Tegucigalpa.
Por Sandra Rodríguez
Familiares de la defensora de derechos humanos Berta Isabel Cáceres Flores y sus representantes legales, denunciaron esta mañana la impotencia que sienten ante los abusos del Ministerio Público (MP), porque no les brinda la información sobre el caso del asesinato de lideresa indígena.
Ante las solicitudes de acceder al expediente y demás diligencias, no hay respuesta, aun después de haberse suspendido la audiencia preliminar iniciada el 19 de abril pasado, que tuvo observación de organizaciones nacionales e internacionales y Cuerpo Diplomático, porque el Tribunal y MP reconocieron que habían incumplido con el deber de entregar información a las víctimas. La cita se pospuso para el 24 de mayo.
En la acción pública también se pronunció el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización co-fundada y dirigida por Cáceres Flores, hasta el día de su muerte, y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), cuyo equipo legal representa a las víctimas, incluyendo al atentado contra la vida del defensor Gustavo Castro.
El integrante del cuerpo legal de la familia Cáceres, Víctor Fernández, afirmó que “el caso está siguiendo la lógica de la impunidad que siguen muchas causas en el país”.
Esta es una primera etapa en la que el Gobierno y los Operadores de Justicia presentan supuesta respuesta a estos crímenes, y con el tiempo, en que va pasando la presión mediática y social, terminan planteando cualquier tipo de respuesta que generan impunidad, en este caso no es posible que un año después del asesinato -de Berta Cáceres-, el Poder Judicial ordene que se nos entregue la información de la investigación, pero abiertamente reconozca que no puede entregarla porque hay ciertas limitaciones técnicas o de cualquier otro tipo, detalló Fernández.
Declaró que, “creemos que no es irresponsable afirmar que este tipo de maniobras obedece a las presiones y al control institucional que hay de las estructuras criminales que ejecutan crímenes como el de Berta Cáceres, es decir, aquí hay un pacto de impunidad que no están dispuestos a que se rompa por parte de los funcionarios que están manejando este caso”.
“Creemos que hay responsabilidad estatal en el crimen, una vez más se está evidenciando, porque no puede ser que con toda la observación nacional e internacional en el caso, muchos embajadores acreditados en Honduras asistieron a la audiencia del 19 de abril, allí se comprometió el Tribunal a brindar la información, pero hoy casi un mes después, no hay ninguna razón, ninguna fuerza que los haga que entreguen la información, esa es evidencia que hay un pacto de impunidad para los autores intelectuales del crimen” manifestó en las afueras del Ministerio Público, el abogado Víctor Fernández.
¿Hasta cuándo terminará el abuso e impunidad del Ministerio Público y el Poder Judicial en la Causa Berta Cáceres? ¿Tanto poder tienen los autores intelectuales de este crimen que someten abiertamente al sistema de justicia sin que no pase nada?, son algunas de las preguntas que hizo públicas Berta Zúniga Cáceres, hija de la reconocida defensora, asesinada en su casa de habitación el 02 de marzo del 2016, en La Esperanza, Intibucá.
Zúniga Cáceres, declaró que, ante la falta de entrega de información de cómo se maneja el caso de su madre, expresa que no hay voluntad por parte del MP de hacer en un proceso profundo en el caso de los autores materiales y menos contra la autoría intelectual de este crimen.
Por tanto, entendemos como un acto de complicidad con respecto a los autores intelectuales y el aparato que ejecutó el crimen contra mi mamá y compañera de lucha Berta Cáceres, por lo que nos vuelve impotentes, ya que ¿Qué vamos a debatir en una audiencia? Si ni siquiera tenemos información, para decir sí esas personas son o esas personas no son, nos invalida en este proceso de búsqueda de justicia y no tiene sentido que estemos en un proceso que no somos parte.
“Es un proceso mediocre que no tiene las pruebas suficientes y que están detenidos sólo para decir que hay detenidos, pero no porque hay un proceso profundo”, afirmó la hija de Berta Cáceres.
El equipo legal, expresó a través de un pronunciamiento público que además de aportar información, ha solicitado que se ejerzan acciones contra: autores intelectuales, empresas promotoras y la banca nacional e internacional que financia proyectos hidroeléctricos que han sido relacionados con amenazas, hostigamientos y el asesinato de Berta Cáceres, especialmente la empresa DESA que es beneficiaria de la concesión del Río Gualcarque.
“Hemos solicitado al Ministerio Público, entre otras cosas, nos entregue los resultados de los análisis efectuados a las evidencias encontradas en los allanamientos y registros practicados a las oficinas de la empresa DESA y a la vivienda de varios de los imputados. También le pedimos al MP nos explicara por qué no se decomisaron varios documentos y mucha otra información que se encontraba dentro de las oficinas de la referida empresa relacionada con la concesión del río Gualcarque, de igual nos explicaran por qué limitaron nuestro derecho a participar en los allanamientos y ejercer rol que nos corresponde en esos actos, pese a que nos habíamos personado en la causa. Hasta la fecha, tampoco tenemos respuesta alguna”, expresa en uno de sus puntos, el texto.
Agregó que, en este contexto de abuso y de impunidad institucional, cumplimos con nuestro deber de informar que nos reconocemos impotentes ante los abusos de esta institucionalidad, revictimizados y cada vez más alarmados del enorme poder que tienen los grupos económicos-criminales que ordenaron el asesinato de Berta Cáceres. Pareciera que, por ahora, no hay ninguna fuerza capaz de romper con el pacto de impunidad institucional que cobija a los autores intelectuales de este crimen.
Por lo que la familia de Berta Cáceres, el COPINH y el MADJ, ratificaron su compromiso de agotar todas las instancias para que los responsables de este crimen no queden impunes.
También se comprometieron a demandar justicia en contra de los funcionarios que hoy, de distintas maneras, por acción y por omisión, pretenden garantizar impunidad a la estructura criminal que mandó a asesinar a Berta Cáceres.
