Tegucigalpa.
Por Marvin Palacios
En el 159 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se desarrolla en Panamá, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) junto a otras organizaciones, expuso el panorama vulnerable en que operan los defensores y defensoras de derechos humanos, la galopante impunidad y las pretensiones del Estado de Honduras en aprobar un Código Penal que es regresivo en derechos que están protegidos por los tratados internacionales.
En nombre de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) la abogada Natalia Yaya habló ante los comisionados James Cavalaro y Jesús Orozco en torno a la grave situación que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos.
Yaya destacó que el informe 2015 de la CIDH publicado en diciembre, reflejó la grave situación de derechos humanos en Honduras, cuando semanas después (el 2 de marzo de 2016) fue asesinada la ambientalista y Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) Bertha Cáceres, en medio de una gran apertura extractivita promovida por los gobiernos de turno que amenazan los territorios de los pueblos originarios.
“Honduras es el país más peligroso para el trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos. De 2002 a 2014, han sido asesinados 111 defensores y defensoras de acuerdo con cifras Global Witness.
Se hace uso indebido del derecho penal para acusar y criminalizar a defensores y defensoras de derechos humanos,. Con esto se genera la paralización de su trabajo junto al estigmatiza que deben afrontar y se viola el debido proceso, denunció la representante de la FIDH.
Yaya expuso que en Honduras existe un trato diferenciado de la justicia entre los defensores de derechos humanos, las comunidades campesinas y los grupos económicos. El estado no aplica las políticas ni protege a los defensores y defensoras de derechos humanos. Desde 2004 cada año, un defensor que cuenta con medidas cautelares es asesinado en Honduras.
Por su parte la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, expuso ante los comisionados que tenemos más de 3 décadas de comparecer ante la CIDH para abogar por los derechos humanos y tenemos que decir que esos esfuerzos para exigir derechos, en los actuales momentos; siguen siendo más vulnerables.
Para el COFADEH es difícil dejar de hablar de contexto por el abuso excesivo de los gobiernos para que las comunidades no hagan ninguna actividad de protesta frente a la vulneración de sus derechos fundamentales, dijo Oliva.
Oliva indicó que en Honduras hay acusados ambientalistas en el Valle de Siria (departamento de Francisco Morazán) , más de 25 en el Valle del Aguán (en la costa norte), y otros que han sido criminalizados en la comunidad de Zacate Grande (en la península del mismo nombre en el Golfo de Fonseca)
“Nuestra preocupación es más que evidente, cuando tenemos criminalizado al ciudadano Pedro Canales (presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande acusado de usurpación por una familia pudiente en Honduras)”, sostuvo la reconocida defensora de derechos humanos.
Añadió que reza nuestra preocupación por Isela Juárez (de la municipalidad de Tocoa, Colón) porque por reclamar derechos sindicales está siendo perseguida. La han puesto en lugares vulnerables, y hace poco fue atropellada y está sufriendo en estos momentos.
Oliva indicó que en el Bajo Aguán, después del asesinato el 21 de agosto de 2012, del abogado Antonio Trejo (defensor de comunidades campesinas), el estado creó la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UNVIBA) para investigar, pero hasta el momento no hay avances, y han fracasado en el caso del abogado Trejo.
“Entonces para nosotras tener que acudir aquí no es lo deseable, hace 30 años deseábamos que se hubiese obtenido respuestas con los desaparecidos de la década de los años 80.
Entre tanto el Centro de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEPRODECH), denunció que el principal problema para el Movimiento Indígena Lenca de La Paz (MILPA) es que hay despojo de sus territorios por parte de corporaciones municipales que violentan sus derechos ancestrales y títulos comunitarios.
El CEPRODECH sostiene que esta situación lo que provoca es que terratenientes y políticos con documentos de dudoso origen, criminalicen a las comunidades indígenas por los delitos de usurpación y sedición que no da pie a medidas cautelares.
Por otra parte y debido a la imposición de medidas sustitutivas a la prisión, en el departamento de La Paz, centenares de campesinos y campesinas tienen que caminar hasta 7 horas para estampar su firma en el libro de registro de los tribunales de justicia.
Y la otra preocupación es que los procesos criminales en contra de líderes y dirigentes campesinos, abarcan períodos de tiempo muy largos y se tiene que esperar hasta 2 años para acudir al juicio oral y público.
Esos son los detonantes de la criminalidad en los pueblos campesinos e indígenas, y es la forma en que se está entregando territorios violentando los derechos de las comunidades indígenas, por lo que el CEPRODECH instó a la CIDH para que se investigue a los alcaldes del gobierno actual, que entregan los territorios a particulares cuando eso corresponde al Instituto Nacional Agrario (INA).
A la asamblea pública asistió la Plataforma Contra la Impunidad quien reveló que las condiciones para los defensores y defensoras de derechos humanos de la comunidad lésbica, gay, transexual, bisexual e intersexual (LGTBI) no difieren de los casos antes expuestos.
La Plataforma contra la Impunidad expuso que de cada 5 casos de asesinatos de las personas de la comunidad LGTBI, registrados en Centro América, 3 casos corresponden a Honduras.
Reformas al Código Penal son regresivas y lesivas a la vigencia de derechos humanos
De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Red Lésbica Cattrachas, entre 2009 y 2016, se han contabilizado 224 muertes violentas, que en su mayoría corresponden a homosexuales y 18 lesbianas.
Entre 2009 y 2014, se han perpetrado, 168 crímenes de odio, violencia, lesiones, violaciones sexuales, y casos extremos en las cárceles de Honduras, que no cuenta con condiciones diferenciadas para el trato y respeto de las personas LGTBI.
El estudio revela que los principales agresores, continúan siendo policías municipales, guardias de seguridad, policías de la Secretaría de Seguridad y particulares.
En torno a la pretensión del estado de Honduras de aprobar a toda costa un nuevo Código Penal, la procuradora de derechos humanos del COFADEH, Mery Agurcia dijo que hasta el momento el Congreso Nacional ha aprobado los artículos de la parte introductoria, pero que preocupa a las organizaciones defensoras de derechos humanos; que dichas reformas no se hayan socializado ampliamente y que no existan diagnósticos en relación a la eficacia de la política criminal del estado.
Agurcia indicó que en el actual proceso de las reformas al Código Penal, no ha existido transparencia y que existen al menos 115 artículos que involucionan los derechos humanos de la ciudadanía, porque no están acordes con los estándares internacionales.
La procuradora de derechos humanos denunció que el estado tiene la pretensión de aprobar artículos muy peligrosos en contra de las personas que defienden los derechos humanos de los demás, para el caso la tipificación de los delitos de sedición, reuniones y manifestaciones públicas, asociación para delinquir, desórdenes públicos, asociación terrorista y retiro de nacionalidad y ciudadanía, entre otros.
Por último representantes de la Organización Mundial contra La Tortura (OMCT) manifestaron su preocupación en torno a los señalamientos vertidos por el presidente Juan Orlando Hernández en donde descalifican a los defensores y defensoras de derechos humanos y los colocan en situación de vulnerabilidad.
La OMCT dijo que pareciera que existe una política sistemática de descalificación desde el estado encaminada a descalificar y estigmatizar a los defensores y defensoras de derechos humanos.
Se han enviado diversas comunicaciones al gobierno de Honduras para que se aplique un trato diferenciado cuando se trate de abordar el trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos y que las fiscalías especiales sean reforzadas y descentralizadas para operar con independencia en las investigaciones de casos de violaciones a derechos humanos.
En torno al código penal, la OMCT instó al estado de Honduras a hacer un análisis técnico con la participación de las organizaciones peticionarias hondureñas ante la CIDH. Asimismo el organismo internacional pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que programe una visita a Honduras para corroborar lo que se ha expuesto en esta audiencia.
Durante el 159 Período de Sesiones de la CIDH, estipulado del 1 al 7 de diciembre en Panamá, el COFADEH participa en las audiencias: “Situación de la justicia y las personas defensoras de derechos humanos en Honduras” y “Seguimiento del Mecanismo de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en Honduras.
