Tegucigalpa.- Este 9 de enero de 2023 se cumple un año del asesinato del defensor de derechos humanos, comunicador social, líder indígena, y predicador de la palabra, Pablo Isabel Hernández.
Ese 9 de enero, Pablo salió por la mañana de su casa para dirigirse hasta el centro religioso a celebrar la palabra de Dios, pero no logró llegar, ya que fue interceptado por desconocidos que le dispararon a quemarropa, quitándole la vida.
Estos hechos sucedieron a unos 800 metros de su vivienda, donde habitaba con su esposa y tres hijos menores.
A un año de este hecho, no hay nadie pagando por este crimen, por lo que su familia exige justicia.
“Hasta el momento ellos todavía están libres, en libertad, haciendo lo que ellos quieren, en cambio nosotros con al vacío nuestros corazones, mis hijos sin el amor de padre, entonces es bien difícil, pero si les pedimos de corazón que nos ayuden a que muy pronto haya esa justicia”, expresó su esposa Éntima Cortés.
Pablo, de 34 años, era un comprometido defensor de los derechos humanos, defensor de los bienes comunes de la naturaleza, defensor del ambiente y comunicador social, que dirigía la radio comunitaria “RADIO TENÁN” 94.1 F.M. “La voz indígena lenca”, medio a través del cual denunciaba violaciones a los derechos humanos, sin imaginar que eso le costaría la vida.
Después de ese 9 de enero, nada volvió a ser igual para la familia de Pablo, señala su hermano menor, Luis Alonso, quien lo acompañaba constantemente a reuniones y fue objeto de amenazas también, quien tuvo que salir del país al no sentirse seguro en su propio pueblo.
“La verdadera justicia no aparece, para nosotros es bien difícil saber de que le quitaron la vida a mi hermano y los hechores, los intelectuales y materiales, siguen suelto; yo salí de mi país también porque la seguridad en mí no estaba bien, recibí amenazas por personas del poder que estaban detrás de mi vida”.
“Lo que más da tristeza es que nuestro país la justicia brilla por su ausencia, siendo que hasta la fecha no hay nada, no hay justicia y no hay señalamientos, las autoridades de mi país se han hecho de la vista gorda, no hay nada”, añadió.
El Ministerio Público (MP) realizó el 15 de febrero de 2022 la exhumación del cuerpo del defensor indígena, pero hasta la fecha las autoridades guardan silencio y no hay nadie siendo juzgado por dicho asesinato, mientras que su familia se pregunta dónde está la justicia en el país.
Para sus compañeros de la Universidad Indígena de la que Pablo también era parte, sienten que no se le ha dado la importancia al caso como lo merece, y hasta la fecha no hay ninguna esperanza ni avances sobre la investigación de los hechos.
“Da un poco de tristeza para nosotros y para los familiares del hecho de saber que no está haciendo nada para que el caso se esclarezca y la llamada respeto por la dignidad de las personas, de la vida de las personas”, señaló Martina López, compañera de Pablo en la Universidad Indígena
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), quien se constituyó como acusador privado en representación de los familiares del líder indígena, ha solicitado al Ministerio Público de la ciudad de San Pedro Sula, quien está conociendo del caso, un informe sobre los avances investigativos del mismo, pero aún no hay una respuesta sobre lo solicitado por el COFADEH.
En este caso representa un alto grado de impunidad en vista que el Ministerio Público a cumplirse casi un año del asesinato del líder indígena Pablo no ha presentado ningún requerimiento fiscal contra persona alguna, a los cuales se les pueda deducir responsabilidad penal por este hecho criminoso”, señaló Karol Cárdenas, del área de Acceso a la Justicia del COFADEH.
Cabe señalar que en el año 2022 se registraron un total de 11 defensores asesinados y alrededor de 163 fueron amenazados, convirtiendo a Honduras un país peligroso para la defensa de los derechos humanos, ya que los que la defienden enfrentan grandes riesgos a su vida e integridad física, así como su entorno.
