Las familias víctimas de la desaparición forzada habrían tenido una ley de reparación a finales de los años 80s, en el marco de las comisiones de verdad impulsadas por los acuerdos de paz en Centroamérica. Pudieron también haberlo logrado en otros momentos.
En 1987 y 1988 las primeras sentencias condenatorias del sistema interamericano contra desapariciones forzadas, mostraban al mundo el horror cometido por el Estado de Honduras, en obediencia al departamento de defensa de Estados Unidos.
Aquellas sentencias obligan al Estado a implementar los principios de la justicia transicional, de investigar y sancionar los hechos. De reivindicar la memoria de las víctimas. De reparar los daños. Y de garantizar la no repetición de las desapariciones forzadas.
En aquellos años, igual que en 1991 durante la amnistía promovida por Callejas o durante la reforma militar impulsada por Beto Reina en 1995 o en el contexto de los llamados libros blancos de la defensa en 2005, los militares de Honduras no fueron sinceros.
Durante los años citados, en distintos momentos, oficiales de una y otra generación se acercaron a las familias de sus víctimas con más preguntas que respuestas.
Casi siempre los militares de una promoción querían saber en secreto los nombres de sus colegas implicados en torturas, en desapariciones u otro crimen de lesa humanidad. Pero nadie proponía nunca evidencias para perseguir penalmente a los asesinos.
Los malvados han creído que esto era sólo cuestión de reparación de daños colaterales, sin investigación penal, sin justicia, sin memoria ni garantías de no repetición.
El tiempo ha ido pasando, saltando de un gobierno a otro, negándose con la técnica del avestruz o la filosofía del olvido, creyendo que el tiempo cura todo por sí mismo.
La sociedad hondureña sabe que tiene una herida mortal en su reciente pasado, sabe que no ha sido curada ni moral ni jurídica ni materialmente. Y que olvidar eso es una trampa.
El Estado cometió la herida de muerte sobre más de 200 personas, la mayoría disidentes sociales y políticos. Lo hizo en nombre de la democracia y de la libertad. Con financiamiento del Pentágono. Con la complicidad de las elites corruptas locales.
A medida que nuevas sentencias condenatorias salían contra Honduras en el sistema interamericano por violar la vida y la libertad, otra vez el Estado intentó impulsar entre 2008 y 2009 el primer programa amplio de reparación de los daños causados. Pero los golpistas lo impidieron.
Ahora, en 2024, 44 años después de ocurridos los hechos, el gobierno de transición en nombre del Estado y en coordinación con las víctimas, se ha comprometido a responder la exigencia de este derecho humano.
Después de un amplio proceso de consulta, reflexión y propuesta con familiares sobrevivientes de la Doctrina de Seguridad Nacional ejecutada por los gobiernos de Rosuco, Azcona, Callejas y Estados Unidos, un anteproyecto de ley reparatoria ha sido entregado al Congreso Nacional.
El anteproyecto de Ley Integral para víctimas de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional (1980-1995) está en manos del diputado presidente Luis Redondo Guifarro desde el miércoles anterior.
En el proceso de formulación de este anteproyecto han participado expertos jurídicos, sobrevivientes de similares crímenes en países latinoamericanos, consultores de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y miembros informados del gabinete de gobierno.
Al comentar el hecho, la coordinadora general del Cofadeh – Bertha Oliva – dijo que “esta demanda histórica ha pasado a manos de los representantes de los diferentes partidos políticos votados para el Congreso, y esperamos que haya una comprensión cabal en todos ellos del significado de los principios de justicia transicional”.
La iniciativa legal contiene, precisamente, las medidas exigidas en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que precisan la investigación concluyente de los hechos, el derecho a la memoria, la reparación de los daños y la garantía de no repetición. Todos estos derechos de las víctimas.
Ayer en su plantón del primer viernes de febrero, la organización que dirige Oliva dijo que, aunque el tema zahiera el sentimiento de culpa de las fuerzas armadas y sus grupos de muerte, el hecho de haber ejecutado una Doctrina de Seguridad Nacional que colocó la identidad del Estado por encima de la integridad de la Persona Humana es razón suficiente para juzgar y actuar en cualquier tiempo.
Más de 200 personas nacionales, centroamericanas y latinoamericanas, inclusive estadounidenses, fueron desaparecidas y asesinadas en el territorio de Honduras. La mayoría de los actores materiales e intelectuales de esos hechos se esconde detrás de la impunidad.
La política intervencionista de Estados Unidos subjetivó amenazas internas para torturar, desaparecer y asesinar esas personas opuestas al militarismo, mientras vendía armas ilegalmente a Irán para financiar con fondos del narcotráfico la ocupación de Honduras por contras sandinistas, mercenarios salvadoreños y guatemaltecos, y marines.
Bertha, en su reacción tras el encuentro con el presidente Redondo Guifarro aclaró que, sin queja ni sometimiento por aquel dolor profundo, impulsamos esta propuesta de ley para saldar la cuenta pendiente del Estado con gente ofendida y ninguneada de la Nación.
Esperamos, agregó la defensora, que la preocupación de la embajadora actual de los Estados Unidos por los temas de interés nacional al interior del Legislativo se refleje también con igual intensidad en sus twitters futuros por estos derechos de las víctimas.
En el plantón de ayer, en consecuencia, el Cofadeh llamó a los posibles trolls cibernéticos empleados de grupos de presión y de tanques opositores que dejen en paz esta propuesta, que no se metan contra el dolor de abuelas, madres, hijos y otros ascendientes y descendientes de las desapariciones forzadas. Que la apoyen y la promuevan.
Así las cosas, este año 2024 será un nuevo medidor de la voluntad del Estado para rectificar su deuda histórica. La palabra la tiene ahora el Congreso Nacional. Esta es la séptima ocasión que las partes protagonistas de aquella tragedia, el Estado y sus víctimas sobrevivientes, intentan una salida.
No esperamos un golpe de Estado por los generales, coroneles y sargentos de los años 80s ni por los generales robacarros de 2009. Tampoco de los señores de la APROH ni de las señoras del CEAL. Que se comporten el COHEP y la embajadora del Twitter. Y que el gobierno asuma esta oportunidad histórica. Eso es lo que esperamos.
Buenas noches
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 3 de febrero de 2024
