Danlí, El Paraíso.
Por Sandra Rodríguez
¿Por qué me están juzgando a mí y no al Ministerio Público? Es la pregunta que se repite muchas veces José Armando Flores Jiménez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud en el Oriente de Honduras, SITRASAOH, quien fue querellado por difamación hace año y medio, tras conocer de un supuesto atentado contra su vida.
Todo se originó en julio del año 2015, cuando un medio de comunicación divulgó un supuesto entierro de medicamentos en los predios de la Región de Salud #7, antiguo Hospital «Gabriela Alvarado», en la oriental ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso.
Para ese entonces la responsable era la Región era la doctora Sonia Arely Cruz, de ahí surgió una investigación de parte de las autoridades competentes, y comprobaron el entierro de medicamentos vencidos y otros que vencían en 2017 (dos años después), detalló el dirigente sindicalista.
Hubo requerimiento fiscal contra varios responsables de la Región Sanitaria, entre ellos Cruz y su esposo el médico de la región Germán Mauricio Erazo, también empleado del hospital con actividades en la Región Sanitaria de El Paraíso, ellos me señalaron como responsable de haber dado información al medio de comunicación, agregó José Armando Flores, mientras esperaba que se diera la una y media de la tarde, del jueves 23, para presentarse ante los Tribunales de Justicia de Danlí, citado a una audiencia de conciliación.
Audiencia que se decretó “fracasada” ya que los demandantes no aceptaron conciliar, puesto que, en 2015, Flores se enteró que había un supuesto plan para acabar con su vida, por lo que después de considerar varias opciones decidió ir al Ministerio Público, MP, a interponer la denunciar por amenazas, responsabilizando a los galenos, pues así se lo informó una fuente allegada, relató.
Y fue así, que le se inició un proceso por difamación contra el honor de los doctores, quienes han manifestado que no pueden conciliar porque eso les ha causado daños físicos y emocionales, tras 20 años de servir con atenciones médicas a la población danlidense.
El presidente del SITRASAOH, considera que las persecuciones son por el afán de representar y defender los derechos de los trabajadores, hecho que lo le gusta a los que dirigen el poder.
Quiero manifestar que yo no hice esa denuncia del entierro de los medicamentos –refiriéndose a las publicaciones en el medio de comunicación- pero ¿cuál es el delito de denunciar?, se preguntó Flores, pues el lote de medicamentos era una cantidad considerable y no se supo el motivo del hecho que atentó contra el derecho a la salud pública.
Agregó que “a quien deberían investigar es a las personas que dieron la orden. Era una gran cantidad de medicamento que mejor se lo hubiera dado a la gente pobre”. Además, el MP también debería ser investigado porque no ha cumplido con su labor investigativa, sino que actuó en mi contra, cuando fui a denunciar un hecho.
Se llegó a pensar que la forma en que yo “no les haga daño” es mandándome a matar, pero ante la denuncia interpuesta, hubo un juez que a ellos los dejó libres y después me acusaron de falsas calumnias e injurias. Lamentó el presidente del Sindicato.
“Quienes recibieron mi denuncia en la Fiscalía, son abogados, yo desconozco las leyes. Si consideraban que la denuncia no procedía por falta de elementos, la hubieran cerrado y me lo hubieran notificado, quien decidió traernos ante este juzgado fue el Ministerio Publico ¿Por qué nos trajeron? Yo no tengo la culpa, sino el MP y sus actuaciones”.
En cuanto a la manifestación de los querellantes, que a ellos se les ha dañado su honor, yo creo que el honor se lo daña cada quien, ellos se lo dañaron con sus acciones, a mí también este proceso me ha hecho daño.
Yo decidí denunciar las amenazas en mi contra, porque hay casos que se han quedado en la impunidad, como el asesinato de Juan Carlos Argeñal, un comunicador social que había denunciado actos de corrupción en el hospital “Gabriela Alvarado”, ese hecho sucedió en el año 2013 cuando era director del hospital el doctor Erazo, relacionó el líder del SITRASAOH.
En este proceso judicial que enfrenta el máximo líder sindical de la regional número 7, la solidaridad de parte de sus compañeros ha sido constante. En la audiencia anterior al menos cincuenta trabajadores se hicieron presentes en el juzgado, para que Armando se sienta acompañando, afirmaron en una reunión que sostuvieron al salir del recinto, para que el abogado de la defensa les explicará lo que procedería.
Yo temo por mi vida, por las amenazas y que le hagan daño a mi familia. Hay lugares que ya no frecuento, actividades de las que me abstengo, enfrentar persecuciones no permite una vida con normalidad, declaró a defensoresenlinea.com, Armando Flores.
Además, considera que éste es un ataque al sindicalismo hondureño, porque si en este proceso ellos –los doctores- ganan, será como pisotearnos, escupirnos la cara, quitar el trabajo a quien sea, decir que ellos tienen la razón, y los demás dirigentes sindicales no se atreverán a denunciar los abusos ni defender los derechos de los sindicalistas, por temor a que los maten o metan presos.
“Aquí nadie responde, el Gobierno no está pensando en defender al pueblo, sino entre ellos y la parte política”, por eso he solicitado acompañamiento de organizaciones sociales, entre ellas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, expresó el dirigente.
Si en Honduras se aplicara la justicia de forma correcta, yo no estaría procesado, sino que se investigaría los hechos de corrupción, el entierro de los medicamentos y las denuncia que interpuse, afirmó José Armando Flores, presidente del SITRASAOH, quien deberá ser notificado para la audiencia de juicio oral y público, acusado del delito de difamación contra Sara Cruz y Germán Erazo, que fungieron como directora de la Región #7 de salud y director del Hospital “Gabriel Alvarado” de Danlí, respectivamente.
Comunicador social también denunció amenazas
En el 2013, el director del canal de televisión Vida Tv, Juan Carlos Argeñal, denunció actos de corrupción en el hospital de esa ciudad. Fue asesinado la tarde del sábado 7 de diciembre en de ese mismo año, en su casa de habitación donde también tenía el estudio televisivo. Meses antes había denunciado amenazas incluso de muerte, que se relacionaban con su trabajo comunicativo.
Juan Carlos Argeñal sacó a la luz el caso de corrupción del hospital regional de “Gabriela Alvarado” en Danlí. En este se detallaba un gran desfalco de fondos y un hurto mayor de los suministros del mismo hospital que se realizaron por parte de un administrador interno junto con un líder político local, ha denunciado su hermano el dirigente magisterial y líder político del Frente Nacional de Resistencia Popular, RNRP, Mario Argeñal.
Una semana antes de su muerte en diciembre de 2013, Juan Carlos Argeñal le dijo a su familia que había recibido amenazas de muerte de personas que estaban relacionadas con la administración del hospital. Argeñal se contactó con la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos, Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, para informarle de estas amenazas el 14 de noviembre de 2013.
La familia de Juan Carlos Argeñal entregó a la policía toda la información sobre estas amenazas en el momento de su muerte. Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones de su hermano, tres años después, el crimen sigue en la impunidad, como un monumento a la corrupción.
