Gerardo Iglesias
18 | 02 | 2019
Quintana fue secuestrada el 13 de febrero por desconocidos en el municipio de Aguachica (departamento del Cesar) luego de efectuar unos trámites ante la Fiscalía en nombre de su organización: la ataron de pies y manos, la golpearon y la abandonaron tiempo después en las afueras de la localidad, según informó la USO.
La dirigente ya había sido agredida en ocasiones anteriores.
Este ataque se enmarca en la gravísima situación de no respeto a los derechos humanos en Colombia y el goteo continuo de asesinatos de dirigentes sociales en el país.
Desde la firma de los acuerdos de paz, más de 350 líderes sociales murieron como consecuencia de atentados perpetrados por “desconocidos”.
En setiembre del año pasado, una delegación de sindicatos de todo el mundo se reunió con integrantes del gobierno de Iván Duque, para expresarle su preocupación por este estado de cosas.
Los gremialistas denunciaron la criminalización de la protesta social y sindical y reclamaron medidas de seguridad para salvaguardar la vida de los dirigentes obreros.
En esa ocasión, la ministra de trabajo, Alicia Arango, manifestó una actitud que reiteraría en varias oportunidades en las semanas y meses siguientes: descalificó las denuncias y a las propias organizaciones denunciantes, afirmando que el movimiento sindical internacional “lanza acusaciones sin hechos reales”.
Los representantes sindicales respondieron entonces que las declaraciones de Arango y otros miembros del gobierno “fomentan la ola de violencia, la promoción de la criminalización de la protesta social y del derecho a la libertad sindical”, según resumió Marino Vani, secretario regional de IndustriALL Global Union.
La Rel UITA se solidariza con la compañera Dibeth Quintana y su organización la USO, y se dirigirá a las autoridades competentes en Colombia exigiendo que estos hechos sean esclarecidos con urgencia.
