Tocoa, Honduras.- Las terapias sicosociales han juntado a las víctimas de la masacre en la finca El Tumbador. Ellas y ellos se abrazan en el dolor de la pérdida de sus seres queridos por las balas militares y guardias de seguridad privada. Pero sonríen con la ilusión de que la justicia llegará, y la memoria de sus mártires acompaña el camino.
Desde el 15 de noviembre del 2010, cuando sucedieron estos hechos que enlutaron a la comunidad “Guadalupe Carney”, en Trujillo, departamento de Colón, se ha convertido en una eterna noche de búsqueda, no hay investigaciones, la crisis humanitaria aumenta y las heridas no sanan. El Estado cómo responsable velar por los derechos humanos, la integridad de la población y de proveer tierras a los campesinos para cosecharla, olvidó su obligación.
La investigación del caso ha dejado al descubierto la inacción de parte de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA) del Ministerio Público, quien se negó a recibir una solicitud de información sobre los avances de la investigación de parte del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en su reciente visita a la región norte del país.
Lo sucedido en El Tumbador no es nada oculto, fue un hecho conocido pública e inmediatamente. Las mismas autoridades de investigación participaron en el desalojo y levantamiento de los cuerpos, por lo que es ridículo que agentes de la UMVIBA, que dirige la fiscal Suyapa Rivera Palacios, exprese que, por que han pasado varios años se complica la investigación.
Eso solo demuestra la línea que se tiene para fortalecer la impunidad en el país, afirmó la defensora de derechos humanos y coordinadora general del COFADEH, Berta Oliva.
El Comité nunca se ha movido más que por el interés de combatir la impunidad y corrupción, fortalecer la memoria histórica del país, organizar y educar. Referente al caso de El Tumbador, Oliva agregó que, se necesita un proceso desde el monitoreo y agotamiento del proceso interno hasta la presentación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y esperamos que no pasen 10 años para decir que fue admitido y aceptado porque estaríamos ante un caso de impunidad que trasciende fronteras.
Por el derecho a la tierra
El Movimiento Campesino del Aguán (MCA) en el año 2002 inició el proceso de recuperación de tierras en los predios donde operó el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), en la década de 1980. Eran 5,724.92 manzanas de tierra que podían ser cultivadas.
Las tierras eran ocupadas por militares y terratenientes, en ellas deambulaban las vacas y otros animales. Los campesinos en el Bajo Aguán, al igual que 300 mil familias campesinas en Honduras, no tenían donde sembrar sus alimentos.
En abril del 2010 el MCA se propuso recuperar pacífica y legalmente 540 hectáreas de tierra en la finca El Tumbador, aun en poder del terrateniente Miguel Facussé, recordó el líder campesino Pedro Ulloa, sobreviviente de la masacre. Pero, los desalojaron en agosto cuando personas malintencionadas saquearon unas bodegas.
El entonces ministro Instituto Nacional Agrario (INA), César Ham, dijo que el proceso de legalización se vería interrumpido si los grupos campesinos estaban fuera de las tierras “ustedes tienen que volver a las tierras de El Tumbador”, fue la frase del funcionario, según relató don Pedro, y así fue que planificaron volver el 15 de noviembre.
Cada detalle de ese fatídico día se vive como si hubiese sido recientemente, pese a que los hijos de los campesinos asesinados rodean los 10 años de edad, para ellos la incertidumbre es más complicada, pues solo escuchan sus nombres y como fueron asesinados.
En los próximos meses, se tiene contemplado que el rostro de Raúl Castillo (48), miembro de la Cooperativa 14 de Mayo; José Luis Sauceda Pastrana (25); Ciriaco de Jesús Muñoz (50), de la Cooperativa Nueva Esperanza; Teodoro Acosta (39), de la Cooperativa Nueva Vida; e Ignacio Reyes García (50) de la Cooperativa Familias Unidas número 3, queden plasmados en un mural dentro de la Casa de la Cultura de la comunidad “Guadalupe Carney”.
Luís Alonso Castillo Gallardo, es un joven de 15 años que debería estar estudiando el bachillerato. Las ganas no se faltan, pero si el dinero, lamentó doña Guadalupe Gallardo, viuda de Raúl Castillo. Con el asesinato del campesino, ella debió hacerse cargo de la manutención del menor, pero el coste económico de la vida es cada día más elevado, y solo su ingreso no es suficiente en comparación al poco acceso a la educación en Honduras.
“No tengo muchos recuerdos de mi papá solo que una vez me llevó a El Tumbador, me hubiera gustado convivir más tiempo con él”, declaró Luís.
Ambos participaron en la sesión terapéutica, espacio oportuno para liberar emociones que muchas veces no se pueden mostrar. Surgieron sueños, anhelos, miedos y fortalezas, que se deben impulsar desde el ánimo personal y lucha colectiva, en este caso los une el dolor y necesidad de justicia, para ellos a las familias víctimas las acompaña el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), casi desde el instante de la masacre, recordó la procuradora de derechos humanos, Lorena Rubí.
No sido fácil esta situación, expresó doña María Concepción Membreño, al tiempo que rompió en llanto, su hijo que tiene la misma edad de fallecido su padre, Teodoro Acosta, estaba en su regazo, y su hija ya adolescente, de pie atrás de ella. Los menores guardaron silencio, las lágrimas de la mujer han sido su escenario, tras enviudar.
Es muy triste para mí cuando mi hijo que tenía diez día de nacido, asesinaron a su papá, no sé qué decirles cuando me preguntan por él, y no hallamos justicia, agregó doña Concepción.
Marixa Acosta, también debió abandonar la escuela, ahora realiza labores domésticas a otras personas a cambio de unos lempiras, con los que aporta a la alimentación de la familia. Dos de sus hermanos se han ido en las caravanas migrantes, con la intención de llegar a los Estados Unidos, pero hasta el momento sin éxito alguno.
“Mamá me voy” fueron las palabras de despedida de uno de sus muchachos, doña Concepción volvió a llorar, porque hace más de un mes que no sabe de él. El primer joven ya se había ido pero lo deportaron, ahora está cultivando poco la palma, en las tierras que les dejo su padre. La palma no es para gente pobre, se necesita mucho dinero para abonar la tierra y no tenemos ingresos, lamentó la que fue compañera de Teodoro.
Con estas terapias nos han enseñados a sacar tristeza y resentimientos, declaró doña Guadalupe, ya que desde el asesinato de su compañero la invadió la tristeza. En el caso de otras compañeras –añadió- la migración producto de la pobreza, también las afecta.
El COFADEH como parte de su labor de atención integral a las víctimas, facilita las terapias con psicóloga Rosa Maldonado, quien les dio pautas para reconocer el amor propio y metas de superación personal, que suelten el dolor y la búsqueda de justicia sea una luz de esperanza.
En los próximos meses, el pueblo de la Guadalupe Carney, tendrá los rostros de los cinco mártires en un mural cultural, tras consultar con las viudas, informó a defensores en línea, el líder campesino de la Unión Nacional de Campesinos de Honduras (UNACH) Florentino Pérez, porque José Luís, Raúl, Siriaco, Ignacio y Teodoro, fueron asesinados durante la lucha por la tierra y su memoria merece nuestro respeto.
El Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA), registra al menos 143 asesinatos en la última década, más los compañeros desaparecidos, cuyos cuerpos pueden estar enterrados en las fincas palmeras, desde hace unos años.
El caso de los compañeros de El Tumbador forman parte de esas estadísticas, pero no así que sean parte de la impunidad, compartió la defensora de derechos humanos ahora en el exilio, Irma Lemús, vecina de la “Guadalupe Carney”, mientras escuchaba el testimonios de sus compañeras, en el programa radial Voces Contra el Olvido, del COFADEH.
