Amapala, Valle.
Por Sandra Rodríguez
La exigencia de justicia para los y las criminalizadas por la defensa de la tierra en Zacate Grande, es permanente.
Al menos un centenar de pobladores de la península de Zacate Grande, miembros de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, ADEPZA, Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur del país, REDEHSUR, y procuradoras de ddhh del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, acompañan a un grupo de 30 defensores y una defensora por el derecho a la tierra, criminalizados desde el año 2008 por el delito de usurpación en perjuicio de la empresas cultivos Nova Honduras S.A. de C.V. de la familia Facussé.
La abogada Denia Castillo espera la audiencia para solicitar la prescripción de la acción penal, ya que la pena que es de cuatro años, y para esta prescripción se suma la mitad, en total seis, venció en 2014.
«Dicho expediente permaneció más de seis años, sin que se realizara acciones en el mismo, ni se enviara al Tribunal de Sentencia, por lo que es precedentes decretar la prescripción de la acción penal por el trascurso de un período igual al máximo de duración de la sanción señalada para el delito, aumentado a la mitad, si fuere la de reclusión, por lo que con fundamento en el artículo 97 en relación al artículo 98 y 99 del Código Penal, se presenta esta acción para que los encausados ya no tengan que seguir yendo a firmar al juzgado, garantizando la convivencia armónica y la paz social que permita el desarrollo de la comunidades de Zacate Grande» manifiesta el documento que se presentará este día en el juzgado de Amapala, Valle.
A las 9:45 a.m. los criminalizados y demás pobladores, abordaron dos lanchas desde la comunidad de Coyolito hasta la Isla de Tigre, donde se convocó la audiencia, y a dónde llevan más de ocho años firmando el libro de registro como parte de las medidas sustitutivas a la prisión, lo que les genera un costo económico que muchas veces no pueden suplir.
El grupo fue procesador en el año 2008, por lo que no ha sido fácil subsistir estos años, siendo presos en su propia tierra, además han sido víctimas de persecución, chantajes, intimidaciones, atentados, estigmatización y mucho más, por una lucha justa, por la defensa de la tierra y playas dónde habitan, declaró Ethel Corea, la única mujer criminalizada, integrante de ADEPZA y REDEHSUR.
Los y la defensoras, fueron señalados como usurpadores, en el territorio dónde han vivido por generaciones, y por lo tanto han dispuesto su lucha para defenderla. Cuando Miguel Facussé (fallecido en 2015), llegó a la península de Zacate Grande, en 1963, las familias de agricultores y pescadores ya estaban establecidas, las comunidades del municipio de Amapala, Valle, ya estaban fundadas, afirmó el miembro de la REDEHSUR, Bigdonio Cruz, mientras cruzaba el mar.
En Honduras más de 500 personas campesinas e indígenas han sido procesadas por la defensa de la tierra y bienes comunes. 2200 son mujeres, y al menos 15 han estado en prisión, entre ellos Abel Pérez y Santos Hernández, la comunidad Playa Blanca, Amapala, quienes junto a Tomás García continuarán el proceso legal acusados por usurpación, en el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Choluteca, al sur del país, en enero próximo.
