La organización de Naciones Unidas viene, una vez más, a pedir al Estado de Honduras que saque a los militares de las funciones de seguridad, porque durante el golpismo no escucharon.
Los ex ministros Álvarez, los dos guardados en Estados Unidos, y el señor Pacheco el de la estatua derribada, eran felices militarizando sus cuerpos.
El informe anual de la ONU presentado esta semana hace muchas otras recomendaciones importantes, pero esa en particular referida a los militares quedó fijada en la opinión pública.
Durante 12 años los batallones estuvieron cómodos en la beligerancia y en los negocios, jefeados por el CC-1, el líder de la manada.
Como dicen los chavos en la clica, los manes han estado tranqui dando vía a los cargamentos.
Sin embargo, para controlar la circulación de los vehículos o para cuidar las prisiones, el Estado no necesita soldados formados para la guerra.
Las calles, el mar, las fronteras, el radar y las prisiones necesitan militares solamente si esa es la orden del crimen organizado, que lamentablemente ha sido el caso de Honduras.
¡Pero cuántas veces, distintas voces hicieron ese reclamo público!
¡Cuántas miles de veces la razón ha estado de nuestro lado!
¡Cuántas víctimas han tenido que sufrir esta perniciosa militarización de la sociedad!
Ha sido por conveniencia política y, sobre todo, por negocios crudos del partido nacional y liberal, en complicidad con comerciantes y agentes diplomáticos extranjeros, que las mafias han utilizado la fuerza armada para esos propósitos.
Ha sido un tremendo negocio difundir el discurso de ley y orden, que además es fascista y racista, para criminalizar los conflictos sociales y abusar de la prisión preventiva en cárceles que son minas de dinero.
Hay que decirlo claro: La utilización de los militares en esos campos no ha sido gratis, ni ha sido forzada. Por una parte, porque ellos no saben vivir sin enemigos reales o imaginarios, y porque desde la ausencia de la guerra su negocio es dar golpes de Estado y asociarse a los golpistas traficantes.
El cumplimiento de los parámetros que la Constitución les define ha sido pura paja, lo que existe es un grupo de presión armado al interior del Estado cuyo saldo en derechos humanos es trágico.
Además, muy importante para ellos, su presencia en funciones de seguridad pública ha sido una fuente de poder político y económico.
Estar fuera de los batallones y de los campos de tiro le ha permitido a los militares proximidad a los actores sociales y empresariales que dirigen las redes criminales, incluida la extorsión a gran escala. Es decir, el cobro paralelo de impuestos.
La policía que se tragaron con el presupuesto incluido, además del enorme tasón, incluía oficiales expertos en extorsión, ayudantes como ellos del crimen organizado. Los militares engulleron una institución sin personalidad ni dignidad, que no fue capaz de resistir. Por eso hoy cuesta tanto reconstruirla, para ponerla al servicio de la comunidad.
Los informes oficiales de Naciones Unidas han documentado la responsabilidad criminal de las fuerzas armadas hondureñas en funciones públicas durante los últimos 12 años. Pero hasta ahora ningún tribunal ha deducido penalmente esas responsabilidades.
Los actos de torturas aplicados contra presos políticos en el interior de los centros penales, las masacres de reos y la facilitación absoluta de operaciones a los carteles criminales pesa sobre las fuerzas armadas.
Además, la ONU documentó más de 30 asesinatos de manifestantes pacíficos después del golpe de 2009 y del fraude electoral de 2017, sin contar que en ese período la manada introdujo 500 mil toneladas de cocaína a Estados Unidos a través de las rutas bajo control militar.
Esta es, en términos generales, la herencia que recibe el nuevo gobierno de Xiomara Castro que apenas ha podido cambiar el ministro de defensa y el jefe del estado mayor. Toda esa estructura embarrada sigue intacta. Es la misma organización que ha sostenido la dictadura.
Es evidente que algunos elementos uniformados han reflexionado sobre este papel institucional dentro de la dinámica del narcotráfico, de los escuadrones de la muerte, de los crímenes de opositores políticos e ideológicos, y de persecución sistemática a la resistencia antigolpista.
¡Sería imperdonable que no existieran chafas que reflexionen después de los resultados electorales de 2021 y de la extradición de su líder la próxima semana!
Pero estos ejercicios al interior de las barracas no son de conocimiento público ni los cambios sustantivos derivados de este análisis representan noticias de primera plana. Apenas lo que ha trascendido es un perdón a secas en el acto público donde la Comandanta recibió la formalidad del mando.
En consecuencia, una deuda del ministro de defensa con la Nación es informar sobre la plata gastada por los militares en los últimos doce años, revelarnos el nuevo presupuesto para 2022 y el número de efectivos que podemos pagar en recesión. También queremos saber cuántas armas fueron adquiridas y a qué proveedores. Eso no puede ser un secreto, nunca más.
La reconstitución de la imagen de los militares no puede ser ni sobre la base bravucona de amenazar a sus críticos ni sobre la inocencia de una campaña de relaciones públicas.
Una imagen de golpistas, de violadores de derechos humanos, de contribuyentes del tráfico de drogas y de armas, de súbditos del Chapo Guzmán y del CC-1, no es un asunto menor.
Las consecuencias de haber tenido encima ese aparato de terror al mando del huésped de los Cobras es demasiado peso para Honduras, significa centenares de personas injustamente encarceladas, expatriadas y asesinadas.
No es algo que la sociedad pase por alto. Es algo que tenemos que resolver. Y eso no se rectifica poniendo a los mismos golpistas a cuidar los árboles en extinción, los ríos en sedimentación o los pajaritos asustados en las destruidas reservas de biodiversidad.
Los narcotraficantes y terroristas que asaltaron el poder en 2009 con el pretexto de un golpe de Estado deben pagar esos crímenes. Y eso no es venganza, eso sería justicia.
Pero nos cansa trabajar cuando la gente intenta olvidar.
En momentos cuando las organizaciones de víctimas como el Cofadeh se ocupan de liberar con amnistía a los prisioneros de la dictadura, a las víctimas de ese terrorismo de Estado, es fatigante escuchar a los culpables en su campaña contra este proceso.
En los esfuerzos contra los luchadores sociales, lamentablemente también hay sectores desafectos con dos o tres ex funcionarios a quienes desearían lanzar a la hoguera, a quienes no pueden ocultarle sus sentimientos de odio. Son sectores anti corrupción convertidos en anti reconciliación.
Así como los militares se convirtieron en un grupo de presión armada al interior del Estado, los dichos sectores están utilizado como caballo de Troya el partido Salvador de Honduras para destruir desde adentro del gobierno los esfuerzos de reparación nacional.
En consecuencia, en los próximos días se tomará posición pública hacia las personas e instituciones que insisten en estructurar una oposición al gobierno con fines proselitistas futuros, usando sofismas, prejuicios y estereotipos anti amnistía esencialmente discriminatorios.
Al momento de nombrar las personas e instituciones que insisten en cuestionar la liberación de luchadores y luchadoras sociales, defensores de la tierra, los territorios, de los derechos humanos y de los bienes naturales, se pedirá al movimiento anti reconciliación que se dirija personalmente a Marcelo Chimirri, a Enrique Flores y a Manuel Zelaya, para que resuelvan con ellos sus prejuicios.
Junto a las personas beneficiarias de la amnistía se pedirá respeto a las víctimas y, de ser posible, que las personas opuestas a este proceso organicen mejor sus campañas a cargos públicos del futuro.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 26 de marzo de 2022
