Hace 10 años en el marco del Golpe de Estado, fuimos detenidos en forma arbitraria e ilegal un grupo de 26 personas, solamente por ejercer nuestro derecho a manifestarnos contra el golpe de Estado y cumplir con el Artículo 3 de la Constitución de la República que dice “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios procedimientos que quebranten o desconozcan lo que la Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos.
Hoy se celebró audiencia de extinción de la acción penal, para terminar de entregarnos las cartas de libertad con el sobreseimiento definitivo de los 4 delitos de los que nos acusaron: Sedición, Manifestación ilícita, Daños a la propiedad y Robo.
Hoy, cuando llegamos al Juzgado de Letras, en el barrio La Granja, de Comayagüela, para la Audiencia de extinción de la pena, en compañía de nuestra abogada Karol Cárdenas, del área de Acceso a la Justicia, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), a la que se nos había convocado a las 11:00 am, la Jueza Sonia Salgado, de manera arbitraria cambió la hora y la realizó sin nuestra participación, pese a que, llegamos antes. Esto demuestra que, el sistema judicial trata de invisibilizarnos, por que ¿cómo es posible que desarrollara la audiencia, sin nuestra participación?
Justicia tardía no es justicia reclamaba Séneca. Sin embargo, podemos decir que hoy, se hizo justicia, cuando se entregaron los últimos sobreseimientos definitivos que demuestran nuestra inocencia de los delitos que nos imputaron.
Podemos decir que utilizaron la estrategia colombiana de “falsos positivos”, ya sabiendo que éramos inocentes nos hicieron pasar como Delincuentes, lo que refleja una clara tendencia a criminalizar las manifestaciones públicas, como un mensaje a todos los que se manifestaran.
Nuestro caso del 12 de agosto del 2009 es un caso emblemático, y es de los pocos casos que se ha logrado judicializar y documentar con pruebas irrefutables de las violaciones a los derechos humanos. Y a pesar de ello no se ha logrado que los implicados sean llevados a juicio, por el contrario, han sido premiados como a Elder Madrid Guerra quien fue el Coordinador del operativo y fue ascendido hasta el grado de Comisionado General de la Policía.
Ahora que ha quedado demostrada nuestra inocencia, exigimos que se haga justicia: Que nos den el derecho a réplica para reparar el daño sufrido en nuestro honor, prestigio y dignidad, porque la información, publicada en los medios de comunicación fue falsa y pedimos a todos los espacios de televisión, radio y prensa, donde se publicaron esas mentiras, que se realice la correspondiente aclaración y en idénticas condiciones.
También que los Policías que violentaron nuestros derechos humanos, sean llevados a juicio oral y público, ya que logramos demostrar con pruebas, que fuimos detenidos ilegalmente, que no cumplieron con el debido proceso, que fuimos torturados, golpeados y secuestrados, ahora los jueces han desestimado la mayoría de estos delitos y solamente están quedando con el delito de vejámenes con la clara intención de que este delito pueda ser conmutable y que no vayan a la cárcel y por lo tanto quede en la impunidad.
Queremos también exigir que se judicialicen la muerte de los cientos de compañeros y compañeras que se están documentados por organismos de derechos humanos.
Libertad para los presos políticos que actualmente se encuentran en cárceles de máxima seguridad.
Cese de la criminalización de los defensores y defensoras de Derechos Humanos.
Grupo de víctimas y primeros presos políticos del Golpe de Estado del 2009.
EXIGIMOS JUSTICIA NO MAS IMPUNIDAD