Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa. Dos grupos en total de 23 estudiantes y regresados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), comparecieron este día ante el Sistema Judicial por ser parte de protestas sociales, observadores del respeto a derechos humanos y el derecho a la información.
Aunque las audiencias fueron en diferentes instancias, se llevaron a cabo al mismo tiempo, y estaban relacionadas entre sí, con respecto a la defensa de la educación pública, no criminalización de la protesta social y la libertad definitiva para Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, defensores de Derechos Humanos, acusados de usurpación durante una toma de la UNAH en julio del 2015, hoy en juicio oral y público.
Mientras rendía declaración en los Tribunales de Justicia, el ex militar Roger Aguilar, testigo del Ministerio Público (MP), en el juicio contra los tres egresados universitarios, un grupo de 19 estudiantes y el periodista Ronnie Huete, estaban en audiencia de presentación de imputados en los juzgados de La Granja, Comayagüela.
El grupo de los 19, inició una toma del edificio administrativo denominado “Alma Mater” de la UNAH, la noche del miércoles cómo medida de presión para que se dejará en libertad a Cesario, Moisés y Sergio, mientras Huete transmitía en directo las acciones de protesta, para un medio brasileño a través de redes sociales.
El periodista fue golpeado por guardias de seguridad “encapuchados” que entraron violentamente a la UNAH, supuestamente dirigidos por Aguilar para desalojar a los estudiantes. Sus atacantes le robaron el teléfono celular y creyó que ese sería el fin de su vida, declaró Huete, quien fue capturado y procesado junto a los estudiantes.
Roger Aguilar, dijo que es el encargado de la seguridad privada e interna de la Máxima Casa de Estudio. En el juicio contra el periodista Cesario Padilla, el sociólogo Moisés Cáceres y el Trabajador Social Sergio Ulloa, declaró haber visto a los tres egresados, a quienes un grupo de manifestantes «encapuchados» le expresaron que los tres criminalizados eran los que dirigían las acciones aquella semana de julio del 2015. Los identificó porque tenían el rostro descubierto y ya los conocía desde acciones anteriores, declaró al Tribunal.
Agregó ser agredido verbalmente por Ulloa y Cáceres.
Los defensores criminalizados en su declaración expusieron que, ellos hacían una labor de observación de derechos humanos, durante la protesta social, y no eran parte de la toma.
Antier un grupo de jóvenes se manifestaron afuera del edificio de Salas de Juicios Orales y Públicos de la CSJ, en solidaridad con los tres defensores, gritaron contra Roger Aguilar frases como «asesino» haciéndole memoria de formar parte del escuadrón de la muerte 3-16, a quien se le responsabiliza por detenciones y desapariciones forzadas por persecución política.
Algunos de éstos jóvenes son parte del grupo de detenidos en la madrugada de ayer, y hoy recibieron medidas sustitutivas a la prisión.
Los 20, durante la captura, fueron gaseados y golpeados por la policía y guardias de seguridad privada de la UNAH, según denunciaban sus compañeros. El MP los acusó por los delitos de daños a las instalaciones de la UNAH y privación de libertad en contra de los guardias de la compañía de seguridad.
Ahora deben cumplir con ir a firmar el libro de registro en los juzgados los viernes, no salir del país, no acercarse al edificio administrativo de la UNAH y no acercarse a las autoridades universitarias, mientras van a audiencia inicial el próximo 23 de junio.
La rectora Julieta Castellanos autorizó al Ministerio Público la investigación de los hechos, y con ello se dio pasó a la criminalización de los universitarios.
Por su parte, los tres defensores de ddhh deberán volver al blanquillo de los acusados en la sala IV de juicios orales y públicos el 07 de junio, dónde comparecerán sus testigos, ya que no habían sido notificados, por no dar con su domicilio.
En este proceso que data del 2015, cabe mencionar que el representante de la Procuraduría General de la República (PGR), consideró si era precisa su presencia como parte acusadora, a lo que el Tribunal le respondió que era decisión de sus superiores, y tras una consulta telefónica, se le dijo al procurador que sólo podía desistir mediante un decreto ejecutivo emitido por el Presidente. Por lo que continuó en el juicio, reservándose el uso de la palabra.
Hoy en las afueras de la CSJ ya no habían estudiantes con pancartas y consignas, en su lugar había una patrulla policial. Dónde si había una muchedumbre era en los juzgados de La Granja, a la espera de la liberación de los 20 jóvenes, por quien se temía su integridad, después de las reformas al Código Penal que criminaliza la protesta social como parte al derecho de Libertad de Expresión.
El año pasado el MP libró requerimientos judicial contra más de 80 estudiantes universitarios a nivel nacional, en medio de dos meses de protestas por las normas académicas universitarias consideradas excluyentes, y nuevamente se libró orden de captura contra Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, quienes fueron sobreseídos por un acuerdo de homologación firmado el 20 de julio por autoridades universitarias y representantes estudiantiles. Éste debía aplicarse en el actual proceso, pero el juicio está siguiendo su curso.
