El Estado de Honduras es una persona jurídica que ha pasado por diferentes etapas de relación con su población durante sus casi 200 años de existencia, unas épocas más críticas que otras en términos de confianza colectiva.
En nuestros días, los niveles de desconfianza frente a este sujeto llamado Estado son realmente estratosféricos.
Un elemento para medir es el millón y medio de personas que huyeron literalmente desde 1989 hasta ayer viernes 2 de octubre de 2020, porque el Estado les obligó a votar con los pies.
Otro factor de medición es el número de denuncias no presentadas ante el ministerio público, la policía o directamente a los medios de desinformación.
La población ha reducido drásticamente su impulso de presentar denuncias en esos tres espacios por tres razones fundamentales: pésima atención al cliente ciudadano, política pública de impunidad general, y temor a morir en el proceso.
En mayo de 2016 un oficial de policía de Casa Presidencial le propuso a una persona defensora de derechos humanos, atacada por la violencia en Tegucigalpa, que aceptara inaugurar con su caso el sistema nacional de protección de personas defensoras de derechos humanos.
La víctima, desconfiada por experiencias documentadas de la colusión entre autoridades uniformadas y las bandas criminales, decidió consultar a una ejecutiva de la secretaría de derechos humanos. Y esa persona le recomendó salir del país para protegerse. Le dijo, esa es su mejor opción.
Un año antes, en 2015, había sido aprobada la Ley de Protección a defensores, periodistas y jueces, que creó en 2016 un Sistema Nacional de Protección con 36 empleados para todo el país: tres para recibir denuncias, 7 para analizar el riesgo, 3 para asesoría jurídica y el resto para administrar unos 900 mil dólares de presupuesto total. Así siguió la cosa durante 2017 y 2018, sin contar con una unidad de prevención ni de análisis del violento contexto katracho.
El informe más reciente de este llamado Sistema de Protección es de febrero 2020, entregado al Examen Periódico Universal de la ONU en Ginebra y colgado en internet el 13 de agosto pasado. En este texto se lee que el total de casos recibidos es de 384, de los cuales siguen activos solamente 204.
Al desmenuzar las cifras, el documento oficial de la dictadura dice que 40 casos activos corresponden a víctimas perfiladas como personas defensoras de derechos humanos, 21 personas son indígenas, 8 son garífunas y 12 corresponden a la diversidad sexual LGBTI.
Por supuesto el texto no hace una valoración de los casos perdidos por asesinato mientras transcurrían las medidas o de los casos nunca prevenidos, pese a las insistentes señales rojas lanzadas por el contexto de las víctimas.
Para un país sumergido en las violencias públicas y privadas, esas cifras representan un valor minúsculo del total de hechos ocurridos entre 2016 y 2018. Representan, como dijimos al inicio, el alto nivel de desconfianza frente al Estado.
Agrega el Informe de Derechos Humanos del régimen entregado al EPU este año que las cifras cambiaron un poquito en el tiempo: hoy suman 482 los casos analizados por el Comité Técnico del Mecanismo de Protección de Defensores.
Y este es uno de los cuestionamientos más frecuentes a la burocracia estatal de derechos humanos por parte de las víctimas, el hecho que su análisis es deficiente, malicioso y tardío. Estamos en la víspera del examen.
En realidad, decenas de peticionarios de la protección estatal han desistido en el proceso, otros nunca fueron escuchados debidamente y muchos de los beneficiarios desistieron de los mecanismos de protección otorgados, porque éstos sólo consistían en la asignación de un policía a quien además había que alimentar con los recursos de la víctima.
Como lo expresó recientemente Amada Ponce, la directora del Comité por la Libre Expresión: “después de siete alertas nacionales por violaciones a la libertad de expresión del periodista Luis Almendares nadie escuchó su voz, nadie del mecanismo de protección pudo poner las manos sobre la vida de esta persona, su presencia fue tardía; la policía nacional llegó tres horas después al lugar del ataque, el domingo 27 de septiembre”.
El periodista Almendares había denunciado los mismos patrones que anteceden todos los crímenes de defensores en Honduras: acoso cibernético a través de redes sociales con lenguaje que inspira odio, envío de amenazas escritas en forma anónima, descalificación pública a través de medios masivos, seguimiento con vehículos desconocidos, toma de fotografías, sabotaje de vehículos personales, muerte de mascotas del entorno familiar, etcétera.
Un dato curioso en el documento del régimen para el examen del 6 de noviembre próximo es el apoyo de la USAID-Freedom House y de la Unión Europea, para elaborar los instrumentos de análisis y los manuales de funcionamiento del tal Mecanismo de Protección.
El dato es curioso porque precisamente esas dos instancias son responsables de la situación violenta en Honduras, por financiar y avalar el fraude electoral y la ruptura de la Constitución de este país por una banda golpista y corrupta.
Pero hay otro dato que además de curioso es lamentable, está contenido en el último párrafo de este informe, y dice: “El Estado de Honduras agradece a todos los gobiernos, agencias de cooperación internacional y organismos de sociedad civil que han servido de aliados indispensables para realizar los presentes avances, y alienta a los Estados a continuar, y de ser posible, aumentar sus programas de cooperación con Honduras, así como el aumento de su inversión en el país”.
Esto se resume en palabras del pueblo: “ya hicimos la tarea, ahora queremos más pisto”. Pidiches. Actualmente, esta burocracia de la mendicidad tiene un presupuesto de 25 millones de lempiras.
Por hechos como esos, al valorar la aplicación de la ley de protección a personas defensoras de derechos humanos, comunicadoras y jueces en Honduras, diversas organizaciones son críticas de esta imitación de leyes similares aplicadas antes en Colombia, México y Guatemala, países violentados por sus propias castas políticas y, por supuesto, por la política exterior de Estados Unidos.
“El Sistema de Protección afirmó a Amnistía Internacional que viene otorgando medidas de protección de infraestructura y tecnología, así como otro tipo de medidas preventivas, además de haber llevado a cabo 3 reconocimientos públicos a la labor de defensoras y defensores de derechos humanos entre enero y mayo de 2018”, dice un informe de esta reconocida organización basada en Londres.
Lo anterior representa un avance importante para la implementación de medidas no policiales dirigidas a atacar las causas estructurales de la violencia contra defensores y defensoras, reconoce Amnistía. Sin embargo, dice, es necesario que el reconocimiento público de las autoridades sea continuo y que no se exprese únicamente con mensajes aislados.
El documento cita la visión del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras, dice: “El COFADEH, por ejemplo, ha señalado que el enfoque dado por el Sistema a las medidas de protección es generalmente reactivo y no preventivo”.
Ahí está. Esta es la crítica general, causa principal de las desconfianzas.
Un informe sobre este mismo tema de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA, da en el clavo, dice: “la displicencia del Ministerio Público y el Poder Judicial (dentro del Consejo del Sistema de Protección) alienta la impunidad y (retrasa) la búsqueda de soluciones duraderas a la grave situación de violaciones a derechos humanos y ataques contra personas defensoras. Igualmente, dice WOLA, la participación de las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad en el Consejo generan preocupación, porque son los principales agentes de riesgo de las personas defensoras y de las denuncias de violaciones a derechos humanos de la población”.
Bueno, ¿para qué más? El problema es que así las cosas, nos siguen masacrando la existencia. Por eso hay que hablar también durante el Examen Periódico Universal. Para allá vamos.
¡Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 3 de octubre de 2020
