Tegucigalpa.- El Tribunal de Sentencia de El progreso, Yoro, dictó este jueves sobreseimiento definitivo a Jhony Andrés Salgado Fuentes, quien fue acusado en el contexto del fraude electoral de 2017 por el Ministerio Público de los delitos de portación ilegal de arma comercial y por uso indebido de indumentaria policial.
El 21 de diciembre del año 2017, Jhony se encontraba en su vivienda en la colonia Berlín de El Progreso, cuando llegó la policía a hacer un allanamiento y a detenerlo sin una orden judicial.
Jhony, que en ese entonces tenía 38 años, fue privado de su libertad por cuatro meses con cuatro días en el centro penal de El Progreso.
El caso fue elevado a juicio oral y público y en varias ocasiones el mismo fue reprogramado.
Ante la aprobación por el Congreso Nacional de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, que contiene la Ley de Amnistía, la defensa de Jhony aplicó a ella y este jueves el Tribunal de Sentencia de El Progreso decretó darle sobreseimiento definitivo.
El Ministerio Público se opuso a que se le aplicara el decreto de amnistía al señalar que el imputado estaba acusado por delitos comunes y no políticos, pero como explicó su apoderado legal a Radio Progreso, Merlin Bonilla, tanto Jhony como los otros presos políticos del contexto electoral de 2017, fueron acusados de delitos comunes, porque el objetivo no era perseguir el delito, sino a las y los luchadores sociales.
Jhony siempre sostuvo que era inocente de los delitos que los acusaba el Ministerio Público, ya que él nunca participó en ninguna de las protestas que se dieron en el marco del fraude electoral, y que más bien fue víctima de los abusos que cometió la fuerza de seguridad del régimen de Juan Orlando Hernández cuando le allanaron ilegalmente su vivienda.
Desde el 4 de febrero de 2022 que se publicó el Decreto de Amnistía, 15 compatriotas que fueron judicializados por el régimen de Juan Orlando Hernández en el marco de protestas del fraude electoral, y que invocaron su aplicación, han logrado la extinción de la pena. También 22 sindicalistas y tres funcionarios del Gobierno del Poder Ciudadano de Manuel Zelaya, han sido beneficiados con la aplicación de la amnistía.
