Ayer el Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras (COFADEH) llegó a la plaza de Los Pañuelos Blancos , en el centro de Tegucigalpa, a plantarse por la verdad, la justicia y la memoria histórica.
Como cada primer viernes de cada mes, el Cofadeh llevó su agenda pública que incluye reclamos, anuncios y propuestas.
En las primeras líneas de su comunicado de prensa, abogó por la urgencia de la justicia en el caso de Juan López , asesinado el 14 de septiembre del año pasado , en Tocoa, Colón .
El Comité juzgó que las acciones del Ministerio Público para identificar a los culpables son notablemente positivas, pero insuficientes. Falta celeridad. Falta contundencia , dijo la organización .
Detalló que son pasos importantes los requerimientos librados el año pasado contra los ejecutivos de la empresa Pinares por daños ambientales en la montaña Carlos Escaleras , y la captura de tres supuestos sicarios que dispararon contra Juan.
La excepción de ese equilibrio positivo apunta a los autores intelectuales, que se mantienen invisibles e inalcanzables por su poder o influencia política y económica.
La organización comprometida esta misma dificultad con el caso de Berta Cáceres, porque las autoridades, aunque identificaron oportunamente a uno de los autores intelectuales, todavía no pudieron dar con su paradero.
Eduardo Atala, nombrado entre los autores que habrían pagado más de 15 millones de lempiras a militares para planificar y ejecutar el crimen en marzo de 2016, se mantiene prófugo de la justicia.
La familia Atala, ligada al negocio financiero, energético, mediático y partidario, es señalada con frecuencia entre los actores con impunidad por su ligazón con otros operadores de poder fáctico.
“Ninguna oligarquía debe estar al margen de la justicia en Honduras, por mucho poder económico y político que tenga sobre el poder judicial o la fiscalía , o en la diplomacia internacional”, dijo el Cofadeh .
Es oportuno señalar que actualmente una comisión internacional de juristas, autorizada recientemente por el gobierno hondureño y acompañada por el Copinh, realiza una investigación de seis meses sobre la autoridad intelectual del asesinato de Berta y los nexos corruptos dentro y fuera de Honduras.
Enseguida la organización de víctimas de los años 80 enfocó su plantón hacia los militares golpistas de 2009, acusados penalmente por el asesinato de manifestantes en julio de aquel año.
«Ningún militar, golpista, narco o asesino, debe estar protegido por ningún partido político, embajada o poder transnacional. No importa si fue agente de la CIA o alumno de Fort Benning», lanzó el Comité apuntando al prófugo Romeo Vásquez .
El general del golpe, oculto sin heroísmos en algún mangal ajeno, se enfrenta a una nueva orden de captura con una recompensa de dos millones de lempiras a quien identifique su paradero exacto.
Intentando desde la clandestinidad una beligerancia inútil de delincuente común , Romeo evade la cárcel nacional donde le esperan sus colegas Puerto y Cervantes , quienes se entregaron voluntariamente para ser juzgados por crímenes comunes .
El Cofadeh recordó que los daños ocasionados por los alumnos de la Doctrina de Seguridad Nacional , incluido el prófugo, deben ser precisos en el dictamen pendiente del Poder Ejecutivo y la Corte, solicitado por el Congreso Nacional desde el año pasado.
La Ley para el Cumplimiento de los Tratados Internacionales a las víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional debe ser discutida y antes aprobada del fin del mandato de la presidenta Xiomara Castro, comprometida con la vigencia y respeto de los derechos humanos.
El Comité no pasó por alta la coyuntura postelectoral , recomendando que ésta no debe comerse la agenda estratégica del pueblo de Honduras, por mucha injerencia del lobby estadounidense podrido ni por el rencor anticubano que destila exageradamente la derecha hondureña .
La conspiración de grupos golpistas locales por la decadencia de su viejo bipartidismo no debe ser la agenda cotidiana ni la comida sin sal de la vieja prensa enmohecida , dijo el Comité .
Preferencialmente , propuso el Cofadeh, la agenda pública Debería enfocarse contra los peones y las cabecillas del Consejo Electoral , contra los operadores internos y los criminales externos que intentan manchar la victoria de una mujer.
Así terminó el plantón del viernes, las familias que se cubren sus cabezas con pañuelos blancos recordaron a las madres, esposas e hijas que se organizaron el 30 de noviembre de 1982 para exigir verdad y justicia desde entonces y hasta nuestros días.
Buenas noches
