Giorgio Trucchi
Este 25 de marzo, a dos semanas del inicio de la implementación de medidas extremas de parte del gobierno de Honduras para hacerle frente al coronavirus, nuestra afiliada el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (Sitraina) se pronunció públicamente.
“Estamos seriamente preocupados por la rápida expansión de esta pandemia, tanto a nivel mundial como nacional, donde ya se contabilizan 68 casos en siete departamentos del país y una persona fallecida”, se lee en el comunicado.
En especial, nuestra organización afiliada expresó preocupación por todas aquellas familias que sobreviven de la economía informal, del trabajo precario, y que a duras penas logran garantizar el sustento diario.
Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2018 del Instituto Nacional de Estadística (INE) la pobreza en Honduras afecta en promedio al 61,9 por ciento de hogares, de los cuales el 38,7 por ciento viven en pobreza extrema.
El estudio “Diagnóstico del trabajo” del Banco Mundial evidencia que un 58% de los empleos son informales.
Siempre el INE señala que el número de personas desocupadas y ocupadas en condiciones de subempleo visible e invisible es de casi 2,8 millones, es decir el 66 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA).
Según el Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh), en los últimos años el empleo informal en Honduras se ha incrementado en más del 160 por ciento.
“Lo único que hizo el gobierno es entregar un ‘saco solidario’ con productos de consumo popular, cuyo valor siquiera llega a los 2.000 lempiras (80 dólares) y que deberá alimentar a una familia de cinco personas durante un mes.
¿Qué va a hacer toda esta gente? Va a salir a las calles a buscar qué comer y esto puede generar más convulsión social y enfrentamientos”, dijo a La Rel, Marta Anariba, presidenta de la junta central del Sitraina.
La vergüenza de las transnacionales
En su comunicado, el Sitraina condenó también la “alevosía con la que están actuando empresarios tanto nacionales como extranjeros”, que ante la imposibilidad de las y los trabajadores de acudir a los centros de trabajo “les están notificando suspensiones por hasta 120 días sin respetar la legislación laboral”.
Marta Anariba explicó que lo que están haciendo es violatorio de los artículos 100, 101 y 102 del Código del Trabajo, que regulan las causas de suspensión del contrato de trabajo, sus efectos y las obligaciones del empleador.
“Tenemos el caso de Burger King, miembro del Grupo INTUR1, y de las empresas maquiladoras New Holland y Southern Apparel, que notificaron a miles de trabajadores una suspensión de 120 días sin goce de salario.
Son transnacionales que gozan de amplias exoneraciones de impuestos y que tienen enormes ganancias. Pese a eso, estos empresarios violan campantemente la legislación laboral.
Pero lo peor es que, en medio de una crisis como la que estamos viviendo, las autoridades no dicen absolutamente nada”, señaló Anariba.
Sitraina denunció también la escasez de los insumos necesarios al personal de salud para su debida protección.
“El Congreso aprobó un desembolso multimillonario para enfrentar la pandemia. Son 420 millones de dólares. ¿Qué están haciendo con todo este dinero? La gente no confía en este gobierno”, advirtió la presidenta del Sitraina.
Ante esta situación, el Sitraina expresó su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras afectados, exigió al gobierno que haga respetar la legislación nacional y lo instó a garantizar al sector salud todo lo que se necesita para enfrentar la pandemia.
