En las cárceles de Honduras no hay buenos relatos sobre tratos humanos ni sobre procesos de formación integral para la reinserción social. Dominan los testimonios de tratos crueles, inhumanos y degradantes, de torturas contra las personas privadas de libertad.
A través de las cárceles lo que en realidad domina desde 2010 es una lógica empresarial híper rentable para proveedores de servicios a la dictadura, amigos de la red militar que controlan los centros penales, y que dirigen esa política punitiva que criminaliza las luchas sociales con prisión.
En todo el territorio hondureño, con asesoría israelita y colombiana, los negociantes de las cárceles han hecho un buen agosto que incluye alimentos de pésima calidad, armas de guerra, teléfonos inteligentes, tráfico de influencias y una trama de servicios que no sirven a las víctimas de las prisiones de máxima inseguridad.
Las cárceles, en su esencia punitiva, en manos de hombres formados al garrote, son lugares de brutalidad que contribuyen a elevar las violaciones de derechos humanos ya precarias para las personas criminalizadas. Son enclaves distantes, aislados, legales y clandestinas a la vez, porque ahí el Estado actúa en nombre de la ley y de la selva, se comporta como un juez y un verdugo, lejos de la vigilancia ciudadana.
La situación carcelaria no ha cambiado para bien la imagen de Honduras en el mundo, porque de aquellas dantescas imágenes de incendios provocados para matar centenares de reos indefensos pasamos a los motines armados entre carteles, que dejan siempre en predicado el papel de las autoridades militares al mando.
En perspectiva histórica, con casos concretos de sufrimiento carcelario en el presente, esta situación violatoria será presentada por el Cofadeh a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los días 27 y 28 de octubre en Washington.
Uno de los aspectos nuevos de esta comparecencia al 181 periodo de sesiones de la CIDH es el paquete de reformas penales aprobado la semana pasada por el congreso virtual de la dictadura, ese que opera por zoom sin garantizar a nadie la legitimidad del quórum.
En la capital estadounidense vamos a decir que en medio del cuarto proceso electoral de características volátiles desde el golpe de Estado de 2009 es un exceso temerario hacer una reforma que eleva penas a las acciones de protesta ciudadana. Es la preparación anticipada a un cuadro de violencia organizada por un régimen ilegítimo e ilegal, que insiste en calentar los ánimos para usar sus armas. Un negocio en el cual es reincidente.
La política de criminalizar las luchas sociales y, en general, el ejercicio de los derechos ciudadanos a la libre expresión, es coherente solamente con ese comportamiento deshonesto de las cárceles. Mientras más llenas estén las ergástulas de prisioneros políticos, más llenas están las bolsas de los carceleros.
Esta manera de mirar los 40 recintos oficiales de privación de libertad sobre el territorio como oportunidades de negocios es una perversidad neoliberal que nada tiene que ver ni con la gobernabilidad social y política de Honduras ni con la paz y el orden como les gusta repetir a los supremacistas uniformados. Eso no es coherente con la filosofía de los derechos humanos.
Nosotros no somos inocentes al evaluar esta estrategia de perversión de los derechos humanos por los actores del golpe de Estado de 2009. Es evidente que han socavado el desarrollo social impulsado por las organizaciones no gubernamentales, plantandolas, dividiéndolas y desacreditándolas con empresas mercantiles dirigidas por políticos y sus familias, así mismo están haciendo con los principios de los derechos humanos aprobados por la ONU en 1948 después de la segunda guerra mundial.
Cuando Rafael Pineda Ponce sufrió las alianzas internas de Carlos Flores Facussé para desplazarle como candidato presidencial en la guerra jurídica contra Ricardo Maduro, el mojigato profesor prefirió culpar a las ONGs por su derrota en vez de señalar al implacable “elector oculto”.
A partir de aquél momento se generalizó la idea que las organizaciones ciudadanas le disputan el poder a los partidos políticos y en, consecuencia, desde el Congreso aprobaron leyes, reglamentos y disposiciones criminalizantes, para someterlas y enmierdarlas. Los propios políticos corruptos del partido nacional-liberal crearon sus identidades de fachada ciudadana para lavar millones del presupuesto nacional y matar el prestigio de las históricas organizaciones sociales.
El otro escenario que siempre han intentado ensuciar hasta el fondo es la defensa de los derechos humanos, un campo filosófico, político y moral que se convirtió en contra-poder universal de dictaduras, gobiernos despóticos y de democracias autoritarias o golpistas como es la hondureña.
A partir de 2009 hasta nuestros días, uno de los líderes intelectuales del golpe de Estado, agazapado en su condición de ex presidente del huracán Mitch, controla las instancias internacionales del sistema interamericano y universal de derechos humanos.
En las sesiones de defensa del gobierno violador en los foros de la ONU en Ginebra o en la Comisión y Parlamento de la Unión Europea, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Honduras se encuentran con los peones de este ex secretario privado de Rosuco en los años 80s. Y hasta en la Corte Penal Internacional, en La Haya, sus tentáculos son extensivos.
En la respuesta al examen periódico universal por violaciones a los derechos humanos, en Suiza, ahí aparecen esos burócratas del golpismo obedientes a la línea del expresidente. Lo mismo ocurre en las sesiones de la CIDH donde uno de los oráculos y abogados del gobierno del Mitch aparecen siempre sentados en la última fila, tirando las cuerdas de sus ventrílocuos. En Nueva York, igualmente, en la sede de las Naciones Unidas, la descendencia directa ocupa la representación permanente después del golpe.
Ahora van a ocupar por tres años uno de los 8 asientos latinoamericanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, presentado por la propaganda oficial como un premio a la política de derechos humanos de la dictadura de Hernández.
El Consejo de Derechos Humanos es el órgano intergubernamental dentro de la ONU responsable de la promoción y la protección de los derechos humanos en el mundo. Tiene la facultad de discutir todas las temáticas relacionadas con los problemas y situaciones de derechos humanos que requieran su atención, incluida la de Honduras, el Estado más mortífero contra defensores del medio ambiente, diversidades sexuales, periodistas y mujeres.
Este hecho de propaganda política, producto del lobby de las onerosas agencias de marketing pagadas con fondos públicos en Washington y Nueva York, completa en gran medida esa estrategia perversa para desacreditar la lucha internacional por los derechos humanos.
No vamos a permitirlo. Vamos a estar siempre en vigilancia permanente del comportamiento estatal dentro de las Naciones Unidas y, sobre todo, vigilantes de esa estructura burocrática liberal que hace los mandados al partido nacional en los foros internacionales de derechos humanos donde perdieron la batalla de la opinión pública en 2009. Fueron aislados por el mundo por golpistas y violentos. Y nada va a limpiar su cara sucia de torturas y asesinatos, aunque controlen las estructuras formales en las entrañas del monstruo… Con los hechos, vamos a confrontar sus compromisos de campaña al puesto.
Para las víctimas del autoritarismo golpista de los últimos 12 años un puesto del Estado violador en el Consejo de Derechos Humanos no es una victoria política de Honduras, al contrario, lo reconocemos como una derrota moral para los violadores en su intención de camuflar su imagen tachada de torturas y cadáveres.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 23 de octubre de 2021
