A la expulsión de JOH en 2021 por Xiomara Castro al frente de la rebelión hondureña le hacía falta un nuevo poder judicial que completara, al menos en lo simbólico, la impostergable transición política que exige el país.
Sin justicia no podemos avanzar.
En realidad, en los últimos 15 años fueron los tribunales de Florida y Nueva York, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, que asumieron en parte el rol de operadores judiciales extra nacionales a favor de Honduras.
Organizaciones como el Cofadeh han debido destinar horas interminables de trabajo hombre-mujer para apoyar esos procesos durante los últimos 15 años, a pesar de todo.
Han sido esos litigios internacionales, con extradiciones, confiscaciones de bienes y audiencias públicas, que han devuelto en parte la moral seriamente lastimada del pueblo hondureño.
Es a causa de los golpistas azules y colorados, corruptos narcos manipuladores de iglesias, medios y tribunales, que Honduras padece las consecuencias de un retraso monumental en todos los órdenes, si hacemos comparaciones con nuestros vecinos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, por ejemplo.
Pero en enero de 2022, la primera mujer durante 200 años de vida republicana de Honduras, llegó a dignificar la investidura de la Casa Presidencial que había sido profanada para comprar votos, distribuir drogas y vulgarizar el Estado de Derecho.
El primer reto de Xiomara Castro era dirigir una transición de aquel modelo triste de inversiones sucias, de fragmentación violenta de mini territorios criminales y de menosprecio por el gentilicio Hondureño, hacia una nueva Nación orgullosa, digna y alegre de construir su presente y su futuro.
A partir del viernes, con este cambio en el mapa del poder político que supone la integración multipartidista de la Corte Suprema de Justicia, no queda un pretexto justificable para retardar la tarea.
Los dos partidos que se distribuían las cuotas electorales y en consecuencia las cuotas políticas en las instituciones públicas, enfrentaron esta vez una tercera fuerza político-social que ha sido imposible ningunear. La fuerza que la resistencia antigolpista llevó de las calles al Estado.
La propia presidenta Xiomara Castro ha hecho notar ese detalle en su primer Twitter luego de la elección de las nuevas magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Una Corte multipartidista, pluricultural, con equidad de género y transparencia, destaca la Presidenta elegida precisamente por esta nueva sociedad diversa que le dio el mandato de expulsar la dictadura patriarcal, narcotraficante y corrupta que presidía el coyote enjaulado en Nueva York.
Y así fue, sin pagar dinero por votos, sin intervención del poder ejecutivo y respetando la ley de equidad de género, el Congreso dirigido por el extraordinario parlamentario Luis Redondo conformó el tercer poder del Estado, frente a los ojos del mundo entero.
De una lista larga de 45 profesionales del Derecho y notarias pasados por el tamiz de la Junta multisectorial de selección, los partidos políticos acordaron 8 mujeres y 7 hombres para los cargos jerárquicos de la Corte. Quedaron fuera, desde luego, extraordinarias personas con valores y méritos.
Si las 8 y los 7 van a representar el derecho universal de justicia que exige el pueblo hondureño o el privilegio particular de la justicia selectiva que promueven las mafias, es un hecho que vamos a monitorear a partir de ayer. Pero pensando en positivo, la duda enfermiza no debería tener lugar, si reconocemos que este es el tiempo del pueblo.
“El trabajo duro comienza ahora, ustedes tienen una responsabilidad con el pueblo de Honduras que espera una Corte que aplique las leyes con igualdad y en beneficio del país, no una Corte que sólo beneficie a ciertos individuos o a partidos políticos”. Así lo desea Laura Dogu en su Twitter de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.
La embajadora, por supuesto, está lejos de censurar la vieja Corte que se deshizo de 4 magistrados para imponer republiquetas a la medida de unos cuantos piratas financieros y está lejos de poner en cuestionamiento ese golpe judicial que facilitó la ley de depuración policial para imponer los mandos afines al tráfico de drogas.
Siempre hay que recordarle a la embajada de Estados Unidos que ellos sostuvieron a Juan Orlando Hernández desde 2009 hasta 2022 contra las leyes de Honduras, contra la Constitución del país, en perjuicio total y absoluto del pueblo sufrido de Honduras. Que eso no se le olvide, señora, porque fue la Corte Suprema quien lo facilitó.
El Twitter de la señora Dogu es aceptable en el sentido de evitar una alianza, por ejemplo, entre magistrados del partido de JOH y magistrados de su socio rojiblanco que podrían, como ella misma teme, beneficiar a ciertos individuos o a partidos políticos en particular. En el caso del partido Libre, sus bases y sus cuadros de dirección, hasta hoy son más bien víctimas de la persecución judicial y no beneficiarios de la justicia selectiva. Pero si incurren en delitos o en crímenes, es bien sabido que el pueblo no les perdonará.
A partir del viernes, entonces, no queda ningún pretexto para desencadenar la transición democrática que reclama Honduras después de la larga noche de los 14 años en que liberales y nacionalistas sumieron el país en la vergüenza.
Para poner las cosas claras hay que decir francamente que la nueva Corte no llega para promover inversiones extranjeras como lanza el señor Jibrin desde el Chep ni llega para tramitar demandas de piratas financieros como esperan las mafias locales, ni mucho menos llega para favorecer las empresas Atala, Facussé, Nasser, Kaffi, Rosenthal y las demás avecindadas.
Esta Corte, desde la perspectiva de los derechos humanos, tiene una deuda pendiente con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los prisioneros, perseguidos y exiliados políticos que sufren aún las consecuencias del golpe de Estado y la ruptura constitucional de 2017.
Las personas que cometieron delitos de traición a la Patria y robaron fondos públicos al amparo del modelo narco, a los ojos del pueblo, están pendientes de ser alcanzados por el brazo de la justicia. Las medidas de privilegio acordadas a última hora por la vieja Corte no son admisibles. Aquí nadie acepta que sólo el jefe de la manada esté pecho a tierra allá en la cárcel de sus patrocinadores.
En Honduras nadie olvida que, en todo el período de los delincuentes azules y colorados, entre 2009 y 2021, ninguna de las dos cortes elegidas por ellos, ninguna tramitó siquiera denuncias individuales mucho menos procesos colectivos contra más de 40 mafiosos de sus cúpulas, extraditados por la justicia estadounidense. Sus expedientes estaban limpios.
Los canallas privilegiados de la impunidad selectiva forman ahora, para vergüenza de sus familias, un enorme barrio de habitantes fosforescentes en California, Florida y Nueva York, acusados de meter drogas hasta por las narices de los gringos, más de 550 mil kilogramos por año. Ese barrio está incompleto, y esta nueva Corte inevitablemente tendrá que aumentar su población.
El pueblo reclama una justicia reparativa, que suprima los privilegios de clase y mande a la basura los amiguismos de quienes pagan. De la impartición de justicia nace la concordia, el respeto y la paz. Y por el contrario, de la impunidad surge la violencia.
La injusticia y la impunidad, que dependen de investigadores, policías, fiscales, defensores, jueces y magistrados, son responsables de un debilitamiento sin precedentes de las instituciones públicas, al extremo que recuperar la confianza en ellas es uno de los grandes desafíos actuales. La impunidad no tiene cabida para continuar siendo una política pública del Estado de Honduras.
Jueces y magistrados cerrando los ojos en complicidad con fiscales y policías investigadores llevaron a Honduras a un techo superior de 96 por ciento de impunidad del total de los delitos cometidos en los últimos 15 años. Eso ha degenerado completamente la convivencia ciudadana, ha estimulado la solución violenta de los conflictos y ha convertido a la población entera en sospechosa y víctima a la vez. Eso no puede continuar así.
Y si no fue fácil la integración de la Corte, que ahora preside la magistrada Rebeca Obando, menos fácil será la integración de la jerarquía del Ministerio Público, considerado una guarida de los operadores de la impunidad. La actual dupla de fiscales ha sido leal a los hombres que hoy están sujetos a la justicia de Estados Unidos. Otra vergüenza nacional.
En ese contexto, la negociación que ha impuesto seis magistrados llamados suplentes o asistentes o agregados de los 15 no es una buena señal necesariamente, porque indica la dinámica que podría imponer también el Jurassic Park a la fiscalía general, forcejeando con la nueva fuerza política del país.
Una cosa a la vez. La nueva Corte ha comenzado y con ella la esperanza del pueblo renace. Vienen luego la instalación de la CICIH con poder de investigación y denuncia, llegarán las nuevas solicitudes de extradición por tribunales internacionales y una nueva sentencia inevitable en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el atropello a 4 ex magistrados hondureños – liberales y nacionalistas — víctimas de los delincuentes que dirigían el poder político en 2012.
¡En espera de esos momentos, sigamos trabajando para ponerle fin a la persecución jurídica contra las personas víctimas de la dictadura!
Buenas noches
