Por Sandra Rodríguez
Gracias, Lempira. – Porque existe la duda en el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Gracias, Lempira, sí se citó o no al miembro del ejército Fredy Silvino Amaya, se pospuso ayer, el juicio oral y público contra policías y militares acusados por los delitos de vejámenes, allanamiento de morada, detención ilegal y falta a los deberes de los funcionarios, hechos ocurridos en agosto del 2016.
Son cinco policías y dos militares identificados como los participantes de atacar la noche del 27 de agosto del 2016, a Máximo Ramos, habitante del municipio de Gualcinse, al sur de Lempira. Los uniformados, supuestamente fueron avisados que una persona estaba haciendo disparos al aire bajo los efectos del alcohol. Por lo que la patrulla fue reforzada con agentes del municipio de Piraera.
Ramos, quien después de los hechos que casi le quitan la vida, ha debido estar fuera de su casa, huyendo de la represalias y amenazas por haber denunciado dichas agresiones, que empezaron en su casa, siguieron a bordo de una patrulla y concluyeron en la posta policial de Gualcinse.
La audiencia se dio por iniciada con la presencia del Tribunal, dos abogados de la defensa, la parte acusadora compuesta por Walter Mendoza, el fiscal del Ministerio Público; y como representación privada, Karol Cárdenas del área del acceso a la justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), los testigos, peritos y los imputados.
Pese a que estaban los policías Alfonzo Sánchez López, Lázaro Portillo Amaya, Nahún Moisés Nolasco Ventura, Salatiel Rodríguez Amaya, Osman Olvani Raudales Arguijo, y el miembro del ejército sargento Omar Gómez Martínez, la jueza mandó a ubicar al soldado Fredy Silvino Amaya Ramos, vía telefónica, se dio un tiempo de espera, y ante el desconocimiento de su paradero, mandó a posponer la audiencia para el martes 10 de octubre.
La parte acusadora solicitó que se avanzara mientras se ubicaba a Amaya Ramos, pero la jueza a cargo del Tribunal expresó que lo que importaba lo que el Tribunal mandaba, porque está obligado a velar por los derechos del imputado, pese a que los demás estaban presente.
Máximo Ramos, como víctima, expresó que posponer el juicio es dilatar el proceso, en el que, él sólo busca justicia. Además, que estar asistiendo a esta ciudad requiere gasto de dinero, tiempo y exposición de los testigos.
Los cinco policías y dos militares están acusados por cuatro delitos: vejámenes, allanamiento de morada, detención ilegal y violaciones de los deberes de los funcionarios en perjuicio de Máximo Ramos Díaz, quien era acompañado esa noche por Anastasio Melchor Mejía, ambos habitantes de Gualcinse.
En la audiencia inicial, que tuvo lugar en enero, se decretó sobreseimiento provisional para el policía José Antonio Ferman, quien estaría el día de ataque fuera del municipio.
El MP y el COFADEH deberán formalizar públicamente de la acusación, en miras a que se haga justicia en favor del ciudadano Máximo Ramos, reconocido en su comunidad por su acción social y política en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
El trato de los uniformados fue deshumanizado, allanaron la vivienda y no tomaron en cuenta que había menores de edad y la esposa de Ramos, quien ha dado su testimonio sobre los hechos en este proceso.
Ese día además le quitaron el arma debidamente registrada, manifestándole que la remitirían a la jefatura de Gracias, pero no se la devolvieron. También le sustrajeron veinte mil 500 lempiras y una cadena de oro valorada en unos 20 mil lempiras.
Aunque hay procedimientos de captura, no se aplicó en este caso, declaró Cárdenas, porque Ramos fue sometido a la impotencia y además amenazaron a su compañero Mejía, que, si veía lo que hacían, matarían a Máximo.
Se ha dicho que estos policías fueron separados de la institución armada, supuestamente por esta denuncia, y eso creó temor y ansiedad en Máximo Ramos, quien goza de un estado psicológico normal.
