Las elites políticas, religiosas y mafiosas de Honduras han emitido más de 250 leyes habilitantes para sus negocios en los últimos ocho años del golpismo. Y ocupan más.
En diciembre de 2013 – después de imponerse en las urnas — el actual Presidente Hernández hizo diarrea legislativa con 160 decretos en una semana. Un récord absurdo.
Todas aquellas leyes sirvieron para formalizar la disminución de los derechos sociales, económicos y culturales de la población, y para legalizar la entrega del territorio nacional a las transnacionales.
Ahora quieren un nuevo Código Penal carcelario, que les permita echar para atrás la progresividad de los derechos civiles y políticos, especialmente aquellos referidos a la vida, la integridad física y la libertad.
Quieren un Código como la Biblia de los cristianos, que contenga todos los versículos y capítulos a la mano de policías, fiscales y jueces, que lanzarán a la hoguera del infierno a todos los seres amigos de lucifer.
En su discurso perverso los apologistas del Congreso venden su nuevo testamento penal como sinónimo de modernidad, para reemplazar el viejo código inquisidor de inicios del siglo pasado. Justifican que son nuevos tiempos, que hay nuevos delitos no tipificados y nuevas formas de delinquir, etcétera, etcétera.
Pero los legisladores – que representan los carteles de los poderes fácticos — realmente saben que el nuevo código debe oler a iglesias pisteras, a chepos antimotines, a mazmorras, a pozos de tortura y a fosas comunes.
Lamentablemente, los diputados liberales y nacionalistas – en nombre de Torquemada – están en camino a la recolonización de los territorios indígenas y a los espacios de la diversidad sexual y las juventudes y, lo más grave, avanzan hacia los cuerpos de las mujeres. Van con la idea de encarcelar a la mayoría de la población. Eso es lo que les importa.
Esa idea no es casual, responde al modelo criminal que crea miedos para construir cárceles y armar policías militares. Y hacer negocios en la perspectiva del continuismo.
Las élites de la mafia realmente están pensando en un Código que impida la salud reproductiva de las mujeres, que penalice las manifestaciones públicas y protestas sectoriales de la población, y van contra el internet libre. Quieren encarcelar la libertad de expresión y el derecho a la información.
En sus malévolos propósitos cuentan a su favor con el aceite evangélico y agua bendita de la Vía Iris – de los cascarones religiosos fundamentalistas – que siguen repartiendo bendiciones a los políticos corruptos para no pagar impuestos y continuar lavando dinero de los dos carteles.
En su mente llena de murciélagos las píldoras son abortivas, la diversidad sexual es un pecado, la libertad de información un libertinaje y las protestas ciudadanas un atraso del progreso.
Desde esta columna llamamos, a la Unión Europea y a la Cooperación Española a examinar su apoyo a este proceso de nuevo Código Penal. A nos ser cómplices de este nuevo absurdo.
Si ustedes, señores, avalan una nueva ley penal criminalizadora, que avanza con odio y racismo contra la progresividad de los derechos humanos, serán responsables de las nuevas violaciones.
Nosotros esperaríamos de la comunidad internacional – incluyendo a las delegaciones asiáticas y africanas en Tegucigalpa – que obliguen si es preciso a los súbditos del poder a adoptar las leyes internacionales pendientes y sus instrumentos, para que nos posibiliten el goce de los derechos que quieren disminuir.
Esta noche saludamos la iniciativa de las Naciones Unidas en Ginebra, que elabora un instrumento internacional, jurídicamente vinculante, contra las empresas transnacionales y otras agrupaciones de negocios que violan los derechos humanos en nuestros territorios.
Esta discusión es exigida desde hace muchos años por millones de personas afectadas por la impunidad de empresas mineras, textileras, represadoras, petroleras, constructoras, bases militares y grupos corporativos de toda laya, que hacen incidencia en los parlamentos y hasta en la plaza de San Pedro.
¡Vamos, que el tiempo apremia!
