Tegucigalpa.- Desde que comenzó la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 en el país y que el régimen decretara la suspensión de garantías constitucionales a nivel nacional, esto provocó que aumentara la brutalidad policial, cometiendo así graves violaciones a los derechos humanos.
Las personas que salieron en busca de alimentos o medicamentos para su familia, se encontraron con la brutalidad policial, que no preguntaba que emergencia los hizo salir de sus casas, si no que cometían todo tipo de torturas en contra de la humanidad de las personas.
Los cuerpos represores del estado incluso no respetaron a las persona que podían circular mediante el último digito de la tarjeta de identidad, tal es el caso de los hermanos Amaya.
Nueve agentes de la Policía Nacional atacaron y encarcelaron a Heidy y Roberto Amaya, el 20 de mayo en el municipio de Campamento, Olancho, exponiendo su integridad personal y sicológica tras la golpiza y palabras obscenas, especialmente contra ella.
Y es que aprovechado que era su día de circulación, según el calendario difundido por Jair Meza, vocero de la Policía Nacional de Honduras (PNH), el domingo 17 de mayo, Heydi podía circular el miércoles 20, para hacer gestiones personales en el centro del pueblo, entonces le pidió a su hermano Roberto que la acompañara.
Al llegar a primer retén, muy cerca de su casa, ella le explicó a la policía municipal y militares, que era su día de circulación, pero que le pidió a su hermano que la transportara en su vehículo, aunque a él no le correspondía según su digito. Los dejaron avanzar sin ningún problema.
El retorno fue rápido. Cuando circulaban frente a la posta dos agentes de la Policía Nacional los detuvieron, ella volvió a dar la misma explicación sin ser escuchada. Por los que los agentes procedieron a detenerlos y a agredirlos, dejándoles moretes en sus cuerpos.
En ese mismo departamento, pero en la comunidad de Campanario en el municipio Guarizama, Miguel Padilla fue víctima de torturas por parte de elementos de la Policía Militar del Orden Público a vista y paciencia de la Policía Nacional.
El hechos ocurrieron cuando Miguel Padilla llegó al lugar donde se estaba realizando un culto para recoger a su esposa, encontrándose con la sorpresa que se llevaban a su cuñado detenido, sin ninguna razón, y al consultar el motivo, lo detuvieron también a él, ensañándose al mismo tiempo al darle golpes sin piedad, en una clara violación a los derechos humanos.
El joven padre de tres hijos, ha estado recuperándose de la brutal golpiza que le dieron los cuerpos represores del estado, y ha quedado con problemas graves en la columna, debido a los golpes.
A pesar de las denuncias que se han hecho, no se ha realizado ninguna acción en contra de los miembros policiales que lo atacaron, por lo que Miguel Padilla tiene miedo a represalias en su contra.
Otro de los hechos que más ha consternado en el municipio de San Esteban, Olancho, fue el asesinato del joven Riner Argueta Oliva de 38 años de edad, a manos de elementos del escuadrón Tigres y la Policía Nacional.
Arqueta Oliva salió de su casa hacia su trabajo sin imaginar que no llegaría a su destino, ya que en el desvío que va hacia la comunidad de Corral Viejo, un retén que aún no se colocaba en el lugar, lo impediría al dispararle, quitándole la vida.
Adrián Argueta, hermano de la víctima, dijo que su pariente salió tempranito para ir a trabajar a la propiedad que tiene y que los policiales acostumbran a poner un retén en el desvío que va hacia la comunidad de Corral Viejo, y hay testigos que dicen que ellos le hicieron señal de parada cuando ni siquiera habían colocado los conos.
A eso de las 4:00 de la mañana, después de más de dos horas de haberse cometido el hecho, según versiones que se maneja en torno a este caso que dejó enlutado a una familia y consternado a todo un pueblo, los oficiales se fueron a entregar, pero no lo hicieron todos.
El oficial de apellido Corea que señalan de haber disparado anda libre, y según se conoció quiere declarar como testigo de los oficiales Elmer Alexis Castellanos, Melvin Murillo González, Ruperto Antonio Rodríguez y Alex Manrique Andara Vallecillo, quienes luego de celebrarse la audiencia de declaración de imputados, se les dictó prisión preventiva.
La familia de Riner Argueta Oliva exige justicia por el vil asesinato de su pariente y su deseo es que estos hechos tan lamentables no se sigan cometiendo, ya que la policía en la zona, en vez de dar seguridad, causa temor a la población.
Otra de las violaciones a derechos humanos contra la población se registró en el Valle de Jamastrán, donde elementos policiales golpeaban brutalmente a César Arnulfo Blandón Merlo.
Las torturas se dieron a conocer por videos que circularon en redes sociales y por el monitoreo que realiza la Red de Defensores/as y Comunicadores/as Sociales de El Paraíso, acompañada por el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
El dolor que César expresa en el video, aún se escucha en su tono de voz, la golpiza le dejó fracturas es una costilla, malestar en la cabeza y un brazo descompuesto, según relató su madre, la dirigenta comunitaria, Bienvenida Merlo.
El hecho ocurrió el sábado 9 de mayo, en el Valle de Jamastrán, departamento del El Paraíso.
Así mismo el joven Noé Alexander Velázquez López fue agredido en pleno centro de la ciudad de Danli, El Paraíso, cuando salía a ganarse la vida, vendiendo aparatos para celulares.
Noé es uno de los muchos hondureños que no tiene un trabajo fijo y que vive del negocio informal, y es una muestra clara que el quédate en casa no es lo mismo para todos.
Son muchas las personas que salen día a día, exponiéndose no solo al coronavirus sino también a las fuerzas represoras del estado, que cometen violación tras violaciones a los derechos humanos contra el pueblo, que solo trata de sobrevivir y protegerse del virus y controlar el hambre.
Noé fue detenido y agredido físicamente por elementos de la Policía Nacional, según informó su hermano al COFADEH.
Del oriente nos trasladamos al norte, donde la Policía Nacional también demostró su brutalidad y que obedece a un régimen, asesinando al joven Marvin Alvarado y hiriendo a uno de sus hermanos, el hecho sucedió el 24 de abril cuando dos agentes de la Policía Militar del Orden Público, asesinaron a Marvin Alvarado en la comunidad de El Paraíso, Omoa, Cortés.
Mientras que Ronald Alvarado y Arturo Alvarado, hermanos de la víctima, fueron brutalmente golpeados, uno de ellos también resultó con heridas de bala por lo que fue trasladado al hospital y al ser dado de alta, fue detenido por la policía, junto a su hermano, según circuló en medios locales.
Los hermanos regresaban de trabajar, pues se dedican a vender pan y de regreso se encontraron con el ataque policial y con la muerte de su hermano, tras una clara violación a los derechos Humanos por parte de los cuerpos represores del estado. A pesar de que les asesinaron un hermano e hirieron otro, ellos fueron los criminalizados y no los oficiales que cometieron el hecho.
En Santa Bárbara, otro de los departamentos donde las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes policiales no ha parado, como muestra de ello es que agentes de la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) dieron captura a 10 líderes comunitarios y a tres comunicadores sociales.
Según denunció ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el periodista Edgardo Guzmán, del canal Patepluma TVHD, los responsables de la detención están al mando de un oficial de apellido Álvarez, quienes agredieron a un grupo de ciudadanos que abogaban por el paso de pequeños productores por un retén impuesto por vecinos.
Los ciudadanos capturados son líderes comunitarios y periodistas. La lucha era para que los encargados del retén dieran paso a pequeños agricultores que solo buscan vender su producto, y como era día de movilización para un segmento de la población, la gente quería hacer movimientos bancarios y comprar alimentos y volver a sus casas.
Otro de los casos en ese mismo departamento fue el de Oscar Machado que fue agredido por la policía cuando se encontraba en un retén de bioseguridad en la comunidad de Peña Blanca, El Mochito, Santa Bárbara.
Según informaron al COFADEH, los policías llegaron al retén y uno de ellos se dirigió al joven Oscar Machado, quien al ver que llegó la policía se puso a grabar y a transmitir en vivo en Facebook cuando llegó la patrulla, e inmediatamente lo agarró a patadas en el brazo y en el codo, con la intención de votarle el teléfono, pero como no lo logró le pegó una manotada en la cara para que lo soltara, al ver que no tuvo éxito, lo arrinconó en la patrulla para que así lo soltara.
En otra clara violación a los derechos humanos fue lo que pasó en Choluteca donde la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (REDHESUR), alertó al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que el gerente de Metro Tv, Alejandro Aguilar y Cynthia Mcyerith, reportera de TVS y sus compañeros camarógrafos. fueron agredidos física y verbalmente por los uniformados que lanzaron bombas lacrimógenas y patadas contra los trabajadores de la comunicación.
La indignación popular acrecentó contra la acción policial, porque destruyeron las unidades de transporte, cuyos motoristas tienen más de tres meses sin generar ningún tipo de ingreso, tras la orden de toque de queda por ordenanza municipal el 16 de marzo, y reforzado por el Decreto Ejecutivo PCM 021-2020, para evitar la propagación de COVID-19.
Dos hermanos fueron arrestados y golpeados por policía en la comunidad de Pavana, a 21 kilómetros de la ciudad de Choluteca, al sur del país, el pasado 4 de mayo.
La madre de los jóvenes José Dolores Rodríguez y Jaime Enrique Álvarez, denunció ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que la policía los llevó supuestamente por violentar el toque de queda, según el Decreto Ejecutivo PCM 021-2020.
Cabe señalar que los cuerpos represores del estado han demostrado la brutalidad policial con la que tratan a la población que sale a la calle por necesidad, para buscar alimentos, medicamentos o hasta trabajar para lograr mantener a su familia.
La mayoría de estos casos están en total impunidad porque no se ha castigado a los oficiales responsables, tanto de los asesinatos que han cometido como de las agresiones y la brutalidad con la que han atacado al pueblo.
Estas y otras violaciones a los derechos humanos, el COFADEH las ha denunciado a nivel nacional e internacional, y están reflejadas en el II Informe que publicó titulado “Del Mitch al Golpe y de la Pandemia al Autoritarismo contra los Derechos Humanos”.
