Hace cuatro meses y medio, el Congreso Nacional recibió la palabra diáfana de la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras, Bertha Oliva.
Oliva habló al Pleno 40 años después de la imposición de la Doctrina de Seguridad Nacional por el gobierno republicano de Ronald Reagan y sus secuaces locales.
Prudente y firme, la defensora llegó a solicitar a los partidos políticos ahí representados la recuperación de la dignidad del Estado de Honduras, perdida por haberse sometido a los mandatos de la guerra fría.
Las líneas generales de una ley de reparación integral para las víctimas de aquella barbarie fueron propuestas a manera de motivación inicial.
El presidente Luis Redondo Guifarro dio la bienvenida formalmente a la iniciativa y expresó vergüenza, porque las víctimas tuvieron que esperar cuatro décadas para poder hablar aquí y ser escuchadas por el Estado.
Entre 1979 y 1989, los partidos liberal y nacional – instrumento de las 10 familias que han robado impunemente nuestras riquezas naturales – se humillaron a los gorilas deformados en la Escuela de las Américas y se entregaron a la represión regional.
La Agencia Antidrogas, junto a la CIA y el Pentágono, desarrollaron una estrategia de muerte que incluyó operaciones de narcotráfico para financiar ilegalmente a los contras antisandinistas, desplegando la ocupación militar en todo el territorio nacional.
La Doctrina de Seguridad Nacional inventó al enemigo comunista, puso al Estado por encima de la población y facultó a las fuerzas armadas a torturar, desaparecer y matar en nombre de dios y de la democracia.
Más de 200 asesinatos políticos y más de 180 desaparecidos por razones ideológicas es el saldo conservador de aquella demostración bruta contra las insurrecciones y revoluciones de Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
Los contras, marines, escuadrones de la muerte y comandos asesinos kaibiles y atlacatls, concurrían en Honduras minando territorios, espiando organizaciones y persiguiendo dirigentes que acabaron en la lista de las víctimas mortales de la DSN.
La injerencia de la embajada de Estados Unidos era directa. John Dimitri Negroponte, su buró político y los marines de Oliver North, entre otros canallas militaristas, dirigían las operaciones, la corrupción y la sumisión de la élite de las 10 familias que hoy siguen jodiendo a Honduras.
Del lado de las víctimas, vidas rotas, familias sin padres o sin madres por las acciones del escuadrón de la muerte 3-16, creado y entrenado por la CIA con apoyo de los generales sátrapas de la dictadura argentina y del Mosad.
Desde aquellos años, las víctimas han hecho la lucha por la verdad y la justicia desde el Cofadeh y otras organizaciones, en forma coordinada o dispersa, pero nunca sin haber planteado al Estado su responsabilidad de reparar los daños y proponer garantías de no repetición de los hechos.
En abril de 2024 fue histórico el momento de presentar una iniciativa de ley con el apoyo de la presidenta Xiomara Castro, de la Fundación Memoria Abierta y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
En aquellos días, diputados de todas las bancadas tomaron la palabra y se comprometieron en público a respaldar esta rectificación ética del Estado de Honduras. El titular del Legislativo nombró ahí mismo una Comisión de Dictamen para trabajar la Ley.
El compromiso expresado para entonces fue entregar a Honduras la ley integral de reparación a las víctimas de la doctrina de seguridad nacional el 30 de agosto de este año.
El 30 de agosto son varias fechas a la vez. Es el Día Internacional de las personas detenidas-desaparecidas, día nacional de detenidos-desaparecidos en Honduras y día internacional de víctimas.
Deseando llegar con el reloj a tiempo, el próximo martes el Cofadeh comparecerá ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para conocer su opinión y también se hará lo mismo a nivel de la Casa Presidencial.
El dictamen está en su fase final, casi listo para su discusión y aprobación, pero a veces como sabemos el tiempo histórico no camina de la mano con los tiempos administrativos y políticos. No se sabe si la meta será cumplida en fecha o posteriormente.
Tenemos confianza – dice Bertha Oliva, la coordinadora de esta histórica organización de familiares – que las víctimas estaremos en forma masiva este 30 de agosto en Tegucigalpa.
En la víspera de esa fecha, Oliva anunció que habrá ruedas de prensa informativas a la población general y actos públicos para debatir entre las víctimas los efectos imborrables de la tortura, el secuestro, la criminalización y la desaparición forzada.
Fue el Estado, de eso no hay duda.
Todos los crímenes de Estado en nombre de la democracia son heridas profundas en el alma de esta nación centroamericana.
Es tiempo de reparar, de sanar y seguir andando sin discursos de odio, sin inducciones de fraudes y manipulaciones que dividen y confrontan. No podemos volver atrás, porque si eso ocurre el país sangra otra vez.
Buenas noches
