Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras. – “No es que queremos aumentar el número de presos políticos, pero -Eduardo- Urbina en este momento ya es un preso político por la condición en la que se encuentra y la petición de extradición de parte del gobierno hondureño”, así lo afirmó Bertha Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Oliva se refirió en torno a la persecución política impulsada desde el régimen que preside Juan Orlando Hernández y la orden de extradición emitida por el Ministerio Público que dirige el Fiscal General Óscar Chinchilla, contra el líder estudiantil Eduardo Enrique Urbina Ayala, acusado de incendiar un camión militar en el marco de una protesta contra el fraude electoral el 15 de diciembre del 2017, y que desde el 11 de diciembre estaba en Costa Rica, con la asistencia del COFADEH.
El régimen ha llevado a Urbina, por sus acciones de persecución política a ser un caso emblemático de persecución mundial, declaró la defensora hondureña, – porque de eso nos vamos a encargar nosotras y toda la gente que tenga el nivel de conciencia de la persecución oprobiosa que vive el pueblo hondureño y específicamente las juventudes.
El líder estudiantil Eduardo Urbina, de 22 años, es un preso en el extranjero, además de los 21 privados de libertad por ponerse al fraude electoral que hay en diferentes centros penales de máxima seguridad en Honduras, entre ellos Edwin Espinal en la cárcel de “La Tolva”, Morocelí; y Lourdes Gómez en Tela, Atlántida.
Pese a las pruebas que el COFADEH ha entregado al MP para demostrar que Urbina Ayala salió del país el 10 de diciembre -cinco días antes de la quema del camión militar por el que se le culpa- el Fiscal General firmó la solicitud de extradición al gobierno costarricense, que preside Luis Guillermo Solís.
<<No hay forma de hacer entender “a las autoridades” que se han impuesto en el país para seguir manejando la justicia tipo carnicería en contra de la disidencia política y social en general, que ya perdieron hasta la razón de ser, no se necesita ser inteligente sino ser sinvergüenza de parte de los que se dicen aplicadores de justicia. No les importa que sus niveles de impunidad trascienden fronteras, sólo ellos pueden creer que el mundo lo considera dentro del Estado de Derecho>>. Bertha Oliva
Agregó que, por muchas reformas y leyes que se aprueben en el Congreso Nacional para justificar la persecución penal y criminal contra la disidencia social y política de honduras, no piensan, no razonan, y el caso de Eduardo es uno de ellos.
“Hemos tratado de que rectifiquen su perversidad que deje de ser obediente el Ministerio Público con las órdenes que se emanada desde el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas o digamos desde inteligencia militar, casa presidencial o desde la Embajada, no sé al final”.
La coordinadora del COFADEH, organización que representa legalmente a Urbina, declaró que están frente a casos patéticos y este es uno de ellos; Además que, las acciones realizadas no han tenido el efecto necesario por la dictadura que existe, y que el nivel de control sobre el sistema es un caso no de independencia, sino de obediencia y sometimiento del sistema de operadores de justicia lo que mandan y a lo que ordenan, y no a lo que se puede hacer.
El caso de persecución contra Eduardo Urbina ya se está conociendo en organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel internacional, el COFADEH ha mandado cartas sustentadas en la información en base a hechos y pruebas para que no se exhiba más el Sistema de justicia hondureño.
De seguir así, los máximos perdedores van a ser ellos porque más temprano que tarde cualquier Estado que dentro de su país tenga los mínimos principios de respeto a los derechos humanos no les va a prestar atención, y va a resolver cómo es el caso de Costa Rica “sí creo que va a resolver a favor la petición de asilo que ha interpuesto Eduardo, porque no hay razón para dar trámite a la petición de extradición del Estado de Honduras a través del Ministerio Público”, afirmó Oliva.
Contradicción
El 22 de marzo el COFADEH envió una nueva petición de desestimación de la acción penal al Ministerio Público, entidad que tiene el poder y control de retirar la acusación contra Eduardo Urbina, recibiendo la orden de las Fuerzas Armadas, del Estado Mayor o no sé de quién -declaró Bertha Oliva-, sin investigar hacen un requerimiento fiscal, lo presentan y la jueza sin mayor acción de independencia emite la orden de captura y una orden de alerta migratoria.
ImpunidadSe ve una actuación coordinada con un objetivo claro “a quién van a criminalizar” y sustentan el caso disfrazado de legalidad, que no les importa se descubra la mentira, eso se llama impunidad, afirmó Oliva.
Las procuradoras de derechos humanos del COFADEH fueron al MP para ver como avanzaba la solicitud, y la encontraron en la recepción <<pero es que la vieron y la devolvieron para hacer ver que debe esperar su turno y no importa que esté un inocente preso, cuándo es preferible tener a gente que ha cometido delito fuera de castigo que, a un inocente preso, lo que hicieron es que, el 26 de marzo formalizaron la orden de extradición>>.
Comunicación
Bertha Oliva afirmó que el COFADEH como representante legal de las acusaciones que se le imputan en Honduras, tiene comunicación con el líder universitario y miembro del partido Libertad y Refundación (LIBRE), Eduardo Urbina, aunque no como se debiera si estuviera en libertad.
Así mismo, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y la Asociación costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), lo acompañan en las diferentes acciones sociales y humanitarias.
También se cuenta con la opinión de Edgardo Herrera, nombrado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para que estudie el caso de solicitud de trámite de asilo. Mientras que el defensor público Abrahán Sequeira está a cargo del caso por la petición de repatriación que emitió el gobierno hondureño.
La coordinadora del COFADEH, Bertha Oliva, prepara una visita a Costa Rica, para hacer acciones de incidencia, verificar personalmente el estado físico y emocional del universitario, y continuar con otras faenas para una resolución favorable.
La próxima semana se podría resolver la solicitud de refugio, si fuera contrario a la petición de Eduardo, tenemos derecho de peticionar acción de rectificación, y por eso hacemos de conocimiento a organizaciones como Amnistía Internacional sobre el caso, informamos al relator Joel Hernández de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para los derechos de las personas privadas de libertad.
No es que queremos aumentar el número de presos políticos, pero Urbina en este momento ya es un preso político por la condición en la que se encuentra y la petición de extradición de parte del gobierno hondureño, ante lo cual se debe ubicar a la persona donde esté, y eso no fue difícil, porque estaba bajo la protección y control de la ACNUR, y aplicaron la ley trasladándolo a un centro penal, explicó la defensora.
Urbina Ayala tiene su política clara, es un anti-dictadura, explicó Oliva. Por lo que el Régimen antes de las 48 horas ya había ordenado su captura sin la investigación respectiva y teniendo fotos del sospechoso no han dado con su paradero, por lo que la defensora se pregunta ¿Dónde está la investigación eficaz del Ministerio Público?, cuando Urbina ya estaba en Costa Rica y no puede estar allá y también aquí -Honduras-.
En el contexto del fraude electoral del pasado 26 de noviembre, los presos políticos suman a 22, con la orden de extradición emitida por el Fiscal General del Ministerio Público Óscar Chinchilla, quien pretende seguir en ese cargo, ejecutando órdenes de la estrategia del régimen de Juan Orlando Hernández.
Papel invertido
La persecución de parte del régimen hondureño contra el líder estudiantil Eduardo Enrique Urbina Ayala, de 22 años, lo ha llevado a ser preso político en el extranjero. Pues ha pasado a una celda mientras se resuelve la petición de refugio al gobierno de Costa Rica, donde permanece desde el 11 de diciembre del 2017.
Pese a las pruebas que el COFADEH ha entregado al Ministerio Público (MP) para demostrar que Urbina Ayala salió del país el 10 de diciembre, cinco días antes de la quema del camión militar por el que se le culpa, el mismo Fiscal General Óscar Chinchilla, firmó la solicitud de extradición al gobierno Costarricense, que preside el señor Luis Guillermo Solís.
El COFADEH ha facilitado como pruebas al Ministerio Público el boleto de viaje utilizado, el pasaporte con los sellos de salidas y entradas entre Honduras, Nicaragua y su destino final Costa Rica, fotografías de Eduardo Urbina, además certificaciones de las direcciones de migración de Honduras y Costa Ricas, por lo que el mismo gobierno tiene las pruebas de que Eduardo no estaba en Honduras el 15 de diciembre, cuando se dio el incendio del vehículo militar, en el marco de una protesta social contra el fraude electoral que mantiene ilegalmente en el poder a Juan Orlando Hernández.
El Ministerio Público es un ente estatal creado en marzo de 1994 durante el gobierno de Carlos Roberto Reina, para proteger a la ciudadanía, sin embargo, actúa contra la población que defiende derechos humanos, siendo acusador y siguiendo la estrategia del régimen contra la oposición política.
En el caso de Urbina Ayala, estudiante del tercer año de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el Ministerio Público en lugar de resolver la demanda interpuesta por el COFADEH para desestimar el proceso judicial por ser falso y porque tiene todas las pruebas que lo muestran, solicitó su extradición el pasado viernes 23 de marzo.
La persecución contra integrante del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), ha sido sistemática, llevándolo a la criminalización en reiteradas ocasiones y la persecución policial, al grado que el COFADEH debió sacarlo de Honduras, el domingo 10 de diciembre, temiendo hechos peores que atentaran contra su integridad.
El Ministerio Público actuó en contra de 86 estudiantes y defensores de la UNAH el año pasado, por estar en protestas sociales en defensa de la educación superior. En conjunto a la Procuraduría General de la República (PGR) y la UNAH, el Ministerio Público mantiene un proceso judicial en el que, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), condenó a los defensores de la educación pública Moisés Cáceres (Sociología), Sergio Ulloa (Trabajo Social), y Cesario Padilla (Periodismo), por el delito de usurpación en perjuicio de la máxima casa de estudios.
El en año 2016 las autoridades antes mencionadas, criminalizaron a 75 universitarios, en el 2015 inició el proceso contra los ahora condenados y tres jóvenes más; y los primeros procesos se dieron en el año 2014 con la expulsión de 14 estudiantes que promovían protestas sociales.
Urbina se ha visto atacado desde su liderazgo en la UNAH, actualmente está prisionero en Costa Rica, a la espera de una petición de asilo.
