A seis meses de iniciada su gestión, el gobierno de Javier Milei desmanteló, total o parcialmente, políticas claves para el proceso de memoria, verdad y justicia construido en Argentina durante los últimos 40 años de democracia en relación con los crímenes cometidos por la última dictadura militar entre 1976 y 1983. Al ajuste general de los fondos públicos y el desfinanciamiento y/o vaciamiento de estructuras, se suman discursos reiterados de altos funcionarios del gobierno, que sostienen posiciones negacionistas del terrorismo de Estado.
El CELS y Memoria Abierta elaboramos un informe sobre la afectación a las políticas públicas claves en esta materia, como el enjuiciamiento y castigo a los responsables, el relevamiento y la desclasificación de archivos de las Fuerzas Armadas y la recuperación de sitios vinculados a la represión para su resignificación como espacios de memoria, entre otras.
El gobierno argentino de La Libertad Avanza promueve así una cultura de desprecio al proceso de memoria, verdad y justicia nacional, al mismo tiempo que descarta las lecciones aprendidas en las últimas décadas y estigmatiza a los actores que lo han impulsado y llevado adelante. Como sociedad, este cambio de paradigma busca colocarnos en las antípodas de lo que hemos construido en Argentina desde la recuperación de la democracia en 1983, bajo diferentes gobiernos y con el compromiso de todos los poderes del Estado.
La reivindicación de lo que sucedió en dictadura no es solo parte de un debate sobre el pasado ni está limitado a la Argentina: está directamente conectada con la legitimación de la violencia estatal, con el intento de que las Fuerzas Armadas intervengan en conflictos internos como los vinculados al narcotráfico, y a su vez, se da en el contexto del avance de la ultraderecha a nivel mundial. Ver Informe
