Tegucigalpa/Washington D.C.- El pasado 30 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso litigado por La Red Lésbica Cattrachas y Robert F. Kennedy Human Rights sobre el transfemicidio de Vicky Hernández en Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso ha sido sometido a la Corte debido a la falta de cumplimiento por parte del Estado de Honduras de las recomendaciones de la CIDH, en particular por la falta de investigación sobre las circunstancias de la muerte de Vicky y la nula sanción de sus responsables.
Vicky Hernández era una mujer trans, trabajadora sexual y activista del colectivo Unidad Color Rosa, Colectivo que trabajaba en la defensa de los derechos humanos de las personas trans en Honduras. Vicky fue víctima de una ejecución extrajudicial en la ciudad de San Pedro Sula, la noche del 28 de junio de 2009, en el contexto del golpe de Estado en Honduras, durante el toque de queda y bajo la vigilancia de agentes del orden público. Es con la muerte de Vicky Hernández que se inicia la imparable escalada de violencia homicida en contra de las personas lesbianas, gays, transgénero, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTTBI), que persiste hasta nuestros días. A una década del transfemicidio, las diligencias investigativas por parte de las autoridades para esclarecer las circunstancias de la muerte de Vicky Hernández han sido mínimas y negligentes.
El caso de Vicky Hernández es representativo de las distintas manifestaciones de discriminación y exclusión social que viven miles de personas LGTTBI, tanto en Honduras como en la región. La intersección entre la expresión de identidad de género femenino de Vicky Hernández, la pobre- za y falta de oportunidades que enfrentó durante su vida, la violencia sufrida por su trabajo sexual y su situación de vulnerabilidad por ser VIH positiva se entrelazan no sólo en su vida sino en la ejecución extrajudicial que acabó con ella y la impunidad absoluta en la que permanece su muerte.
La ausencia de justicia en el caso de Vicky Hernández evidencia que en Honduras persiste un contexto de exclusión contra las personas sexo género diversas basado en prejuicios, normas y prácticas sociales; situación que propicia que en esta década transcurrida desde la ejecución extrajudicial de Vicky, hayan sido registradas 312 muertes LGTTBI por crímenes de odio, de las cuales tan solo 67 casos han sido judicializados, resultando en menos de 20 sentencias condenatorias. Aunado a ello, las personas LGTTBI son víctimas de la violencia estructural del Estado a través de marcos legales que excluyen derechos humanos tales como el matrimonio igualitario, el cambio de nombre y el cambio de identidad de género; y la ausencia de políticas públicas de protección social, que permitan el acceso a la educación, la salud, la seguridad y al trabajo.
Para la Red Lésbica Cattrachas, el largo y tumultuoso camino recorrido en busca de justicia en el caso de Vícky Hernández, marca un hito en la defensa de los derechos de las personas LGTTBI a nivel nacional e internacional; que, aunque no ha sido fácil, ahora se convierte en una oportunidad para reivindicar la lucha por el reconocimiento de la dignidad humana de las personas sexo-género diversas. Por primera vez en una década, se ha abierto la posibilidad de lograr justicia a través de una sentencia que reconozca y sancione las violaciones ocurridas en el transfemicidio de Vicky Hernández, y selle las bases para el desarrollo integral de la sociedad hondureña y la construcción de un Estado inclusivo que, sin restricción alguna, cumpla con el principio de igualdad ante la ley.
El caso de Vicky Hernández permitirá a la Corte Interamericana desarrollar estándares jurisprudenciales novedosos, particularmente sobre la expresión de género, la orientación sexual y el libre desarrollo de la identidad de género como dimensiones fundamentales del derecho a la libertad de expresión, reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana. La restricción a la libertad de expresión, tanto de la identidad de género como de la orientación sexual, afecta no solo a las personas trans sino de manera más general a las personas LGTTBI, incluyendo a las niñas, niños y adolescentes LGTTBI.
Este caso también le posibilitará a la Corte Interamericana profundizar sobre las obligaciones de debida diligencia en relación a la investigación de ejecuciones extrajudiciales y de hechos de violencia respecto a personas en alto riesgo.
«Una decisión favorable de la Corte Interamericana en este caso enviará un mensaje contundente a Honduras y los demás Estados de la región sobre su obligación de luchar contra la violencia hacia las personas LGTTBI» expresó Kerry Kennedy, Presidenta del Robert F. Kennedy Human Rights. «Creemos que la lucha contra la impunidad es fundamental para romper ese ciclo de violencia que envenena nuestra sociedad y desconoce la igualdad y dignidad de todas las personas» agregó.
La Red Lésbica Cattrachas y Robert F. Kennedy Human Rights seguirán luchando por la verdad, justicia y reparación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en memoria de Vicky Hernández y en representación de su familia, como de miles de víctimas de violencia trans- fóbica en Honduras y en toda la región.
