Giorgio Trucchi l Rel-UITA
Sobre la importancia de esta iniciativa, Isabel Albaladejo conversó en exclusiva con La Rel.
“Honduras padeció un período de violencia institucional sistemática que fue la década de los 80, donde se cometieron grandes abusos y violaciones de derechos humanos sobre los que todavía no se ha procedido en materia de justicia, verdad y memoria”, dijo la titular de Oacnudh.
“En este sentido es una deuda histórica de grandes dimensiones en el país por honrar y dignificar a las víctimas de ese período”, agregó.
El derecho a la no repetición
Justamente por eso, como un intento de garantizar los derechos de las víctimas y los de la sociedad hondureña a la no repetición de los hechos del pasado, es que la Oacnudh ha apoyado esta propuesta de ley cuyo objetivo es dignificar a las víctimas de los crímenes cometidos entre los años 1980 y 1993, durante la implementación de la oprobiosa Doctrina de Seguridad Nacional.
“Este proyecto contempla varias medidas que tienden precisamente a garantizar el derecho a la verdad, la justicia, el deber de memoria y, por supuesto, la reparación y la garantía de no repetición”, explicó Albaladejo.
“En un momento como el que vive Honduras actualmente es clave el trabajar en las garantías de no repetición, porque los hechos del pasado se convierten en un presente continuo cuando no se abordan en sus causas y raíces estructurales”, añadió.
Los dramáticos acontecimientos del golpe de Estado de 2009 y de la violencia post fraude electoral de 2017 son un claro ejemplo de ello.
Ninguna condena
“Está comprobado que cuando no se investigan, ni sancionan las graves violaciones de derechos humanos del pasado esos hechos tienden a repetirse porque se genera un mensaje perverso y muy peligroso de que se está por encima de la ley”, alertó la representante de Oacnudh.
“A diferencia de otros países de la región, en Honduras no hay una sola sentencia en la que se haya condenado a responsables materiales o intelectuales de la década de los 80. Es una deuda con las víctimas que no podemos obviar”, expresó.
Pese a la muestra de apertura del actual gobierno de Xiomara Castro en materia de derechos humanos y responsabilidades del Estado hondureño por los crimines del pasado, la propuesta de ley podría no tener un camino fácil cuando llegue al Congreso para su discusión y aprobación.
Por un pacto social
“La justicia transicional no debería tener color ideológico, porque es un tema de justicia social y de honrar a las víctimas. Es un tema que debería convocar a todos los partidos políticos y a toda la sociedad en su conjunto”, dijo Albaladejo.
Esto —continuó— “debería hacerse a través de un pacto social que trascienda cualquier ideología o color político, apuntando a establecer justicia sobre los hechos del pasado, para evitar que vuelvan a repetirse”.
Finalmente, la titular de la Oficina del Alto Comisionado en Honduras hizo un llamado a todos los sectores políticos del país y a quienes participaron en la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional.
“Todos deben contribuir a la reparación de los familiares de las víctimas de la desaparición forzada en Honduras. Este es el momento”, concluyó.
