(El martes una multitud de casi cien mil personas migrantes se aglomeraba entre un muro de granito, una cerca de serpentinas y una barrera de 50 mil hombres armados en la frontera de Estados Unidos con México).
Ese mismo martes, entre la polvareda y el calor sofocantes de Choluteca, unos cientos de empleados privados coaccionados, y otros de buena fe, marchaban sin barreras, sin militares y sin represión, para complacer a sus jefes que se oponen rabiosamente a la ley de justicia tributaria. El ambiente era ciertamente pacífico, pero el lenguaje era decididamente violento y a veces pobremente vulgar.
Dos mundos. Dos realidades. Dos muros. Dos visiones de la vida.
En 2009 había una diferencia notable entre las multitudinarias manifestaciones autoconvocadas de la resistencia al golpe de Estado, y las caminatas breves de 50 lempiras convocadas por las camisas blancas progolpistas.
La oposición callejera al golpe en aquel entonces fue espontánea y libre en todo el país. La promoción del golpe, en cambio, era forzada en su mayoría con recompensas urbanas. Había excepciones obviamente de gente que se manifestaba con la convicción de una derecha anti melista, antichavista y pitiyanki.
En ambos sentidos de la calle asistía el derecho humano a la libre expresión, a la opinión y el disentimiento. La diferencia era que la policía y los militares de entonces perseguían, perfilaban, gaseaban y disparaban a la gente de la resistencia, y protegían a los blanquitos supremacistas.
En aquellos días, de un lado estaba el sacrificio financiero del magisterio nacional y del STIBYS soportando la presión popular, del otro lado tres grandes carteles financiaban las camisetas blancas: el Consejo Empresarial de América Latina, la Asociación de Maquiladores y Mineros, y el COHEP.
Ahora ha vuelto esa vieja técnica de ofrecer pagos condicionados o amenazar con el salario mensual a los empleados para sacar convenientemente sus cuerpos a la calle. Lo vimos esta semana en Choluteca donde se unieron al patrón bases de un alcalde liberal pétreo y peones de unos inversionistas destructores del golfo de Fonseca, oponiéndose todos a una iniciativa de ley que busca justicia en el pago de los impuestos.
Fue gracias a la valentía de trabajadores de camaroneras y meloneras que la opinión pública mundial pudo constatar la vulgaridad de los mensajes coercitivos de los amigotes del narco preso en Nueva York. Avalados por el acento spanglish de la Avenida Los Próceres, esos exonerados inversionistas cara dura quisieron convertirse en los Ché Guevaras de la insurgencia antigubernamental.
Aquellos mismos ricos desestabilizadores que forzaron caravanas de hasta 50 mil hondureños huyendo sin esperanza a través de Guatemala y México, adláteres del clan de los Hernández, se alzaron con textos furiosos como los salvadores del empleo, héroes de la divisa y patronos bonachones de la clase obrera.
A la petición del Poder Ejecutivo de investigar seriamente sus motivaciones de agitación, sus vínculos con la dictadura corrupta y su maniobra de manipulación de la gente, han reaccionado ofendidos parapetándose en el discurso de los derechos humanos, pero a ellos ninguna fuerza pública les reprimió, todos sus medios apologéticos destacaron libremente el heroísmo de su mascarada, y se fueron a casa pensando el próximo zarpazo.
Si la Presidenta Castro, a través del Consejo de Seguridad y Defensa, llega a confirmar que la agitación provocada por los ricos exonerados de la narcodictadura pretende ensuciar las aguas para seguir faltando a sus deberes, entonces esa lloreta por el derecho a la manifestación pública quedará desenmascarada. Y, en efecto, eso sería un tema de seguridad nacional. Una casta privilegiada atentando contra la justicia tributaria que reclama la mayoría del empobrecido pueblo hondureño.
Mientras esa orden presidencial se va cumpliendo rápido, porque es para hoy y no para mañana, las fuerzas políticas que desplazaron parcialmente el cartel azul y rojo que transaba con los Chapos, deben acelerar el paso para organizar al pueblo de modo que aquí no se vuelva a instalar una mafia supremacista blanca, sangrona, corrupta y anti hondureña.
Y si en medio de esta lucha de clases, que ha comenzado a profundizarse, ellos desmontan sus empresas bajo el alegato de un clima inapropiado para las inversiones, entonces el gobierno podría llamar de inmediato a otros inversionistas a ocupar esos espacios y a emplear a la gente como se debe, sin chantajes.
La consigna política debería ser en un contexto como el actual que no vuelvan al Estado los violadores de derechos humanos, los roba carros, los empresarios agiotistas mamadores del Estado, las cloacas mediáticas, las iglesias gritonas y todas las asociaciones sociales tapaderas del lavado de activos, ni esos miserables intelectuales que hoy se aprovechan de los balbuceos del ERIC para darle soporte a sus arengas antirefundas.
Obvio, la estructura política en el gobierno debería ponerse las pilas como reclama el otro pueblo. Podría seguir en consulta, socialización y consenso el tiempo que quiera con los favorables, los neutros y los opuestos, pero debería avanzar a pasos largos con otras acciones que no necesiten Congreso ni prensa. Que necesiten pueblo. Que produzcan alegría colectiva. Que siembren esperanza y que preparen el terreno para nuevos combates por la vida. Por ejemplo, estadios, hospitales, conciertos, intercambios internacionales, medios públicos fuertes, mercados populares abastecidos… nuevos acuerdos comerciales con Estados fuera de las Américas.
Hoy queramos aceptarlo o no, las caravanas de hondureñas y hondureños hacia Estados Unidos dejaron de ser la imagen de un país huyendo. Nuestro lugar fue ocupado por Colombia, la Colombia violentada por Estados Unidos; por Haití, la empobrecida isla del Caribe víctima de las políticas supremacistas de Francia, Canadá y Estados Unidos; hoy las caravanas son de venezolanos y peruanos principalmente, víctimas de un golpe atroz soliviantado por la embajada gringa en La Paz. Y miles de guatemaltecos que sufren el racismo de una pequeña élite blanca capitalina con ínfulas aún de la colonia española y leales a Washington y Ottawa, países explotadores del oro y las frutas tropicales.
Es verdad que la emigración nacional continúa, pero no es Honduras el principal tributario de la inmensa represa humana de casi 100 mil personas que esta noche continúa en la extensa frontera entre México y Estados Unidos, esperando entrar al país que impone la guerra en todas las latitudes del planeta y que hoy sufre quiebra bancaria, inflación y desconfianza.
Un verdadero drama humano es el que se vive en la frontera al finalizar la vigencia del Título 42 de la ley de Protección Fronteriza de Estados Unidos, que entró en vigencia en la era Trump con la pandemia a principios de 2020.
Ese Título 42 permitía a Estados Unidos expulsar a migrantes con el argumento de la pandemia de la Covid-19, más de 2.8 millones de personas fueron expulsadas por ese argumento de supremacismo blanco encabezado por Donald Trump.
Desde ayer Estados Unidos volvió a la implementación del Título 8, que impide el asilo a quienes entren de modo alternativo al territorio gringo y encarcelarlos inclusive hasta por cinco años si reinciden en ese propósito.
Pero la multitud está ahí en campamentos, con carpas improvisadas, procedentes del sur latinoamericano, del Caribe e incluso de Asia donde las guerras han sido impuestas en nombre de la hegemonía global.
En Tijuana, ciudad del estado mexicano de Baja California, en la frontera con EE.UU., el número de migrantes subió ayer hasta desbordar los 31 albergues de la ciudad. Mientras, casi 50 000 agentes armados a lo largo de la frontera de ambos países montan guardia cada uno por su lado, para detener la avalancha humana.
En vano la embajadora Dogu en Tegucigalpa lanzaba palabras contra coyotes que vendieron la idea de fronteras abiertas, porque la gente atravesó miles de kilómetros para intentar de cualquier modo la entrada al país que provoca problemas que luego se traducen en migración masiva y desordenada.
Es probable que los llamados a una migración regular, ordenada y segura no funcionen, como tampoco han funcionado los muros y las murallas en la historia de la humanidad.
Los gobiernos de Guatemala, Colombia, México, Canadá y España están ofrecidos para colaborar con los intereses de Estados Unidos, unos abriendo Centros Regionales de Procesamiento de solicitudes de asilo, otros recibiendo personas con permisos laborales o peticiones de reagrupación familiar.
Lo cierto es que si Estados Unidos avala las acciones conspirativas de sus inversionistas en Honduras y acompaña el lobby de los tanques locales de pensamiento washingtoniano contra este gobierno de transición democrática, aquí se producirá un ambiente de nuevas caravanas. De eso debe estar segura la señora Dogu.
Entonces, la mejor política exterior anti inmigrante de la Casa Blanca sería respaldar la lucha local contra la corrupción, incluida la evasión fiscal por parte de las élites, apoyar sin disfraces la Comisión Internacional contra la Impunidad, impedir cualquier aventura golpista de grupos ligados al crimen organizado y acompañar sin prejuicios la gestión refundadora de Xiomara Castro y las fuerzas que la respaldan.
En el interés de esta columna editorial esa sería una inteligente actitud de gobernanza democrática.
Buenas noches
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 13 de mayo de 2023
