Tegucigalpa.- Luego que se reportaran ocho casos de coronavirus (COVID 19) en Honduras y que se declarara alerta roja por 14 días, y pedir a la población que se mantuviera en sus casas con el fin de evitar que el virus se propague aún más, el Gobierno anunció la suspensión de las garantías constitucionales por siete días a partir de las 10 de la noche de este lunes 16 de marzo.
Entre las primeras medidas adoptadas mediante decreto PCM-021-2020 están la suspensión de labores en el sector público y privado, con la excepción de médicos, farmacias y supermercados, esta medida fue adoptada para frenar la propagación de y el avance del virus.
También quedan suspendidas las reuniones, eventos de todo tipo, así como actividades religiosas, ya que a mayor número de personas, mayor posibilidad de contagio existe.
En el Artículo 1 del Decreto se establece que “quedan restringidas por un plazo de 7 días a partir de la aprobación y publicación, las garantías establecidas en los artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 y 103 de la Constitución de la República”.
Así mismo las prohibiciones que tiene el documento, aparte de las ya especificadas, son la suspensión del transporte público, el funcionamiento de los negocios, incluyendo los centros comerciales y se ordenó el cierre de todas las fronteras, aéreas, marítimas y terrestres.
En este sentido solo se podrá circular para adquirir alimentos, productos farmacéuticos, a agencias financieras, cooperativas, entre otras, que sean estrictamente necesarias.
Además se advirtió en el Artículo 6 que las autoridades competentes deben detener a toda persona encontrada circulando fuera de las excepciones establecidas, a quienes se le leerán sus derechos conforme al Código Penal y su término de detención será conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley, además será puestos a la orden del Ministerio Público.
Ante la situación que atraviesa el país, y al confirmarse ocho casos de coronavirus, es necesario preguntarse si el sistema de salud hondureño está preparado para atender las personas que presenten síntomas del COVID-19.
Recientemente en una aparición en un foro televisivo la infectóloga Elsa Palaou expresó que entre hospitales públicos y privados no llegaban a cien ventiladores y de llegar más personas de esa cantidad, los respiradores serían insuficientes y los infectados morirían.
«Con las medidas que se están adoptando lo que se pretende es que no lleguen todos al mismo tiempo, que vayan llegando poco a poco, porque no solo es tener el ventilador, se necesita tener el recurso humano, y no todo médico puede manejarlo, y además el tiempo que debe permanecer una persona con el ventilador es indeterminado”, indicó.
Ante la emergencia de salud se aprobó la Ley de aceleración económica de protección social frente a los efectos del coronavirus, para la dotación de 11 mil 500 millones de dólares para frenar el Covid-19, fondos que, según el régimen, será para la construcción de 94 hospitales, equipo y contratación de personal.
Lo que si es cierto es que el actual Gobierno no se ha preocupado por atender las necesidades básicas, como la dotación de medicamentos ni mejorar la infraestructura de los hospitales públicos del país.
Ante la situación que está pasando el país es necesario preguntarse si Honduras está preparada para contrarrestar este tipo de problemas, si los principales centros asistenciales no se encuentran en la capacidad para atender a las personas que diariamente asisten a consulta, y no lo estarán para atender una emergencia sanitaria como la que se está atravesando a nivel mundial.
