpables por las comisiones de verdad post golpe, pero no actuó. Ellos gozan de impunidad total.
-Las familias de las víctimas de los asesinados por oponerse al fraude electoral le exigen proceder contra los militares, policías y paramilitares responsables, pero no actúa en esa dirección. Actúa rápido a firmar órdenes de encarcelamiento de los opositores políticos a la dictadura.
– Le exigimos detener la reelección presidencial, pero la avaló, entre otras, que expuso Oliva.
Y preguntó a la audiencia ¿Qué hacemos?
Si la sociedad quiere el mismo juego que en Guatemala, un mecanismo de contención de la ira colectiva contra las élites neoliberales y militares en el gobierno, pero sin que nada cambie realmente, ¿o un “show” mediático que legitime la presunta actuación legal de un régimen ilegítimo?
“No, gracias”.
“Yo quisiera que seamos sinceros en lo que queremos. Y eso estamos haciendo aquí, pensando, buscando repuestas…” finalizó Bertha Oliva, quien mencionó que el COFADEH no se iba a pronunciar en cuanto al tema, pero el dirigente de la Coalición Contra la Impunidad, Guillermo López Lone, la involucró.
Conclusión
La Asociación de Jueces por la Democracia, junto al resto de organizaciones que integran la Coalición contra la Impunidad se ha mantenido expectantes del proceso de elección del Fiscal General y el Fiscal Adjunto a fin de asegurar la legalidad y transparencia de este, en vista del trascendente papel del Ministerio Público en la vida democrática y el Estado de derecho en Honduras.
Es necesario y urgente la construcción de un perfil idóneo, más allá de los requisitos mínimos establecidos en el país, que garantice que la selección de quien ocupe el cargo se realice considerando la idoneidad de los y las candidatas, y no su cercanía o afinidad con grupos de interés o grupos de poder, es decir que, la elección del nuevo Fiscal General y Adjunto debe basarse única y exclusivamente en criterios objetivos y capacidades comprobadas.
El representante de la Coalición, López Lone, quien moderó el foro, expresó que los retos más importantes que tiene el Ministerio Público son luchar contra la gran corrupción, asumir acciones de carácter penal para abordar las ilegalidades que cometen los altos funcionarios y ex funcionarios del Estado.
Disminuir la impunidad, la alta cifra de crímenes impunes que hay en el país y que se elija a un Fiscal General o Adjunto, o un Ministerio Público, autónomo e independiente, y no como el que percibimos ahora, cercano al presidente de la República.
Mientras se sigue esperan que más personas se inscriban para ser evaluados por la Junta Proponente, López Lone nota qué hay tan poco interés en las y los profesionales del derecho en participar para la próxima elección del Fiscal General.
