Por Marvin Palacios
Tegucigalpa.- Tras conocerse de la violencia desatada por el capital transnacional unido a grupos económicos locales, contra el Campamento por la Vida en Guapinol, municipio de Tocoa, departamento de Colón, que dejó como saldo 2 militares muertos y varios heridos de bala, trascendió que dos miembros del Comité Ambientalista de protección al río Reitoca, han sido criminalizados por el Ministerio Público.
El periódico digila www.defensoresenlinnea.com conoció el texto del Acta de Medidas cautelares bajo el número de expediente 2701-2018 en el cual detalla que el 31 de octubre de este año, los defensores del Río Reitoca, Wilmer Otoniel Alonso Herrera y José Orlando Rodas García, comparecieron a “Audiencia de Declaración de Imputado”, en el cual el Juzgado de Letras de lo Penal, de Justicia dictaminó decretar medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva establecidas en el Código Penal.
La Coordinadora General del Comité de familiares de detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva que se continúa utilizando el sistema de justicia como mecanismo de inhabilitar la reclamación de derechos y la defensa territorial de las comunidades y pueblos en rebeldía.
A Wilmer Otoniel Alonso Herrera y a José Orlando Rodas García, se les acusa de usurpación en perjuicio de la empresa Mercantil promotora de generación de energía Limpia A.A. (Progelsa).
El tribunal determinó que los imputados deberán presentarse periódicamente los días jueves de cada semana ante el tribunal, se les prohíbe salir del país y no concurrir a determinados lugares en los que se encuentren representantes de Progelsa. Además el tribubal prohibió a los defensores del Río Reitoca mantener cualquier comunicación con la empresa hidroeléctrica.
La comunidad de Reitoca se ha mostrado indignada por la presencia de la empresa que impulsa el denominado: “Proyecto hidroeléctrico Río Petacón” que desarrolla Progelsa, porque aducen que en su primera fase contaminó el Río Reitoca, única fuente de agua que atraviesa la comunidad, y que se ubica al sur de Francisco Morazán en el corredor seco.
La mayoría de la población asegura que el proyecto no se consultó con la comunidad, que es en su mayoría es “lenca” y que cuenta con un título que data del siglo XVIII.
También los vecinos aseguran que el estado ha violado el Convenio 169 de la Organización internacional del Trabajo (OIT) relativo a los derechos de los pueblos originarios y a los procesos de consulta que deben realizarse.
Reitoca realizará varios eventos de solidaridad con los ambientalistas que han sido criminalizados por el poder judicial, a través de manifestaciones pacíficas en el municipio que incluyen una vigilia que acompañarán las iglesias católica y evangélica.
La resistencia frente al proyecto hidroeléctrico Río Petacón comenzó en enero de 2017. Los ambientalistas han sido víctimas de brutales desalojos protagonizados por fuerzas policiales y militares que dejaron al menos 2 personas heridas de bala en la comunidad.
