Tegucigalpa.- Ante el anuncio de los 3 primeros casos confirmados de contagio de coronavirus y de otros 3 sospechosos, el régimen de Juan Orlando Hernández, a través del Comité de Alertas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos, decretó alerta roja en todo el territorio nacional, el cierre del comercio, bares, restaurantes, cines y otros centros de entretenimiento.
En medio de esta alerta que incluye toque de queda y ordena una serie de restricciones ciudadanas, para el comercio y para parte de la industria, el pasado viernes 13 de marzo se perpetró desde el poder legislativo otro tenebroso acto, con la aprobación de la Ley de Aceleración Económica de Protección Social frente a los efectos del coronavirus Covid 19.
La ley aprobada contempla la dotación de 11 mil 500 millones de lempiras (460 millones de dólares) para enfrentar el coronavirus en Honduras, y para ello el régimen ha anunciado la construcción de 94 hospitales, dotación de equipo y contratación de personal para las regiones sanitarias.
“Son 11 mil 500 millones de lempiras que equivalen a 460 millones de dólares aprobados por mayoría liberal-cachureca y que son cargados al fondo de pensiones de los trabajadores del seguro social y al presupuesto nacional”, detalló la diputada Doris Gutiérrez.
Gutiérrez indicó que el objetivo de esa ley de aceleración económica por el coronavirus no es prevenir los efectos de la pandemia en Honduras, realmente es darle un cheque en blanco al régimen, para reunir dinero para la campaña política, enchambar su clientelismo político y repartir compras sin licitación.
Al respecto la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, a través de un video difundido por las redes sociales, calificó el decreto aprobado por liberales y nacionalistas, como un acto abominable, “aprobado de manera inusual un viernes 13 y donde el poder ejecutivo a través de su iniciativa de ley, lo utilizó para continuar tercerizando la salud, obviando que éste es un derecho humano”.
Figueroa afirmó que la complejidad del proyecto de ley que involucra a más de 12 normativas, refleja que es materialmente “imposible” el estudio por parte de la comisión de diputados, que no es necesario legislar para la contratación directa en un estado de emergencia; puesto que ya existe para ello, la Ley General de Administración Pública y la Ley de Contratación del Estado, en la que se regula dicha modalidad de contratación.
“Esto encierra un grave acto de posible corrupción bajo la apariencia de legalidad, es abominable que se aproveche la pandemia de Covid19 para expandir mediante esta ley, la corrupción”, sostuvo la profesional de la medicina.
La presidenta del CMH añadió que ésta acción constituye “un cheque en blanco para ser utilizado por los corruptos y los corruptores. Nos da realmente vergüenza y hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales a estar pendientes de las acciones derivadas de este acto bochornoso”.
La ley busca acelerar la privatización total de la salud como mercancía sujeta al mercado y no como derecho sujeta al Estado.
En la opinión editorial del programa “Voces contra el Olvido”, espacio que difunde el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se abordó esta temática el sábado 14 de marzo bajo el título “Como anillo al dedo”.
El editorial expresa que: En este contexto, podemos entender claramente la protesta del personal sindicalizado de los hospitales públicos que ven amenazados sus espacios conquistados por esta tercerización laboral con activistas, que será una amenaza adicional para la población a la que dicen proteger.
“En los últimos diez años de golpismo hemos sido testigos de la audacia sin límites éticos ni legales de la dictadura impostora, para socavar las finanzas públicas con mil argumentos falsos que acaban en redes de corrupción espantosas, sirviendo a intereses particulares y de carteles”.
Han tenido diez años para hacer lo que hoy pretenden hacer en seis meses, y si lo hacen, luego será su abandono premeditado que servirá para traspasarlos a las fundaciones y ONGs de los amigos, como hicieron con el Hospital María, el monumento símbolo de la corrupción Mitch.
“Por eso, el Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA, nos advierte de hechos terribles precisamente en medio de esta pandemia de miedo generalizado que han impuesto las mafias farmacéuticas ligadas estrechamente a las mafias políticas”, señala el editorial que está publicado en la página digital del COFADEH: wwwdefensoresenlinea.com”.
