Por Sandra Rodríguez
Hoy se llevó a cabo la audiencia inicial contra el Comisionado General de Policía, Elder Madrid Guerra, a quien se le presume responsable de los delitos de tortura, detención ilegal, abuso de autoridad y vejámenes contra 24 personas, que después de una movilización el 12 de agosto del 2009, contra el golpe de Estado, transitaban por el centro de Tegucigalpa.
Hoy se propusieron varios medios de prueba entre ellos los testimonios de Alba Ochoa, Mabel López, Natividad Pérez y Raquel Hernández, madre de una de las víctimas, ene se entonces menor de edad.
El objetivo de esta audiencia, nos explicó Karol Cárdenas, del área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, es acreditar el indicio racional de participación del Comisionado de Policía Elder Madrid Guerra, en estos hechos violatorios de derechos humanos, ocurridos hace más de cinco años.
Hay más imputados en este caso, pero en audiencia Inicial celebrada en el año 2010, el apoderado legal de Madrid Guerra, planteó una nulidad en la cual la jueza que conocía esa causa, la declaró sin lugar, por lo tanto él interpuso un recurso de Apelación en conjunto con los abogados de los otros coimputados.
Pero la Corte Suprema de Justicia, CSJ, declaró con lugar parcialmente el Recurso de Apelación indicando que el caso de Madrid Guerra existía un doble juzgamiento y lo apartó del proceso penal incoado en aquel momento y se siguió el proceso penal contra los otros acusados, el comisionado de policía José Ventura Flores Maradiaga, Carlos Isaac Polanco Padilla, Estela Esperanza Ramos Sánchez, Juana María Alvarado Barahona y Suyapa María Elvir Escalante, y por eso se interpuso un Amparo, el cual resolvió decretar sin lugar el recurso de Apelación.
Y es así que la Corte de Apelaciones, instó al Juez de Letras a que iniciará el proceso penal contra Elder Madrid Guerra, y por eso hoy se inició nuevamente este proceso contra él, explicó Cárdenas, del COFADEH, institución que representa legalmente a este grupo de víctimas que luchan por la defensa de sus derechos.
Las víctimas son Gerardo Arturo Flores Valeriano, Mabel Carolina López, Nelson Gustavo Rivera López, José Natividad Pérez Lorenzo, Oscar Manuel Murillo, Santos Ricardo Peña Pavón, Darwin Isaac Amaya Alvarado, Alba Leticia Ochoa Camacho, Sergio Raúl Jerezano, Darwin Said Hernández Carbajal, Oslin George Cantillano, Rosario Vásquez, Emerson Rosicler Barahona y Daniel Ángel Cárcamo Sánchez y otras nueve personas más, sumando en total 24 personas, no pueden olvidar lo que vivieron esos días, por lo que relatar los hechos ante un juez, es con el objetivo que se haga justicia y se responsabilice a los culpables.
Alba Ochoa, quien rindió hoy su testimonio, manifestó que es una proceso que lleva cinco años, tres meses y 2 días, el cual se ha alargado y seguramente las autoridades lo que quieren es cansarlos, pero no lo van lograr, porque la exigencia de justicia más bien les da fortaleza para ver a los responsables de las torturas y vejámenes, recibir su castigo.
Y es que no es fácil estar recordando todo lo que vivieron, pero es parte de este camino, en el que, cuando se enfrenta a los policías acusados, sin uniformes, armas ni toletes, “no pueden sostener la mirada”, dijo Alba, pues se sienten indefensos.
Por su parte Mabel López, quien cada vez que se les convoca a una audiencia, viaja desde el sur de Honduras, dijo que no desde aquel 12 de agosto del 2009, la vida les cambió, se siente temor, e incluso impotencia la ver policías y militares que en lugar de proteger a la población, más bien los agreden.
Además, por el proceso en el que primero a las víctimas se les requirió fiscalmente por los delitos de robo, manifestaciones ilícitas, daños y sedición, estuvieron un año con medidas sustitutivas a las prisión, lo que a muchos de ellos les provocó la pérdida de empleo y otros continúan desempleados.
Ahora la situación ha cambiado, comentó Justo Maradiaga, al demostrar nuestra inocencia, porque no había pruebas que nos criminalizara, ya que somos más bien las víctimas, decidimos emprender acusaciones contra estos policías.
Don Justo recordó que a él lo detuvieron porque le dijo a los policías que dejaran de golpear a un niño, entonces los uniformados lo trataron mal y lo empezaron a golpear, uniéndolo al grupo de detenidos.
No podemos tolerar lo que han hecho con el pueblo, como seguimos viviendo en incertidumbre, violencia y sobretodo quedarnos callados, por eso en grupo, seguimos con este proceso judicial, porque somos un pueblo que merecemos respeto, aseguró Maradiaga.
Las conclusiones y resoluciones del juez se darán a conocer el 3 de diciembre, y poco a poco persona como don Natividad Pérez, confían en que se vaya haciendo justicia, además que se evidencia que el abuso de autoridad también está en los centros de asistencia médica, porque esa noche del 12 de agosto del 2009, después de ser torturado por los policías, estos los llevaron al Hospital Escuela, donde uno de los médicos le dijo a una de las víctimas que eso le pasaba por andar protestando, además que comprara unos clavos médicos, con el dinero que le pagaban y que provenía de Hugo Chávez (presidente de Venezuela).
También rindió su testimonio, José Natividad Pérez Lorenzo, quien vino desde el departamento de La Paz, el narró los hechos al juez, el día en que participaba en la manifestación del 12 de agosto del 2009, en exigencia del retorno del presidente depuesto por los militares, José Manuel “Mel” Zelaya.
“Fui capturado en los bajos del Congreso Nacional, un soldado se me paró sobre los pies, y vi que capturaban a otras personas, a horas de mediodía, nos llevaron a un sótano del Congreso, y después llevados al cuartel del comando COBRAS, en la colonia 21 de octubre de Tegucigalpa”.
Apareció Elder Madrid, lo logramos identificar porque vimos su apellido en el uniforme. Nos llevaron al Hospital Escuela, ´solo a pasear´ porque no nos atendieron, me dijeron que “Mel” tenía dinero para pagarnos la curación porque medicinas allí no habían y que éramos unos callejeros y bandoleros, además que no teníamos que andar allí, relató don José.
Agregó que, “después nos llevaron al CORE-7, (Policía Metropolitana número 1) al día siguiente nos llevaron al juzgado y después a la CSJ. A unos compañeros los trasladaron a Támara y a mí me llevaron a la oficina del COFADEH. Tenía la clavícula derecha quebrada”.
Las víctimas concuerdan en que es difícil olvidar lo que vivieron, por lo que al rendir estas declaraciones, la historia sigue igual, pero se refuerza en la exigencia de que se haga justicia y que estos hechos no se repitan, en un Estado donde al parecer se carece de justicia y la hay parcialización al momento de aplicar un veredicto.
