Siguatepeque, Honduras.- El Tribunal de Sentencia determinó absolver un delito y condenar por otro a tres campesinos criminalizados por la tenencia de la tierra en el departamento de Comayagua, este 3 de agosto, por lo que deberán seguir cumpliendo con las medidas sustitutivas a la prisión ya establecidas.
La terna de jueces del Tribunal que había mostrado un voto dicidente durante el Juicio Oral y Público que concluyó el pasado 21 de julio, en esta ocasión votó por unanimidad declarando culpables por el supuesto delito de usurpación y absueltos por el delito de roturación de tierra a los líderes campesinos de la EAC «11 de Marzo» de El Porvenir, Siguatepeque: Vicente Castro (62), Juan Mejía (62) y Evelio Vásquez (54).
Karol Cárdenas, representante legal de los campesinos por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), declaró a Defensores en Línea, que en los próximos días analizará sobre las acciones legales a seguir, para que no se continúe criminalizando a los trabajadores de la tierra.
El Tribunal expuso que el fallo no era en favor de alguien, sino que existe un daño que afecta la propiedad privada y a la sociedad que la prueba presentada era contundente en cuanto a que encontraron a los imputados en el terreno que se dice es del maderero Marco Antonio Valeriano Barahona.
Y agregó que, si bien un perito testificó en el juicio que había indicios de alteración del suelo, la prueba fue incapaz para asegurar ese hecho. Pero, tienen un mes para desalojar la tierra en proceso de recuperación desde hace tres años.
La audiencia de individualización de pena concreta será el 18 de agosto próximo a las 9 a.m. en la ciudad central de Honduras, y cuya pena oscila entre 3 y 5 años de prisión.
Cárdenas agregó que hoy la audiencia de hoy es parte del proceso y queda pendiente dos citas más, pese a que no se probó claramente que los criminalizados organizados en un grupo campesino sean responsables del delito que se les imputa, ya que ellos han hecho uso del derecho a la Petición ante el Instituto Nacional Agrario (INA) para legalizar la tierra donde cultivan sus alimentos.
Lamentablemente el Ministerio Público penaliza las acciones propias de la agricultura, no así la tala de bosque a gran escala. En este caso la defensa representada por el COFADEH solicitó que el proceso se tratara por la vía Civil, logrando un voto incidente, pero continuó por la vía penal para criminalizar a los defensores de la tierra.
Se condenó a los Defensores de la Tierra por andar un machete, cuando fueron capturados (herramienta agrícola que no fue exhibida en juicio), «como todos sabemos es de uso necesario el trabajo de los campesinos» afirmó la abogada, por lo que no comparte la decisión del Ministerio Público, representado por el fiscal del ambiente, Maximiliano Rubí Jiménez.
Por lo que el fallo favorece a una persona que se dedica la industria de la madera, gasolineras y transporte, que habría adquirido -según su declaración- mediante compra a banco de Occidente hace más de 10 años.
Solidaridad
Un grupo de compañeros de los campesinos realizaron un plantón frente al Juzgado de Siguatepeque, mientras se leía la sentencia.
Portaron carteles con diferentes mensajes exigiendo la libertad definitiva, respeto a los pueblos indígenas, que se haga valer el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y que se investigue como es que el terrateniente obtuvo más de 90 manzanas de teirra que están en litigio.
También declararon que les preocupa la orden de desalojo, porque la vez que llegaron (en 2018) les destruyeron todo lo que tenían.
Actualmente hay maíz, café, frijoles y hortalizas en los huertos familiares. Pero no pueden vivir tranquilos porque temen a las amenazas, pese a que las tierras nacionales, pero el INA aún no les resuelve mediante documentación.
Cabe señalar que los criminalizados fueron capturados la mañana del 12 de marzo de 2019, por elementos de la Policía Nacional que dieron captura a José Santos Vázquez y Juan Mejía. Al día siguiente el presidente del grupo campesino, don Vicente Castro, llegó a la posta policial y fue capturado, permanecieron privados de libertad hasta la Audiencia Inicial el 19 de marzo.
En ningún momento han dejado de cumplir con las medidas sustitutivas a la prisión, ni cuando inició a la pandemia por el Covid-19, que el régimen de Juan Orlando Hernández ordenó la suspensión de garantías constitucionales, el aislamiento y no transporte.
Los tres campesinos han cumplido las medidas sustitutivas impuestas: ir a firmar al juzgado, no salir del país, no acercarse al supuesto afectado, tampoco a los predios en litigio.
Incumplimiento Internacional
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 17 de diciembre de 2018, la Declaración de Derechos de Campesinos y Campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales, pero en Honduras aún no se considera y su voto fue de abstención. Mientras continúan las violaciones a los defensores de la tierra.
La deuda aumenta en este tema, ya que continúa siendo una recomendación del Examen Periódico Universal (EPU) sin cumplir, las naciones mencionan la adopción de leyes que defiendan los derechos de los defensores del ambiente y campesinos, además el cese a la represión contra estos grupos vulnerables.
La Declaración de Derechos de Campesinos y Campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales tiene como finalidad “proteger, respetar y garantizar los derechos de campesinos y campesinas” que son defensores de territorios.
En la comunidad El Porvenir, habitan más de 400 familias, de las que 180 familias se dedican directamente a la agricultura en el grupo campesino, y de estas 25 fabrican alfarería. Por lo que la tierra es su materia prima.
