En febrero pasado, en Buenos Aires, una delegación del Cofadeh conoció de cerca las iniciativas de Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, junto a otras organizaciones argentinas, que han desarrollado instituciones de memoria histórica, de justicia y de reparación en ese país.
En ocasión de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, Emilio Mignone, la hondureña Bertha Oliva en representación del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras asistió a diversos encuentros estratégicos en la capital bonaerense.
Una de esas citas fue en la sede de la alianza social Memoria Abierta, que ha impulsado diversas iniciativas para mantener viva la llama de la verdad y de la justicia, sin olvidar nunca el pasado como estrategia de los culpables.
Con toda su experiencia de décadas, Memoria Abierta llegó recientemente a Honduras y junto a la Embajada Argentina y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), ha contribuido a configurar la noticia más importante de la semana divulgada el viernes en Tegucigalpa.
Con viva esperanza, el Cofadeh informó ayer el inicio de un proceso de elaboración participativa de una Ley que complementará la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Deras García y otros vs. Honduras” dictado el 25 de agosto de 2022.
Concretamente el proyecto de ley implementa los reclamos históricos de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos que reclaman quienes han sufrido graves violaciones de derechos humanos por parte del Estado hondureño.
Previo al anuncio fue realizado un taller creativo de tres días facilitado por Verónica Torras, directora ejecutiva de Memoria Abierta y miembra de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, quien es especialista regional en Memoria.
Junto con Verónica, el Comité de víctimas empezó a delinear los contenidos centrales del anteproyecto de ley que reunirá el espíritu de colectividades sociales y de organizaciones concernientes a la desaparición forzada de personas por razones políticas.
Uno de los eventos relevantes de este proceso en marcha fue la cita con la Presidenta Xiomara Castro el 16 de mayo, para esbozar los principios rectores de la propuesta de ley inspirada en los mandatos de la sentencia condenatoria por la desaparición forzada del educador y líder sindical Herminio Deras.
En este encuentro con la mandataria asistieron la coordinadora del COFADEH Bertha Oliva, el embajador de Argentina Pablo Vilas y la directora de Memoria Abierta, además de la Ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque Sandoval y el Procurador General, Manuel Antonio Díaz-Galeas.
Como resultado del intercambio, teniendo de fondo el texto de la sentencia condenatoria, las partes acordaron presentar el anteproyecto ley el 30 de agosto de 2023 en un acto público en conmemoración del Día Nacional e Internacional del Detenido-desaparecido.
En esa ceremonia pública la Presidenta Castro recibiría en sus manos el anteproyecto íntegro y la lista de los actores nacionales suscriptores del mismo, previendo una remisión de la iniciativa ese mismo día a la secretaría del Congreso Nacional.
A ese efecto, el 17 de mayo se realizó una reunión de trabajo con los equipos técnicos del Ministerio de Derechos Humanos y del Ministerio de Educación, así como con representantes de la OACNUDH, durante la cual se decidió la instalación de una Mesa de Seguimiento que ampliará la iniciativa hacia las políticas públicas de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación según el estándar internacional y la visión del gobierno nacional.
A la Mesa serán invitados representantes de otros ministerios concernientes, la Procuración General y organizaciones sociales que han manifestado su interés de participar propositivamente en el proceso.
La presidencia del poder legislativo fue informada el 19 de mayo sobre esta estrategia de consulta y redacción de la propuesta, teniendo en el diputado presidente Luis Redondo toda la apertura y disposición al respecto. Una delegación conformada por la coordinadora Bertha Oliva y Verónica Torras, de Memoria Abierta, visitaron a Redondo en su despacho y dan fe de su adhesión a la iniciativa.
Aunada a esas acciones de incidencia, esta semana intensa ha concluido con la conferencia abierta “Argentina: 40 años de democracia, memoria, verdad y justicia” en la sede de la Embajada de ese país en Tegucigalpa, con la participación del embajador Pablo Vilas, de Verónica Torras y de la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Odalis Aleyda Nájera.
Entonces, así ha iniciado un proceso largamente pospuesto y profundamente anhelado por el Cofadeh en los últimos 40 años: el compromiso del Estado y de la Sociedad reflejado en una ley integral de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos.
Al final de marzo, como recordarán nuestros oyentes, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas destacó en su visita a Honduras la voluntad del Estado de enfrentar la deuda moral de larga data garantizando el derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a la verdad, la justicia, la reparación y la memoria. El Grupo dijo en aquel momento que esperaba con interés conocer los detalles de un programa de reparación anunciado por el gobierno en ocasión del 24 de marzo.
En la visión de la ONU el programa deberá incluir indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas.
El Grupo fue informado de reparaciones parciales en cumplimiento de algunas decisiones del sistema interamericano – de la Comisión y de la Corte – por sentencia o solución amistosa. Sin embargo, enfatizó en su reporte que dichos procesos se han centrado principalmente en la compensación económica y no han abordado otros aspectos de la reparación que son primordiales para la reparación integral.
Los familiares no recibieron asistencia psicológica, social o médica por parte del Estado, quedando solamente a la mano solidaria entre las propias víctimas que en innumerables ocasiones han expresado que la difícil situación de uno es la difícil situación de todos.
Este sentimiento de unidad entre las víctimas de las diferentes comunidades es reconocido por la misión de la ONU como el único consuelo y fortaleza hasta nuestros días, el factor que ha contribuido a soportar la sensación de desamparo, penuria, negligencia y abandono por parte del Estado.
También reconoció la ONU en su informe de fines de marzo que los pocos sitios de memoria encontrados durante su visita corresponden al contexto de la doctrina de seguridad nacional y han sido establecidos por iniciativa propia de las familias y sus organizaciones, en lugar de ser consecuencias de una política estatal de memoria.
El gobierno de Honduras debe tomar acciones concretas – dijo el Grupo — para rendir tributo a las víctimas de desapariciones forzadas a través del establecimiento de sitios conmemorativos y monumentos que simultáneamente rechacen y repudien las violaciones pasadas y actuales.
Hoy el gobierno tiene la apertura y la decisión de cumplir la sentencia por la desaparición de Herminio y a través de ella inaugurar un nuevo capítulo de esperanza activa que llamamos anuncio histórico por su alcance de legalizar la legítima exigencia social de memoria, de reparación y de no repetición a través de una iniciativa que parte del interés mismo de las víctimas y del interés general de la sociedad.
Enhorabuena!
Buenas noches
