Tegucigalpa.
Por Marvin Palacios
La Sexta Misión de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA), en conferencia de prensa, denunció los embates de un modelo político y económico que se aplica en Honduras y que arrasa con los bienes comunes, acapara la tierra, precariza el mercado laboral y viola los derechos de los trabajadores y trabajadoras agrícolas, como el caso de las compañías meloneras.
En un comunicado distribuido a la prensa, la UITA reveló que dicho modelo también atenta contra los derechos de los pueblos indígenas y negros hondureños, persigue y criminaliza a hombres y mujeres defensores de los derechos humanos, asesina a mujeres, cercena la libertad de expresión, criminaliza y judicializa a campesinos y campesinas y reprime a miembros de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual (LGBTI).
“Estamos sumamente preocupados por lo que esta Misión de la UITA ha podido observar durante estos días. La impunidad sigue siendo el combustible de una maquinaria de terror. La impunidad dispara y vuelve a cargar las armas contra todo aquel que se niega a resignarse y acatar el hambre, la depredación ambiental, la pobreza, la falta de empleo y los empleos basura que no permiten a la gente salir del circuito tenaz de la miseria y la desesperación”, dijo Gerardo Iglesias, Secretario Regional de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA).
La misión viajó a La Esperanza, Intibucá, para escuchar de la viva voz de los familiares de la luchadora social y lideresa indígena Berta Cáceres, y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), y conocer cuáles son sus demandas ante tanta impunidad tras 14 meses del brutal asesinato de Cáceres.
“Ambos siguen exigiendo que los órganos responsables de impartir justicia aseguren el castigo para los mandantes intelectuales que orquestaron y financiaron el crimen”, expresa el comunicado de prensa.
Los familiares de Berta Cáceres Flores y el COPINH, piden que cese el secretismo alrededor de las investigaciones y que no se obstaculice el trabajo del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), cuyo objetivo es realizar un análisis independiente, objetivo e imparcial de los hechos.
“Es urgente y necesario quitar el velo de secretismo e impunidad que rodea el caso del asesinato de Berta Cáceres, quien había denunciado oportunamente a las autoridades públicas competentes, que su vida corría peligro y nada se hizo, convirtiendo este caso en una muerte anunciada”, manifestó Iglesias.
La misión que estuvo en Honduras del 2 al 8 de mayo, expresó que la decisión de viajar nuevamente a este país centroamericano se debe a la grave situación de crisis de derechos humanos, incluyendo los laborales, que ha venido golpeando a su población tras el golpe de Estado de 2009.
La Sexta Misión de la UITA se reunió, entre otros, con la Coordinadora General Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, así como con representantes de la Unión de Sindicatos de Trabajadores de Alimentos y Bebidas de Honduras (USTBAH), la Red de Sindicatos de la Maquila, la Plataforma Agraria Regional del Aguán, el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
La Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva expresó que los gobiernos avalan y permiten que varias empresas violenten los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras en Honduras.
“Es ahí donde tenemos que decirles sin temor, porque decir la verdad, es la que libera a los pueblos, entonces la gente no debe tener miedo para hablar sobre lo que realmente está pasando, sobre las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, porque de lo contrario va a estar muy difícil que el pueblo se libere, si nuestras voces se callan, si nuestras voces se intimidan”, sostuvo Oliva.
La misión sostuvo reuniones con varios fiscales del Ministerio Público (MP), “manifestándoles su profunda preocupación ante la campaña de criminalización y judicialización de cientos de campesinos y campesinas en diferentes zonas del país. Asimismo mostraron sus inquietudes por el caso de Berta Cáceres y la situación de inseguridad que viven las y los trabajadores de las meloneras en el sur de Honduras por el simple delito de haber constituido un sindicato. También mostraron su preocupación ante la situación de quiebra del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la demora en encontrar los responsables del mayúsculo robo que allí se llevó a cabo”, señaló el comunicado.
Anuncian la conformación de la Unión de Sindicatos de Trabajadores de Alimentos y Bebidas
El líder sindical Carlos H. Reyes instó a la clase obrera a organizarse para restablecer los derechos perdidos, porque a la hora de organizar sindicatos la situación se vuelve difícil frente a la aplicación de la Ley de Empleo Temporal.
Reyes citó que organizaciones que existen en las maquilas, se han organizado en red de sindicatos para demandar y exigir el cumplimiento de sus derechos, entonces “nosotros estamos formando la Unión de Sindicatos de Trabajadores de Alimentos y Bebidas, donde está el banano, el azúcar, el melón y las bebidas, o sea que estamos haciendo una unión y lo que se quiere es que ahora solo existan sindicatos de industrias y no sindicatos de empresas”.
La Misión, acompañada por miembros del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS), viajó a Choluteca para reunirse con las trabajadoras de las meloneras propiedad de la transnacionales Fyffes en las comunidades de La Permuta y Los Chagüites, a quienes las empresas meloneras Sur Agrícolas de Honduras (Suragroh) y Melón Export S. A. (Melexsa) han cercenado los derechos de libertad sindical y negociación colectiva.
Una situación ya difícil que se ha vuelto aún más preocupante después del atentado del pasado 13 de abril que sufrieran los hermanos Moisés y Misael Sánchez, ambos miembros del sindicato, quienes fueron atacados por individuos encapuchados, armados de pistolas y machetes que al mismo tiempo que proferían golpes, los amenazaban que si seguían con su labor sindical “deberían atenerse a las consecuencias”.
A raíz de esta grave situación de violación de derechos, el pasado 4 de mayo la transnacional Fyffes ha sido suspendida de la membresía de la Iniciativa de Comercio Ético (ETI por su sigla en inglés), cuya sede está en Londres, Inglaterra.
Fyffes tiene ahora 90 días para aceptar sentarse con la UITA a una mesa de diálogo para solucionar la grave situación de violación de derechos en Honduras. De no hacerlo será expulsada definitivamente de dicha instancia de comercio ético.
La Misión se reunió con el Ministro del Trabajo donde además de este caso en la compañía Fyffes, se abordó la situación de incertidumbre que padecen los trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional Agrario (INA), con la pérdida de derechos adquiridos en su contrato colectivo.
Se subrayó con profunda preocupación la actitud dilatoria de la Cervecería Hondureña (AB InBev) y Embotelladora La Reyna (CBC Honduras, PepsiCo), y como ambas empresas pretenden tercerizar a un mayor número de trabajadores y precarizar las condiciones de labor, lo cual el STIBYS ha venido denunciando sistemáticamente.
La Misión estuvo integrada por Gerardo Iglesias, Secretario Regional de la UITA, Marcial Cabrera, miembro del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA y Carlos H. Reyes, del Comité Ejecutivo Mundial de la UITA, y presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS).
La Sexta Misión de la UITA se compromete en realizar un exhaustivo informe y darlo a conocer a la opinión pública internacional y socializarlo en la 106.a Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, en junio de este año, como en el 27 Congreso Mundial de la UITA que se celebrará en agosto del actual en Ginebra, Suiza.
La UITA cuenta con 425 organizaciones afiliadas en 124 países. Desde su fundación en 1920, la solidaridad internacional de los trabajadores y trabajadoras, y la promoción y defensa de los derechos humanos, han sido y continúan siendo los principios rectores de la Internacional.
