Por: Sandra Rodríguez
Tras una larga jornada de audiencia inicial contra 10 ambientalistas de la comunidad de Pajuiles, en Tela, Atlántida, costa norte de Honduras, esta se suspendio, porque resultó que una de las juezas que debia conocer el caso, es hermana de Mario Fuentes, alcalde teleño y denunciado por dicho proceso.
Asi lo denunció el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, orgnaización a la que pertenece el núcleo de defensores y defensoras de los bienes comunes, que se oponen a la contrucción de una represa hidroeléctrica sobre el río Mezapa y que afecta la montaña Gracias a Dios.
«Suspendida la audiencia inicial en contra de 9 compañeros y 1 compañera la cual dio inicio desde horas de la mañana en el edificio de la Contaduría en Tela, y se extendió hasta momentos recientes. Luego del tercer receso en el cual la jueza Norma Fuentes debía pronunciarse sobre la prueba propuesta, ésta presentó su excusa para conocer de la causa ya que manifestó ser hermana del alcalde de Tela, Mario Fuentes e indicó no tener conocimiento hasta ese momento de las denuncias en contra de su hermano, en contra de la Corporación Municipal y de la impugnación de acta de cabildo abierto presentada por las comunidades organizadas en el núcleo del Movimiento Amplio el 9 de diciembre de 2016″, expresó el MADJ.
El caso de Pajuiles y los conflictos provocados por la empresa Hidroelectricas de El Progreso (HIDROCEP) son de público conocimiento, sobre todo de los y las habitantes de Tela, y es de fácil interpretación el involucramento que la Corporación Municipal puede tener en el conflicto, debido a que es la instancia encargada de aprobar el otorgamiento de permisos de construcción a las empresas, sin embargo, la jueza indicó no tener ninguna noción de la situación, afirmó la publicación de la organizacion que dirige Martín Fernández, quien fue agredido fisicamente el viernes 04 de agosto por un grupo de choque.
Finalmente, los compañeros y compañera, comparecieron a firmar al Juzgado cumpliendo con las medidas cautelares impuestas.
Para el próximo lunes se tiene prevista la audiencia incial contra cinco personas más, en cuenta Albertina Lopez, en estado de embarazo. La criminalización en la comunidad de Pajuiles, se ha extendido a personas de la tercera edad y menores. También el pueblo de Jilamito permanece en resistencia ante la explotación de los bienen comunes, desde hace unos 150 días.
Ayer se interpuso una denuncia contra las autoridades de justicia, responsables de los ataques, allanamientos y desalojos contra los y las defensoras en Tela.
«No tenemos otra institucionalidad, no confiamos en ella, pero hay que venir a reclamarles, es la denuncia número 11 en relación con el conflicto en Pajuiles, tenemos el silencio cómplice o la coparticipación de los funcionarios del Ministerio Público, junto al empresario. Nunca prosperan las acciones contra esta empresa, ni en contra de quienes abusan contra la comunidad en Pajuiles, pero la gente de la comunidad si tiene 10 causas penales en su contra y el próximo lunes vamos a defender otras cinco, expresó Víctor Fernández, miembro del MADJ, y de la Coalición contra la Impundad.
