Tegucigalpa.- La voracidad con que actúan terratenientes en Honduras está trayendo conflictividad en muchas zonas del país. El acaparamiento de tierras, la explotación irracional de los recursos naturales, las conexiones políticas, la protección policial y los tribunales de justicia del lado de los explotadores, sigue propiciando la criminalización de pueblos indígenas en Honduras.
Una nueva criminalización se ha producido en el productivo departamento de Olancho. Esta vez en el municipio de Gualaco. La empresa M.T.S de R.L. de C.V. dedicada a la extracción de resina, acusó ante los juzgados de Catacamas a los campesinos, descendientes del pueblo náhuatl, Lauriano Escobar Guillén y Elvin Munguía Solís, por el delito de usurpación de tierras.
Tras conocerse detalles de la audiencia desarrollada el martes 6 de julio en los tribunales de Catacamas, departamento de Olancho, trascendió que la Fiscalía amplió los delitos a daños y amenazas en contra del terrateniente y maderero Nery Murillo, propietario de la empresa M.T.S de R.L. de C.V.
Tanto Escobar como Munguía, forman parte del Comité Ambientalista de Gualaco, organización que desde hace décadas viene luchando contra la explotación irracional del bosque y a favor de la conservación de los ríos y la fauna en Olancho.
Estas acusaciones interpuestas por la empresa en mención, ya están generando conflicto en esta zona. Conflicto que puede derivar en situaciones mucho más graves.
En estos casos tanto la Fiscalía General como los tribunales de justicia, desconocen o se niegan a aplicar, derechos que tienen los pueblos originarios. Uno de los cuales es la aplicación de la consulta previa, libre e informada respecto de proyectos que afecten a sus comunidades y que está contenida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas.
El referido Convenio es uno de los instrumentos jurídicos internacionales más actualizados sobre la materia, que ha contribuido a un avance sustancial en el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas: como el reconocimiento de su carácter de pueblos, el respeto a sus formas de vida y de su desarrollo económico, el derecho sobre sus tierras y territorios.
Las comunidades que habitan Gualaco son descendientes del grupo indígena menos conocido en Honduras y que lleva el nombre de Náhuas (ó Náhuatl) , cuyos descendientes han habitado durante generaciones los municipios de Jano, Gualaco, La Guata y Catacamas, en el departamento de Olancho.
Los expertos creen que los Nahuas provinieron del Valle Central de México y se instalaron en los valles de Agalta, Olancho y Quimistán, en Honduras, donde estaban bien establecidos hasta el momento de la conquista.
El artículo 14 del Convenio 169 de la OIT, del cual Honduras es signatario, establece que: “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.
Pero volviendo al tema de la criminalización en Gualaco, Olancho. Trascendió que en las audiencias desarrolladas los días 6 y 7 de julio en los Juzgados de Catacatamas, el tribunal resolvió dictar auto de formal procesamiento con la medida sustitutiva a la prisión en contra de los campesinos Lauriano Escobar Guillén y Elvin Munguía Solís de la comunidad San Antonio de Gualaco.
Tanto Escobar Guillén como Munguía Solís están acusados por los delitos de usurpación, daños y amenazas en perjuicio de la Corporación Murillo Tejada.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) asumió la defensa legal de los acusados y a través de la procuradora de derechos humanos Karol Cárdenas, señaló que en este caso, el Ministerio Público (MP) faltó al principio de objetividad y asumió una actitud inapropiada.
También apuntó que el ente acusador utilizó de manera desproporcionada la normativa penal, de tal manera que se puede confirmar una vez más, la “selectividad de la justicia”.
Denuncias previas divulgadas por los habitantes de las comunidades de San Antonio y Cuaca, en el municipio de Gualaco, que han vivido durante generaciones en esta zona, han señalado que el terrateniente Nery Murillo a través de un título supletorio, está acaparando grandes cantidades de tierra y que además está extrayendo resina de bosque joven y adueñándose de fuentes de agua.
También, videos proporcionados por los afectados, muestran cómo el terrateniente mandó a colocar una cadena por un camino antiguo que sirve como paso de servidumbre y que da acceso a 12 comunidades de Gualaco. Otros videos revelan cómo hombres fuertemente armados, amedrentan a los habitantes y se aseguró que Nery Murillo ha amenazado con destruir casas de los moradores.
Todo esto ocurre sin que la Alcaldía Municipal de Gualaco o la Fiscalía de las Etnias u otra autoridad, hagan algo para detener los abusos.
Tras conocer la decisión del tribunal, Lauriano Escobar Guillén quien es el presidente de la organización campesina de San Antonio, Cuaca, Azacualpa, Los Jutes y Camalote (todas comunidades de Gualaco) dijo a www.defensoresenlinea.com, que quedó asombrado por las acusaciones imputadas en su contra.
“Quedé azorado, asombrado porque yo soy una persona que solamente sirvo para hacer el bien a las demás personas, no daño ni con palabras o acciones; por lo que me causó susto cuando dijo (el maderero) que yo iba a amenazar personas allá arriba; cuando yo nunca había ido arriba”, sostuvo Escobar Guillén.
El dirigente campesino señaló que lo que sí es cierto, es que las comunidades se han quedado sin sembrar granos básicos porque las tierras nuestras, son las que el terrateniente afirma que le pertenecen.
“Quizás somos unas 200 familias que este año no tengamos siembras, ni de maíz ni de frijol, ni nada, porque las tierras están donde él dice que es propiedad suya, cuando son tierras que fueron herencia de mis abuelos, herencia de mi padre”, aseguró el líder comunitario ahora criminalizado.
Escobar Guillén dijo que ahora no pueden sembrar porque hay hombres armados, hay una cadena que impide el paso a los moradores y que incluso a él le avisaron que no podía pasar por dicho lugar.
Consultado si este conflicto puede derivar en otros problemas más graves como la violencia o incluso asesinatos, Escobar Guillén señaló que “nosotros hemos evitado eso, porque el primer punto que vemos es que si surge un conflicto sangriento, entonces perderíamos nuestras tierras, nuestros trabajos, porque somos gentes trabajadoras, dedicadas al trabajo y por eso nosotros soportamos amenazas”.
“Por eso es que nosotros no esperamos que se llegue a un caso de esos, porque nosotros somos personas pacíficas y hemos acudido a las leyes, para que, a través de ellas, nos ayuden a salir de este conflicto, pero yo ayer en la audiencia inicial miré y me asombré del interés del Ministerio Público que unos campesinos humildes que producimos el grano, estuvieran tan exigentes para que nosotros quedáramos criminalizados”, sostuvo.
Al respecto la procuradora de derechos humanos del COFADEH, Karol Cárdenas, indicó que presentará recurso de apelación en contra de la resolución emitida por el tribunal de Catacamas, por considerar que la misma no está apegada a derecho, para que sea la Corte quien conozca el caso y resuelva a favor de los indígenas pertenecientes a la etnia Náhua.
Los habitantes de las 12 comunidades afectadas por dicha empresa, se dedican a la agricultura, a la siembra de maíz y frijoles, al cultivo de café y en los últimos años, otras familias, viven de la crianza de ganado.
Un vecino que pidió permanecer en el anonimato, dijo que Nery Murillo, oriundo de San Francisco de La Paz (Olancho), desde los años 90´s, ha extendido sus tentáculos y que ahora controla grandes extensiones de tierra, con haciendas en San Esteban, Olancho, también en el departamento de Colón y hasta en la zona de la Mosquitia.
Se afirmó que la empresa Forestal M.T. S de R L de C.V y Resinas Naturales y Exportaciones (RESINEX), no sólo estaría arrasando con los bosques de Gualaco y afectando las fuentes de agua, sino que su intención es la extracción metálica, avanzando en la posesión de tierras hasta llegar a la Montaña de Botaderos más conocida como Parque Nacional Carlos Escaleras.
De cumplirse los objetivos del maderero y actuando bajo el amparo del actual régimen y de políticos influyentes de la zona, Murillo estaría dañando severamente la reserva natural, declarada como zona protegida como es el Parque Nacional Carlos Escaleras.
Cabe señalar que Carlos Escaleras fue asesinado el 18 de octubre de 1997 como represalia a su labor de defensa de los derechos humanos y el medio ambiente en Honduras.
En cercanías del Parque Nacional Carlos Escaleras, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, otra empresa dedicada al extractivismo, promovió la criminalización en contra de 8 ambientalistas, defensores de los ríos San Pedro y Guapinol; que permanecen privados de su libertad.
El COFADEH junto a la Convergencia contra el Continuismo (CCC) señaló que en este caso, lo que se está alegando es que ha habido una violación a los derechos humanos en contra de los defensores de la Montaña Botaderos y de los ríos San Pedro y Guapinol frente a la destrucción que está produciendo el extractivismo provocado por la empresa minera Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez, ligado a la familia Facussé, que explota amplias plantaciones de palma africana en la zona norte de Honduras y gran parte de territorios en la Península de Zacate Grande frente al Gofo de Fonseca.
Tras la revisión del caso de los 8 defensores de los ríos Guapinol y San Pedro afectados por la minería, y que guardan prisión preventiva, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, concluyó que la detención de éstos es arbitraria, al no cumplir, por parte de las autoridades nacionales, normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, así como por contravenir la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Para evitar más conflictos en esta región es urgente la intervención de la Alcaldía de Gualaco, del Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Fiscalía de las Etnias, la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, el Instituto Nacional Agrario (INA) e Instituto de la Propiedad.
