Por Giorgio Trucchi l Rel-uita
En los últimos años, cómplice la imposición de proyectos energéticos, agroindustriales, mineros y turísticos en el marco de la instalación de la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)2, el sur de Honduras vive una brutal escalada represiva.
El gran capital nacional y transnacional saboreó la posibilidad de multiplicar sus ganancias y se abalanzó sobre territorios y bienes comunes, profundizando las condiciones de miseria de la inmensa mayoría de las familias que viven en estas zonas.
El fraude electoral de 2017 desató una crisis a nivel nacional que agregó nuevos elementos de tensión y conflicto, desencadenando protestas masivas y una lucha tenaz desde el espacio “Bastión del Sur”.
En este contexto de sublevación popular, el proceso de organización y resistencia se ha enfrentado a la creciente militarización de territorios, la criminalización de la protesta social y la judicialización de líderes comunitarios.
En el ojo del huracán
La presencia cada vez más masiva de grupos económicos afines al presidente Juan Orlando Hernández, hizo que en el sur de Honduras se multiplicaran los ataques contra activistas sociales y defensores de la tierra y los bienes comunes, asegura Cofadeh en su informe.
Según el monitoreo realizado por la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur (Redehsur), en los primeros meses del año se contabilizaron 102 agresiones en contra de personas, comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El amplio subregistro existente en la elaboración del monitoreo, debido a la imposibilidad de movilización, seguimiento y acompañamiento durante la pandemia por Covid-19, nos devuelve un escenario aún más preocupante.
“Ataques físicos y verbales, intimidaciones, allanamientos, detenciones y asesinatos se han incrementado desde que Juan Orlando Hernández ha intensificado su presencia en la zona.
Hay una escalada de violencia contra quienes nos oponemos al robo de nuestras playas, de nuestras tierras. Policías y militares son cómplices de estas políticas depredadoras”, dijo Pedro Canales, miembro de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (Adepza).
Extractivismo, la verdadera pandemia
Según él, tanto el régimen como los grupos económicos que han llegado al sur pretenden aprovechar la pandemia para meter más presión a las poblaciones locales.
“No hubo cuarentena para el extractivismo. Lo que tememos ahora es que quieran aprovechar los efectos de la crisis sanitaria y los mayores niveles de pobreza para chantajear a la población.
Van a tratar de inculcar la idea de que sus proyectos son la única oportunidad que tienen para sobrevivir, que no tienen alternativas y que deben aceptar las condiciones económicas y laborales que ellos ponen”, alertó Canales.
Leticia Flores, directora de Heks Honduras, recordó que el gran capital nacional y transnacional siempre ha presentado el modelo extractivista como fuente de desarrollo para las poblaciones locales.
“Hay personas que en su momento se lo creyeron, pero ya están recapacitando. Están entendiendo que estos proyectos responden a una política depredadora, que sólo busca despojar a las comunidades y saquear territorios y bienes comunes”, dijo.
En el boletín de Cofadeh se presentan casos concretos de represión, como el del padre Florentino Hernández en El Triunfo3, de Aleyda Huete y otros activistas de Bastión del Sur, y de la comunicadora social Elia Hernández y de otros periodistas.
También los ataques contra las comunidades organizadas de Zacate Grande, el coordinador de MASVida, Germán Chirinos, y el asesinato de Iris Álvarez a manos de guardias de seguridad privada de la empresa azucarera La Grecia, en Choluteca.
Bertha Oliva, coordinadora general de Cofadeh, advirtió que tanto las inversiones como las concesiones siguieron independientemente de la crisis sanitaria.
“En el Congreso aprovecharon la imposibilidad de movilización de la población para aprobaron leyes y decretos que profundizan el modelo extractivista.
Son decisiones que atentan contra el desarrollo sostenible, el trabajo digno y los derechos fundamentales.
La situación se va a poner aún más crítica y debemos seguir documentando y denunciando estas barbaridades”, manifestó Oliva.
Para la defensora de derechos humanos es imprescindible seguir articulando espacios de resistencia, lucha y participación ciudadana.
“Debemos seguir golpeando al invasor, a quienes pretenden despojarnos de nuestras tierras y convertir a Honduras en un enclave controlado por el gran capital”, concluyó Oliva.
