Por Riccy Ponce
Tegucigalpa.- Las pasadas elecciones del 26 de noviembre de 2017 dejaron luto, dolor, familias enteras desintegradas, personas con discapacidades físicas y problemas psicológicos, criminalizados, y además exiliados políticos, todo por estar en contra del fraude electoral que se gestó desde el Tribunal Supremo Electoral y desde el Poder Ejecutivo para dejar al dictador Juan Orlando Hernández como presidente.
La población siempre se opuso a la reelección y el actual mandatorio, aprovechando que unos 17 diputados de su partido introdujeran un escrito a la Corte Suprema de Justicia para una interpretación, violentando la Constitución de la República donde claramente se prohíbe la reelección en Honduras, participó en las elecciones generales de 2017, logrando el gane con el fraude más grande que ha habido en el país.
Juan Orlando Hernández ya tenía todo bajo su control las elecciones y utilizó al pueblo para que asistiera a las urnas, aún sabiendo que votara por quien votara, el ganado de las elecciones ya estaba decidido por la Embajada de los Estados Unidos, él (JOH) y el Tribunal Supremo Electoral.
El fraude electoral fue tan notorio que ante las declaraciones de uno de los magistrados del TSE, donde declaraba ganador absoluto al candidato de la Alianza liderada por Salvador Nasrralla y que los resultados eran irreversibles, esa misma noche se fue el sistema por varias horas y al retornar el que llevaba la delantera era Juan Orlando Hernández. Veintiún días después es anunciado como el ganador de las elecciones generales.
Desde el 26 de noviembre de 2017, luego del cierre de las urnas, hasta la toma ilegal de Juan Orlando Hernández el 27 de enero de 2018, se cometieron una serie de graves violaciones a los derechos humanos, tratos crueles inhumanos y degradantes, crímenes de lesa humanidad, criminalizados y personas privadas de libertad por razones políticas, perseguidos políticos y exiliados políticos, es decir personas que tuvieron que abandonar el país, su casa y su familia para poder poner a salvo su vida.
El pasado 27 de enero pasado se cumplieron dos años de la toma ilegal de JOH, por lo que los cientos de víctimas aún no han obtenido justicia, hijos que perdieron a sus padres, madres que perdieron a sus hijos o esposos, tampoco se ha hecho justicia en el caso de la desintegración familiar que causaron con la criminalización y persecución política a las familias de los presos y exiliados políticos.
Esto se puede comprobar con Sandy Mancia, esposa de David Octavio Quiroz, que fue asesinado por Policía Militar del Orden Publico (PMOP) el 15 de diciembre 2017 durante una protesta y a más de dos años, no se ha logrado hacer justicia, ya que este es uno de los pocos casos que se detuvo a una persona identificada como el policía militar que disparo esa mañana, pero no hay alguien juzgado por dar la orden al sargento segundo de disparar a la población durante las protestas en contra del fraude electoral.
“Ya pasaron dos años donde aquella mañana de un 15 de diciembre del año 2017, por encontrarnos reclamando nuestros derechos a lo que no estábamos de acuerdo, sobre ese fraude electoral descarado que hubo, los sicarios de JOH le quitaron la vida a mi esposo David Octavio Quiroz Urrutia, en Dos Caminos, Villanueva, Cortés”.
“Hasta la fecha lo que he recibido son amenazas, atropellos, persecución y capturas, debido a todas esas situaciones que me enfrenté después de la muerte de mi esposo, me tocó salir huyendo de mi país buscando salvaguardar la vida de mi familia, y aun así en el lugar donde estamos no ha sido fácil enfrentar nuestra vida juntamente con mis hijos, no es fácil ni para ellos ni para mi”, sostuvo la viuda de Quiroz Urrutia.
Añadió que la situación que pasamos cuando los sicarios de JOH le quitaron la vida a mi esposo, nos desunieron como familia, tanto como con mis hijos mayores como con los menores, y me ha tocado enfrentar la vida muy dura para mí y para mis niños, y hasta la fecha estoy exigiendo justicia”
“A pesar de todo lo que he enfrentado en mi vida y sigo enfrentando, no he callado y desde aquí donde me encuentro sigo exigiendo justicia, lo que quiero es que me esclarezcan esta muerte y que no quede impune, porque no es un perro al que mataron, es un ser humano”, agregó.
Este es solamente uno de los 37 asesinatos que registra el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) durante la crisis post electoral de 2017.
En ese contexto también la Policía Militar y Nacional, para disolver las jornadas de protesta disparaban sin importarles que esto provocara la muerte de las personas o causará heridas con consecuencias de por vida, tal es el caso de Daniel Isaac Varela.
Varela es un niño que estuvo entre la vida y la muerte a causa de una herida de bala, arma que le dispararon elementos de la Policía Militar del Orden Público durante una protesta en la colonia El Pedregal de Comayagüela, y a dos años de los hechos, su familia sigue exigiendo justicia por los daños ocasionados.
Guadalupe Varela, su madre, dijo a defensoresenlienea.com que gracias a Dios está vivo, pero él no está bien, ahorita ha estado con unos dolores y además no quedó bien, ni psicológico, ni física y ni moralmente.
“Para mí no ha sido fácil, la verdad estamos viendo que esto ha sido un proceso que no sé cuándo va a terminar, esto va para largo y vamos a ver que se puede hacer”.
En este caso no hay nada, no hay nadie, y no se ha hecho nada por eso, el Ministerio Público no han hecho nada, no han vuelto a llamar, ni a pedir alguna reunión ni a pedir una denuncia.
La madre del niño informó que el pasado año fuimos con las abogadas del COFADEH para que pusiera la denuncia y resulta que llegaron a mi casa a traer unas fotos y un CD, hasta les grabé los dos videos donde está el niño herido, y pues el expediente no se sabe dónde está.
Asimismo dijo que “fue un Policía Militar y que no se ha hecho nada. Daniel Isaac estuvo 15 días en el Hospital Materno Infantil, me lo sacaron y le dieron cita para ver cómo estaba en el pulmón una radiografía y no han vuelto a llamar del hospital”.
“Yo espero que se haga justicia porque no es posible que un niño menor de edad vaya a quedar así, porque prácticamente él está afectado porque tiene esas esquirlas de la bala, las tiene en la mera columna vertebral y no me lo pueden operar porque me lo dejan inválido”, finalizó diciendo doña Guadalupe Varela.
Otro de los tantos casos graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que dejó el fraude electoral de 2017, fue la de la detención y posterior desaparición de Manuel de Jesús Bautista Salvador, durante la implementación del toque de queda, como un acto para disolver las protestas.
Los testigos del hecho relataron donde y como fue detenido Manuel de Jesús junto con ellos, pero que lo golpearon y al despertar, Manuel se lanzó de la patrulla, pero que elementos militares le dispararon y desde esa noche no se sabe nada del joven.
Su familia lo sigue buscando, exigiendo justicia y que se pueda dar con el paradero de Manuel, quieren saber qué pasó con él y preguntándose durante estos dos años que lleva desaparecido ¿Dónde está? ¿Qué hicieron con él?
En estos dos años que han pasado ha sido de tristeza en nuestra familia, ha sido muy doloroso y más que todo, nos sentimos impotentes al ver como la justicia aquí se hace de la vista gorda, declaró a defensoresenlinea.com Rafael Bautista Salvador.
“Mi hermano acaba de ajustar dos años de desaparecido y la justicia no hace nada, sabemos que la justicia aquí solo se practica para los de pies descalzos, mientras los de cuello blanco, de corbata, estos gozan de una impunidad al máximo, de manera que a ellos no les descubran nada de todos los asesinatos y desapariciones que ha habido en todo el país desde que iniciaron las protestas en el 2017”, sostuvo.
También añadió que la desaparición de su hermano no ha sido fácil, que se han abocado a las autoridades durante estos años, pero no les hacen caso
“Esto ha sido tremendo, nosotros hemos dado vueltas y vueltas pidiendo apoyo a las autoridades, pero de esto hacen caso omiso, o sea no te paran bola, claro como uno es pobre no hay manera que le puedan hacer caso a uno, en ese tipo de juicios, sin duda alguna, mientras exista este régimen que tenemos, no veremos la luz clara en la justicia”.
Señaló que “aquí vinieron los derechos humanos internacionales y no pudieron hacer nada tampoco, pero hay que redoblar esfuerzos a ver que se logra y la verdad que estamos en una zozobra, ya dos años sin saber nada de él, así que les rogamos a las autoridades que se pongan la mano en la conciencia”.
Cabe señalar que el caso de Manuel de Jesús lo está conociendo el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, mismo que ha dado plazo al Estado de Honduras hasta el 22 de febrero de 2020 para que envié información sobre las recomendaciones hechas en el 2018, ya que hasta la fecha se ha limitado a enviar la misma información y no la requerida por el Comité en sus recomendaciones.
Otra de las causas de destrucción del núcleo familiar, criminalización y persecución que dejó la crisis post electoral fue la detención de personas que se manifestaban en contra del fraude electoral, quienes fueron enviados a cárceles de máxima tortura, en su condición de presos políticos, sin contar las más de mil personas que fueron detenidas durante el toque de queda.
En Pimienta, Cortés, hubo nueve detenidos que fueron enviados a la cárcel conocida como El Pozo, ubicada en Ilama, Santa Bárbara, los de El Progreso, Yoro, permanecieron presos en el Centro Penal de esa ciudad, y Edwin Espinal y Raúl Álvarez en Tegucigalpa, estos dos últimos permanecieron 19 meses en la cárcel de máxima tortura en Moroceli, El Paraíso, conocida como La Tolva.
“Me siento decepcionado, triste, porque a pesar del esfuerzo de este pueblo por querer sacar adelante el país, la dictadura creo que se ha afianzado, no ha cambiado mucho, sigue la represión en todos los ámbitos, no ha cambiado nada”, expresó Raúl Álvarez, preso político que después de 19 meses recluido en una cárcel de máxima seguridad se está defendiendo en libertad y va a juicio oral y público el 14 y 15 de mayo próximo.
Así mismo dijo estar alegre por una parte, pero la alegría no es total, porque sabemos que estamos con medidas sustitutivas a la prisión porque tenemos nuestro juicio hasta en mayo, y no sabemos que pueda ocurrir, si van a seguir la violación al debido proceso, si nos van a sentenciar o nos van a dejar en libertad.
“Aparte de estar casi dos años preso al ser criminalizado y el tiempo que perdí estando preso, se desintegró mi núcleo familiar, ahora que estoy en libertad una parte de la prensa y los medios de comunicación nos siguen criminalizado”.
Es bien difícil, pero esperamos que la lucha que hemos hecho muchas personas que estuvimos presos, algún día se dé la recompensa y podamos salir de esa dictadura que tenemos y que pueda cambiar un poco el país, sé que es muy difícil y que los políticos a veces hacen negociaciones y creo que tendrían que ver y tratar de ayudar al país, más que todo a la gente pobre, porque la desigualdad social que hay en este país es exagerada y eso es lo que lleva a nuestra gente a migrar y buscar otros nuevos horizontes», finalizo Álvarez.
En el caso de Edwin Espinal y Raúl Álvarez su juicio se realizará en mayo del 2020 y ellos esperan quedar libre de culpa, ese proceso que les ha dejado tanto dolor a ellos que padecieron torturas y malos tratos estando encerrados, así como a sus familias por la angustia de no poderlos ver.
Por su parte Berta Oliva, coordinadora general del COFADEH, organización defensora de derechos humanos que tiene la representación legal de algunos de los caso y que ha realizado la denuncia a través de informes nacional e internacionalmente, sobre lo que estaba pasado con la población hondureña que estaba en contra del fraude electoral y la reelección ilegal expresó que “hay que tomar en cuenta que lo que se vivió después del fraude electoral, y después de la reelección ilegal, fueron actos de acción pública en las calles, por lo que las fuerzas militares y las fuerzas del orden público pudieron ser escuadrones de la muerte, que actuaron en contra de las personas que se manifestaron a nivel nacional condenando el asalto a la democracia”.
La coordinadora del COFADEH hizo referencia a un caso de una persona que fue asesinada el 24 de diciembre mientras escuchaba música alusiva al partido Libertad y Refundación (LIBRE) y que, además, después llegaron a pisotear la bandera del partido que él tenía en su casa, en señal de odio.
“Yo recuerdo un caso que sucedió en Agua Blanca el 24 de diciembre, es terrible como fueron a asesinar a este joven Walter Lemus y ha habido casi una negación y un olvido, y se ve que fueron gente especializada porque él tenía su posición política y de condena a lo que se estaba viviendo. Él no tenía enemigos, era la actuación de las autoridades que había perpetrado un golpe a la democracia, un certero a la democracia y que con eso también se había consolidado la corrupción en el país”.
“Porque el fraude tiene que ver mucho con la corrupción, por eso a mí me choca cuando se habla de que hay una unidad que se ha creado para combatir la corrupción, ahora que le han dado corte de chaleco a la MACCIH; entonces cuando miro que son los mismos a donde vamos a caminar y lógicamente el tema de justicia con los asesinados, con los torturados, con los exiliados, con los enjuiciados, no vamos a tener justicia, ahorita no la vamos a tener. Si bien es cierto hay pocos o no hay presos políticos, pero si hay perseguidos políticos, claro y también esta Rommel, está también unos recientes en el sur, están los de Guapinol, son presos políticos”, añadió.
Así mismo dijo que “nosotros estamos en una situación muy difícil y muy delicada, cualquier acción que ágamos y cualquier acción que emprendamos para buscar justicia por las víctimas del golpe electoral y de la reelección ilegal, por las víctimas de la reclamación y demanda de salud y la educación, el tiempo se va a encargar no de justicia si no de que olvidemos, pero se encuentra con personas como el COFADEH, nosotras no olvidamos y además ejercemos nuestro derecho”
Continuó diciendo que nosotras caminamos con nuestro compromiso, porque estamos obligados por la memoria de los que ya no están, por la memoria de los que entregaron sus vidas, por hacer coherentes en la historia.
En el contexto post electoral el COFADEH registró solo en el periodo comprendido del 29 de noviembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, 126 manifestaciones reprimidas, 232 personas lesionadas y heridas, 72 personas víctimas de tratos crueles inhumanos y degradantes, 1085 personas detenidas, 30 personas ejecutadas, 34 personas desplazadas por violencia y persecución política, 1 persona desaparecida, 179 expedientes penales abiertos vinculados a la crisis política, 15 comunidades, barrios, colonias y residenciales invadidos por la Policía Militar, donde se realizaron 47 allanamientos domiciliarios en forma discriminada y 12 ataques a medios de comunicación y periodistas.
Sin contar los ataques que se registraron después del 31 de diciembre, siempre en el contexto post electoral, el llamado paro nacional que se realizó del 20 al 27 de enero de 2019, convocado por la Alianza de Oposición, donde la primera víctima de la represión murió a manos de militares el 20 de diciembre en Sabá, Colon, durante una protesta, sin mencionar un sinnúmero de casos más ocurridos en ese contexto.
Mientras tanto la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en Honduras en ese contexto documento al menos 23 personas asesinadas, alrededor de 60 personas heridas, registra un total de 1351 personas detenidas por violar el toque de queda.
La OACNUH también documentó en su informe casos de personas que recibieron malos tratos durante su arresto o durante su detención, así como una desaparición forzada, así mismo muestra preocupación ante el juicio de los presos políticos Edwin Espinal y Raúl Álvarez.
