La pandemia de COVID-19 ha creado una recesión histórica con niveles récord de precariedad y desempleo en el mundo, lo que a su vez provoca una crisis humana sin precedentes que golpea más duramente, como ocurre en las catástrofes, a las personas más vulneradas por el sistema.
Una trabajadora de las empresas telefónicas en la capital, por ejemplo, que acepta la reducción del 40 por ciento de su salario a cambio de no perderlo todo, y sigue dando las 8 horas y más de teletrabajo durante la pandemia, está en una situación precaria.
Un empleado estrella del mes de mayo en maquilas del valle de Sula que acepta el envío obligado a casa, sin salario, a cambio de permanecer atento al teléfono para regresar en diciembre cuando el mercado de prendas en Estados Unidos y Canadá vuelva a repuntar, está en precariedad.
O todos esos 300 mil hombres y mujeres cuyos empleadores quebraron por la crisis sanitaria están jodidos, listos para partir en caravanas. ¿Y quienes no tenían trabajo y toda esa multitud de empleos informales, sin salario ni protección social?
Frente a esta realidad, la ONU publicó en abril un lineamiento general para los Estados Parte en el cual exige un compromiso político serio para garantizar el empleo y los servicios esenciales incluyendo la protección social.
“Proteger el empleo, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores del sector informal mediante programas de estímulo económico” dice la tercera línea de ese documento. La siguiente línea recuerda que la macroeconomía debe beneficiar a las personas más vulnerables. No a los eternos ordeñadores del presupuesto nacional. Ricachones oportunistas.
“Si los países quieren reconstruirse mejor, después de la crisis del COVID-19 debemos adoptar una economía diferente, que resista las futuras crisis”, dijo el secretario general de las Naciones Unidas.
En condiciones anteriores a la pandemia, el mundo necesitaba 470 millones de empleos para los recién llegados al mercado de trabajo. Imaginemos a Honduras el próximo año con más de mil empresas cerradas, unas de verdad y otras aprovechadas de la Covid, para evadir sus responsabilidades, con toda esa juventud buscando empleo…
Eso no se corrige con bonos de Vida Mejor ni con tarjetas kachurecas de consumo básico antes de las elecciones para asegurar el continuismo de los impostores, ladrones. Tampoco se corrige con jugarretas como las que hace la empresa europea-brasileña que tiene mucho de cervecería y nada de hondureña, a excepción de sus trabajadores.
Esa empresa, que lleva décadas imponiendo el malsano consumo de bebidas ultra azucaradas a Honduras, se porta Re-mal con sus trabajadores que dan la vida todos los días a pesar de la pandemia.
En la página facebook del sindicato de la industria de las bebidas se lee que la cervecería reemplazó en marzo a 800 trabajadores permanentes por empleados temporales llevados a la chamba por compañías traficantes de fuerza laboral. Esa mafia, creada por la propia empresa, es utilizada para violar el contrato colectivo con el Stybis y precarizar el empleo. Les pagan menos.
La jugada de la empresa es perversa. Entrega directamente las brutas y las aguas azucaradas a los camioneros de los supermercados y de los grandes depósitos a precio más bajo y con regalías, para cortar los propios empleos directos sobre la nómina sindical.
En una carta dirigida en agosto al viceministro de Trabajo, Olvin Villalobos, el sindicato de trabajadores cerveceros denunciaba ese juego. También exigía el pago de salarios a más de 200 trabajadores mayores de 60 años puestos en cuarentena por enfermedades de riesgo frente a la Covid, pero sin salario desde marzo.
Hace dos meses atrás, el Stibys denunció el convenio colectivo con esa cervecería y en septiembre último entregó el nuevo pliego de peticiones al ministerio de trabajo. Pero ahí están cerrados por miedo al virus. Dijeron desde sus computadoras que mientras el vicho ande ahí suelto, no habrá negociaciones colectivas. Entonces, el sindicato ha hecho lo que sabe hacer, además de birras: ir a los portones, gritar sobre la calle y denunciar frente al público. Unidos, a nivel nacional, frente a la firma de capital belga-brasileño, para que respete sus derechos.
La transnacional recurre a todo. Sanciona las protestas como lo hace la dictadura, usa reemplazantes precarizados como lo hace la dictadura en salud y educación, intimida a los directivos sindicales como hace la dictadura, y promueve negociaciones parciales de jubilaciones, como lo hace la dictadura.
Pero este retrato de violaciones a derechos económicos y sociales no es exclusivo de las empresas capitalistas transnacionales que se valen de la mano de obra barata y de los bienes de la naturaleza, que explotan sin control ni respeto a la Madre Tierra. Este también es el comportamiento del régimen impostor que humilla a los empleados públicos en salud y educación.
El mes pasado nos ocupamos de editorializar las denuncias del magisterio que ha dado su sangre pagando su luz, sus computadoras, las aplicaciones y las facturas de internet para procurar la educación de niños y jóvenes a nivel nacional, cuando se ha podido. ¿Y el régimen cómo les ha compensado? Usando su propio sistema de previsión para ahorcarlos con los bancos privados. Y retrasando sus salarios.
¿Y en salud? A toda esa gente con batas que llamaban héroes y heroínas, porque daban literalmente sus vidas salvando las víctimas del Covid dejadas de lado por la mafia de Invest, con salarios tardíos, con salarios incompletos, con respeto total a las formas de contratación. Así les pagan.
Durante septiembre y octubre, en distintos departamentos de Honduras, hemos visto temporales de enfermería, médicos, anestesistas, radiólogos, camilleros, personal de almacenes, de laboratorios, de cocinas, de costura, de ambulancias y administrativos, exigiendo sus salarios. ¿Salarios del mes? Nooo, salarios de hace seis meses y más.
Esto no puede continuar así. Los derechos humanos económicos y sociales, es decir al trabajo, a un salario justo, a la protección social y a la contratación colectiva, se respetan. Se respetan como la vida y como la libertad. Y como deben respetar los derechos de la tercera generación.
En los próximos meses, cuando haya pasado el discurso oficial del examen periódico universal a los Estados miembros de las Naciones Unidas en Ginebra, ya veremos la tensión social otra vez en nuestro país por esta bomba social que quieren aplacar con el jolgorio electoral.
Aquí estaremos, para testificar y actuar con ustedes, queridos trabajadores y trabajadoras, motores de este mundo, nervio central de la eterna lucha de clases.
¡Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 17 de octubre de 2020
