El Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada el 30 de agosto coincide con el Día Nacional del Detenido Desaparecido en Honduras, y con el aniversario de este programa Voces contra el Olvido.
Cada uno de esos tres hechos de enorme significado en la vida del Cofadeh, en la lucha por la verdad y la justicia, tiene su propio origen, su contexto particular y sus consecuencias en el tiempo.
En Honduras, este año las fechas coinciden con la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir del martes 29 en Tegucigalpa, y con el reclamo colectivo de familias víctimas de desapariciones forzadas ocurridas en 1981 ante el enmudecido Ministerio Público.
Entre las familias afectadas que no olvidarán jamás los crímenes de lesa humanidad, que no prescriben en su eterna reclamación de justicia, habrá una familia costarricense que llegará a la Fiscalía a pedir cuentas por el ciudadano Eduardo Aníbal Blanco Araya, víctima del escuadrón de la muerte 3-16 el 14 de noviembre de 1981.
En grandes titulares, esos son los hechos nacionales que están proyectados para el próximo miércoles 30 de agosto y que retomaremos al final.
Ahora, le damos paso a tres realidades internacionales que van demostrando aquella máxima mil veces repetida por nuestro líder social Carlos H Reyes: los pueblos nunca olvidan y los pueblos siempre vencen.
En Argentina esta semana se recuerda el trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada por el presidente Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, para demostrar las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura militar.
Aquella comisión recorrió todo el país en busca de testimonios de sobrevivientes, de familiares, de represores y de ubicaciones de los edificios utilizados como centros de detención. Su informe final titulado Nunca Más registró parcialmente la existencia de 8,961 personas desaparecidas y 380 centros clandestinos de detención y tortura.
Entre todos los países latinoamericanos víctimas del Plan Cóndor estadounidense, una herida mortal en el alma de este continente, es Argentina el país que más avanzó en el juzgamiento de militares torturadores y asesinos a partir de aquel informe.
Entre 2006 y finales de 2021, los tribunales civiles argentinos dictaron 264 sentencias condenatorias por crímenes de lesa humanidad, que castigan a 1.044 personas culpables. Esos tribunales también absolvieron a 162 acusados del régimen militar de 1976 a 1983.
Todo lo realizado hasta ahora en la tierra de Adolfo Pérez Esquivel y Norita Cortiñas no es suficiente. Nunca será suficiente frente al enorme daño provocado a la humanidad mientras el fútbol se lo tragaba todo y mientras las iglesias volteaban la mirada lejos de los cristos sufrientes. Pero una lección es clara en Argentina: sin la plaza de mayo, sin las abuelas y madres, sin los medios alternativos y sin la presión de las comunas y barrios heridos, sin el pueblo bravo, los avances no continuarían. Y a la fecha, continúan este 30 de agosto.
Pasamos ahora al Diario Militar de Guatemala, también llamado el expediente de la muerte. Un caso paradigmático de los actos de violencia del Estado guatemalteco durante el Conflicto Armado Interno, actos de terror apoyados por el gobierno gringo con entrenamiento, financiamiento y apoyo militar.
El diario Plaza Pública describe en su edición de septiembre 2013 que son cincuenta y cinco páginas mecanografiadas que contienen cada una entre tres y cinco fichas de militantes detenidos por la inteligencia militar. Cada ficha incluye una fotografía y los datos básicos de la persona: nombre, alias, circunstancias de su secuestro y qué entregó: casas, armas, compañeros.
Probablemente, dice el periódico, este documento fue elaborado por oficiales del Archivo, la sección de inteligencia del Estado Mayor Presidencial. Es un documento único en Latinoamérica. Un miembro retirado del ejército de Guatemala lo vendió en 1999 al National Security Archive, de la Universidad George Washington, en Estados Unidos.
El ejército negó la veracidad del expediente. Pero en noviembre de 2011 fueron hallados dos cadáveres de personas registradas en el Diario Militar enterrados en un antiguo destacamento militar. Y, luego, pues, de ahí la historia de la ONG estadounidense que desclasificó ese diario militar y desencadenó una tormenta de nuevos documentos secretos en Guatemala, y el comienzo de la justicia.
Este 30 de agosto coincidentemente, sin importar los ataques y amenazas al juez Miguel Angel Galvez y a las familias afectadas, el caso de 195 personas detenidas ilegalmente, violadas, torturadas y asesinadas por la fuerza armada en 1983, entra a una nueva audiencia pública. Hasta ahora, 11 chafas chapines han sido sancionados en ese dossier, pero tres pidieron amparo: Juan Francisco Cifuentes Cano, Enrique Cifuentes de la Cruz y Jacobo Esdras Salán Sánchez. Ayer, sin embargo, el Ministerio Público, dijo que ese derecho no les asiste. Venga la sentencia contra la dictadura de Óscar Humberto Mejía Víctores. El próximo miércoles.
En ocasión de este acontecimiento, el mundo reconoce especialmente la valentía de las mujeres que se organizaron tras la desaparición forzada de sus seres queridos, que nunca pararon en 39 años, haciendo frente a las poderosas estructuras que existían en Guatemala y que continúan existiendo. Se reconocen también los increíbles riesgos que asumen al testimoniar en contra de esos actores feroces. Esos actores que hoy saben que la verdad es aún más poderosa, y que prevalecerá.
En una carta pública esta semana numerosas organizaciones y personas del mundo se han unido a este ejemplo de lucha por la justicia en Guatemala después de haberse descubierto la libreta de la muerte con los nombres de las víctimas y de los militares asesinos.
Esta noche nosotras expresamos solidaridad a los familiares, a las organizaciones querellantes, abogados, fiscales y al Juez Miguel Ángel Gálvez, y exigimos la garantía de seguridad e integridad física de todos ellos y ellas. Exhortamos al Estado de Guatemala a garantizar un proceso judicial imparcial, en conformidad con los estándares nacionales e internacionales y el respeto a los derechos de las víctimas, sobrevivientes, organizaciones que les acompañan, y de los operadores de justicia.
Del diario de Guatemala pasamos a Ayotzinapa, en Guerrero, México. Esta última semana de agosto el dolor de 43 madres y padres de los indígenas estudiantes de magisterio desaparecidos en 2014 ha llegado a la cumbre. El Estado de México acepta que secuestró, torturó, desapareció y obstruyó la justicia para impedir la identificación de los asesinos. El exfiscal general Jesús Murillo ha sido arrestado por su papel en este crimen contra la humanidad. Un precedente judicial que pone en alto la moral de las marchas populares frente a uno de los peores abusos en la historia de México. Y que debe llevar hacia el gobernador, hacia el ejército y hacia los extranjeros que estimulan el tráfico de drogas hacia su país.
De México re-venimos a Honduras. Este 30 de agosto, María Gabriela Jiménez llegará desde Costa Rica al Ministerio Público en Tegucigalpa a pedir cuentas al Estado de Honduras por la desaparición de su esposo Eduardo Aníbal Blanco Araya, en 1981.
No es la primera vez que la familia de Eduardo reclama justicia. En 1984, cuando el siniestro general Gustavo Álvarez Martínez fue expulsado a San José por sus compañeros de armas, toda la familia Blanco Araya acusó penalmente al criminal por esta desaparición forzada. Aquella demanda judicial es un precedente, que hoy es retomado por enésima vez en ocasión del Día internacional de las víctimas de desaparición forzada.
Actualmente, Maria Gabriela Jiménez, su hijo Aníbal Federico y la hermana de Eduardo, Elvielen Blanco Araya, son parte de la Asociación Centroamericana de Detenidos-Desaparecidos (ACAFADE), con sede en San José.
Con la familia Blanco Araya, otras familias víctimas de la desaparición forzada reclamarán también la próxima semana que el Ministerio Público haga su trabajo, que investigue, que busque sin prejuicio la verdad, que cese de culpar a las víctimas por su dolor y que no se recueste irresponsablemente en su falta de medios para avanzar. Que busque su propio diario militar, poco importa si la policía prendió fuego a los archivos de Mateo y Casamata.
Nos preparamos, entonces, para el 30 que coincide con la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Tegucigalpa, para dar seguimiento a las sentencias emitidas contra el Estado en diferentes años. Para ampliar sobre el juicio a Honduras por el golpe de Estado de 2009. Para documentar las desapariciones del post golpe, incluidos los liderazgos garífunas de Triunfo de la Cruz. Para constatar que en seis meses no existen represiones a manifestaciones públicas, y que aquí la prensa dice lo que le da la gana.
Voces contra el Olvido (con eco). Voces. Nos despedimos de esta prosa editorial felicitando al Cofadeh por la sabia decisión de haber fundado este programa el 30 de agosto hace 22 años. Una pequeña ventana etérea que se ha convertido en una compuerta semanal de luz para el pueblo hondureño. ¡Felicidades! Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 27 de agosto de 2022
