Por: Marvin Palacios
Choluteca (lunes 22 de mayo de 2017).- El Tribunal de Sentencia de esta ciudad condenó el pasado 26 de abril de este año, a 2 de tres pescadores miembros de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), acusados por los delitos de usurpación, daños y amenazas en perjuicio de Jorge Luis Casís Leiva, virtual dueño de un terreno localizado en Playa Blanca, municipio de Amapala.
Los sentenciados mantienen las medidas sustitutivas a la prisión, hasta tanto se conozca la individualización de la pena.
El Tribunal citó a las partes para el día miércoles 24 de mayo a la 1:30 pm, donde se llevará a cabo la audiencia de Individualización de la Pena.
El Tribunal de sentencia está conformado por los jueces Carlos Gustavo Quiróz, Ana Julia Durón y Gustavo Escoto.
Por los delitos de usurpación, daños a la propiedad y amenazas, los jueces condenaron al defensor de derechos humanos Abel Antonio Pérez, y al pescador Santos Hernández, mientras que a Santos Tomás Cruz lo absolvió de todos los delitos.
Jorge Luis Casís Leiva reclamó ante los tribunales, la posesión de un predio ubicado en la comunidad Playa Blanca, en la península de Zacate Grande, municipio de Amapala, departamento de Valle.
Cassis Leiva, en su declaración ante el tribunal, el pasado 27 de marzo, expresó que los problemas iniciaron en el año 2015, cuando empezó a llegar gente a la comunidad de Playa Blanca donde él tiene terrenos que fueron heredados por sus padres. Los hechos fueron después del cierre de la playa La Guayaba Dorada, una de las más visitadas en el pacífico hondureño.
Santos Hernández Ortiz, Santos Tomás Cruz y Abel Antonio Pérez, fueron enjuiciados desde que decidieron acondicionar temporalmente el predio como estacionamiento para los veraneantes en la Semana Santa del año 2015.
Este proceso judicial inició hace dos años, las primeras audiencias fueron suspendidas en varias ocasiones por diferentes motivos, mientras los imputados cumplían medidas sustitutivas a la prisión, consistentes en ir a firmar cada quince días al juzgado de Amapala, no salir del país, no acercarse a los predios en litigio ni al afectado.
Hace un año, Santos Hernández y Abel Pérez Ávila, fueron sentenciados a prisión, por el incumplimiento de las medidas, ya que por motivos económicos no asistían regularmente a firmar el libro de registro en la Isla del Tigre, a la que sólo se llega vía marítima, y hubo testigos que afirmaron haber visto a los imputados en los predios en litigio.
Cabe mencionar que ese terreno ha sido utilizado como camino de paso desde que la comunidad recuerda, además carros comerciales llegan a dejar producto, e incluso los que reparten ayuda gubernamental.
La situación económica social de las familias en Playa Blanca es muy precaria, apenas hay fuentes de empleo. El papá y la mamá de Abel, se hicieron cargo de dos niñas y un niño, esperando el alimento diario que pueden obtener de sus gallinas. Mientras que la esposa e hijo de Santos, esperaban la asistencia en una casa con apenas una hamaca colgada, el fogón apagado y un muro construido por mandato del terrateniente que está casi al ras de sus paredes.
Para poder sobrevivir los habitantes de la Península de Zacate Grande se dedican a la pesca y al cultivo de maíz, sandía, entre otros, en una tierra que no es muy apta para la agricultura.
En la Península de Zacate Grande viven en zozobra unas 6 mil personas, debido a que familias de terratenientes como los Facussé, los Cassís y Malespín están empecinados en sacarlos de la zona, donde han vivido por más de 100 años, han denunciado líderes de la ADEPZA.
Abel y Santos estuvieron más de cien días en la granja penal de Nacaome, departamento de Valle, al sur de Honduras. Ambos son padres de familia y sus hijos son menores de edad, por lo que organizaciones como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), además de darles acompañamiento legal, también brindaron asistencia social en sus hogares.
Según el Código penal, corresponde al delito de usurpación una pena de 2 a 4 años de reclusión, por el delito de daños, la pena va 3 a 5 años y por el delito de amenazas, una pena que va de seis meses a 2 años.
El Tribunal de Sentencia acreditó en autos, el derecho legítimo de propiedad de Jorge Luis Cassís Leiva, por lo que los jueces han determinado que el ingreso de los imputados a la propiedad provocó deterioro de la misma.
El Tribunal de Sentencia de Choluteca condenó el 26 de abril de 2017 a Abel Antonio Pérez y Santos Hernández Ortiz, por los delitos de usurpación, daños y amenazas, mientras que absolvió de todos los delitos a Santos Tomás Cruz.
