Por: Riccy Ponce/ Sandra Rodríguez
Tegucugalpa, Honduras.- Este viernes se llevó a cabo la Audiencia Inicial contra cinco estudiantes del Centro Universitario Regional del Centro (CURC), en Comayagua, quienes están acusados por el supuesto delito de usurpación en perjuicio de esa casa de estudio.
El Ministerio Público (MP), propuso como prueba testifical la declaración de dos empleados del centro; además como prueba documental la declaración administrativa (por escrito durante las investigaciones) del director del CURC, Óscar Meza; y presentó una constancia de catastro que verifica la posesión de la tierra.
Ante esto, la defensa de los estudiantes constituida por Karol Cárdenas y Dora Oliva, del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) se opusieron porque en la formación de acusación, consideran que no se daban los elementos para el tipo penal de usurpación, eso en cuánto al delito.
“También objetamos los medios de prueba, por presentar la declaración de dos personas que trabajan en el referido centro, debido a que las mismas no pueden ser ni confiables ni objetivas, porque existe una relación de subordinación laboral con el director del centro, entonces, las declaraciones van a ser parciales”, afirmó Cárdenas.
Los estudiantes que están acusados de usurpación en el CURC son Julio Santos, Oscar Madrid, Rudbel Barahona, Tony Ávila y Luís Madrid, mismos que son miembros del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) y han participado en las mesas de diálogo para solventar la crisis que atraviesa la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), desde el periodo rectorado por Julieta Castellanos.
Pese a que el pasado 26 de septiembre asumió temporalmente la rectoría Francisco Herrera, continúa la criminalización contra la lucha estudiantil que se expresa a través de la protesta social. La no criminalización es una de las máximas exigencia del MEU, y estas han afectado al menos 200 estudiantes desde el año 2014. Actualmente hay 57 con medidas sustitutivas a la prisión, en cuenta tres condenados por usurpación (Sergio Ulloa, Cesario Padilla y Moisés Cáceres), debido a una protesta de julio del 2015, y Marcio Silva que tiene orden de prisión preventiva por ser criminalizado en mayo y septiembre de este año.
Según el estudiante Rudbel Brahona, el MP está actuando según la línea de lo que Óscar Meza, director del CURC, le pudo haber dado, porque sus argumento carecen de pruebas científica, “los testimonios de los testigos por parte de la UNAH hablaron en bien de nosotros, lo que pauta que ese mismo día nos debieron haber dado sobreseimiento definitivo”.
Al grupo de criminalizados se les hizo raro que el Juez se vaya a pronunciar hasta la próxima semana, pues esto indica que está dando largas al proceso. Barahona destacó que, por lo que llevan nuestra defensa, ellos debieron cambiar el discurso, aunque consideramos que fue una audiencia sospechosa, esperamos que sea justo el veredicto y nos de sobreseimiento.
Los cinco estudiantes del CURC tenían orden de captura desde el pasado 10 de agosto la cual debía ejecutarse en Comayagua, y después de presentarse voluntariamente el 11 de septiembre, se les dictó las medidas sustitutivas a la prisión de no salir del pais son el permiso del juzgado e ir a firmar cada 15 días a esa dependencia, determinadas por el juez Ricardo Ordóñez, y quien dijo que hasta la próxima semana dará a conocer la resolución del caso.
Este año han sido capturadas 87 personas por defender la educación pública entre ellos, los defensores de derechos humanos, Carlos del Cid, Tomy Morales y Ariel Díaz que daban acompañamiento a ocho estudiantes dentro de un microbús propiedad del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), en la UNAH, después que la policía entrara en horas del mediodía del 08 de septiembre, previo habían privado de su libertad 16 jóvenes, finalmente ambos grupos, 27 en total, fueron trasladados hasta las instalaciones de la jefatura policial metropolitana número uno (CORE-7) en el barrio Los Dolores de Tegucigalpa.
Dato:
La protesta social ha sido criminalizada por las autoridades de la máxima casa de estudios a nivel nacional. Para el caso, el año pasado seis estudiantes de Comayagua fueron requeridos con orden de captura y se les dictó tres medidas sustitutivas a la prisión decretadas por la jueza Dilcia Velásquez, contra Carlos Barahona, Cristian Bonilla, Erick Silvestre, Darlin Romero, Rudbel Barahona y Oscar Gonzales (los dos últimos forman parte del actual grupo que espera la resolución del juez).