Tegucigalpa, Honduras.- Al llegar al 11 aniversario del golpe de Estado político, empresarial, religioso y militar que arrancó del poder al entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, surgen las memorias de aquel 28 de junio de 2009, y con ello la inexistencia de justicia y confianza en el sistema judicial nacional.
Entonces hay que recurrir a otras instancias del Sistema Interamericano, que con el paso del tiempo “se percibe como una herramienta accesible a todo mundo”, explicó el doctor en derecho internacional, Joaquín Mejía.
Antes eran muy pocas las organizaciones que llevaban casos a instancias internacionales, de hecho el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), es una de las pioneras en liderazgo de litigio a este nivel, con el tema de Detenidos-Desaparecidos logrando que la primera sentencia en casos de violaciones a derechos humanos es contra el Estado de Honduras por los profesores Manfredo Velásquez y Saúl Godínez, son los que inauguran la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), a finales de la década de 1980.
El golpe de Estado del 2009 dejó miles de víctimas entre presos, exiliados, torturados, judicializados y asesinados, además de reabrir actuaciones de grupos de poder para repetir hechos de crímenes de lesa humanidad que continúan en la actualidad.
Agotadas las instancias judiciales hondureñas, las víctimas de violaciones a derechos humanos en casos representados por el COFADEH como ser los asesinatos políticos de Isy Obed Murillo (05 de julio de 2009) y Pedro Magdiel Muñoz (24-25 de julio 2009); Víctimas la violenta represión en “El Durazno” y el asesinato del profesor Roger Vallejo (30 de julio de 2009); y el asesinato del periodista Nahúm Palacios (10 de marzo de 2010) que co-representa con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en 2018 avanzaron con su denuncia.
Tras dos años de haber presentado estos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se continúa documentando y monitoreando el procedimiento internacional, algunos casos están más avanzados que otros, informó Meri Agurcia, procuradora de derechos humanos del COFADEH.
El caso de Pedro Magdiel Muñoz, está en la etapa de fondo y en dos años podría ser trasladado a la Corte-IDH.
Mientras que el caso del primer mártir de la Resistencia contra el Golpe, Isy Obed, pasó a la fase de admisibilidad, se espera que avance a la etapa de Fondo en dos años.
En cambio, las víctimas de El Durazno esperan que pase a la fase de admisibilidad en un año.
Y el caso del periodista Nahúm Palacios, se encuentra en la fase de registro, con la esperanza que pase la fase de admisibilidad en el término de un año, según información en poder de COFADEH.
Más de una década ha pasado, y los casos de violaciones a derechos humanos del golpe de Estado continúan en la impunidad ¿tendrá algún efecto en que se repitan patrones en violaciones de años subsiguiente y actuales?
Abordado por Defensores en Línea, el investigador Joaquín Mejía, recalcó que, la CIDH ha planteado que los efectos del golpe de Estado en Honduras, se mantienen hasta la actualidad, y lo detalla en los informes emitidos en los años 2009, 2015 y 2019 referente a la impunidad y corrupción que favorece a ciertos grupos e impactan en la población de mayor vulnerabilidad.
Estos documentos afirmando que la impunidad facilita la repetición de los crímenes y mientras no se detenga la impunidad, es claro que la crisis que se abrió con el golpe de Estado. Llevamos 11 años en una situación de anormalidad democrática; y por tanto, “hay que recordar que los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho son como las patas de una mesa, en donde si falla una, las demás se ponen en riesgo, y en esta situación se agrava con la pandemia por el Covid-19.
El Sistema Interamericano actúa cuando no hay voluntad o capacidad en el sistema nacional para poder abordar las violaciones a los derechos humanos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.
Entre las herramientas que ofrece el Sistema Internacional están los informes situacionales, cartas y otros mecanismos más contenciosos donde hay denuncias concretas a violaciones a los derechos humanos, medidas de protección a personas cuya vida e integridad está en grave riesgo, está el proceso de denuncias y peticiones que pueden terminar en una sentencia de la Co-IDH, y es lo que buscan las víctimas en los casos antes mencionados.
Cabe señalar que una sentencia no va a cambiar la realidad de un país, expresó Mejía, son herramientas que conseguimos para seguir exigiendo a lo interno que existan cambios estructurales.
Muchas veces el Estado de Honduras cumple aquellas sentencias que le son fáciles, pero cuando se trata de investigar y sancionar a los responsables tiene una deuda inmensa con las víctimas (como casi todos los Estados de la región).
Sin embargo, las sentencias pueden generar cambios en la sociedad civil que debemos aprovechar, como el caso Pacheco-Teruel sobre el incendio en la cárcel de San pedro Sula, obligó al Estado la creación de la Ley Penitenciaria y debemos estar vigilantes porque el Sistema Penitenciario se ha militarizado y eso atenta contra la misma Ley, añadió el abogado internacionalista.
Se puede creer que el objetivo es llegar a la sentencia de la Co-IDH dicta una sentencia, pero ahí es donde comienza realmente el caso, porque debemos lograr que el Estado cumpla con su obligación internacional de implementar esa sentencia, y ese es el uno de los desafíos que tenemos como organizaciones que litigamos ante la CIDH y la Corte IDH, afirmó Mejía.
Existen casos vinculados con el Golpe de 2009 ya sentenciados o por entrar en esa etapa, sin embargo la falta de voluntad política aun no permite la correcta aplicación de justicia, poniendo varios pretextos que benefician a los grupos de poder.
Voluntad Política y reparación
La abogada y defensora de derechos humanos Marcia Aguiluz, desde Costa Rica, nos compartió su opinión con respecto a la realidad hondureña, donde “las autoridades siguen sin reconocer que lo ocurrido en aquel momento fue un golpe de Estado y por lo tanto no existe voluntad política para investigar lo que pasó”.
Además hay obstáculos de logística, falta de recursos y fortalecimiento del Ministerio Público, pero con voluntad política ese tipo de obstáculo se pueden superar, reiteró Aguiluz. Ese es el gran problema.
“Muchas de las grandes estructuras que orquestaron el golpe siguen intactas y en el poder, eso hace que no exista voluntad para investigar lo que pasó”.
Además de la falta de voluntad política, no permite lograr justicia las grandes debilidades en el Sistema Judicial, empezando por el nombramiento de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que no son apegados a los más grandes estándares. No hay transparencia, por lo que no se puede afirmar que, quienes están en estas esferas sean las personas idóneas e independientes, entonces no hay una verdadera carga judicial que garantice el ingreso de jueces y juezas con criterios de idoneidad, agregó la defensora.
Esta situación complica la búsqueda de justicia, porque las víctimas no pueden tener la certeza de encontrarse con investigadores, fiscales, jueces y juezas que puedan realizar su trabajo de forma independiente. Aunque existan funcionarios que quieren hacer bien su trabajo, no hay condiciones.
Las víctimas impulsan la lucha
En la búsqueda de justicia, las víctimas tienen la mayor importancia, porque si ellas no reivindican sus derechos o no denuncian, lamentable no se puede obligar a las autoridades a que investigue y se conozca la verdad de los hechos y se obtenga justicia en algunos casos. Con su valentía y coraje las víctimas hacen que estas luchas persistan y gracias a su incansable esfuerzo, agregó Marcia Aguiluz.
Reiteró que la impunidad en casos del pasado permite que se repitan patrones de violación a los derechos humanos en diferentes momentos de lucha social en Honduras. La abogada hizo referencia a las detenciones arbitrarias y criminalización de la protesta social, porque son las mismas estructuras operando con tranquilidad.
Por lo que las organizaciones de derechos humanos como COFADEH y personas (víctimas), tiene como desafío seguir demandando justicia, continuar denunciando y exigiendo si no es en Honduras, a nivel internacional con la esperanza de que en algún momento este contexto cambie y pueda haber justicia en el país.
Una de las cientos de víctimas y sobreviviente del ataque violento en El Durazno, salida al norte de Tegucigalpa, el 30 de julio de 2009, es el líder sindical Carlos H. Reyes, actualmente integrante de la coordinación nacional de la Convergencia Contra el Continuismo (CCC), quien ha acompañado el proceso de defensa patria en el país.
Los hechos no se pueden ocultar y son reiterativos. Las víctimas suman en esta década de dictadura. Por ejemplo, de los 40 asesinatos políticos (aproximadamente) del post fraude electoral en 2017, que denunció COFADEH, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidad para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) reconoció 23, pero el régimen los ha venido negando, sin mencionar los casos de torturados, heridos y judicializados, aplicando la política de impunidad para los crímenes que comete el ejército, la policía y sus gatilleros.
Reyes lamenta que las respuestas que recibe el pueblo demandante de justicia es la expulsión de la compañera Soledad Pazo, quien era la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras; y la detención de varios compañeros que hoy son presos políticos, cuyo delito es participar en manifestaciones sociales o defender los bienes comunes de la naturaleza.
Las impunidad arrastra las denuncias de violaciones a los derechos humanos, porque no se ha hecho justicia en todos los casos de represión y muerte del post golpe de Estado, por lo que es correcto mantener la denuncia de casos surgidos durante el estado de emergencia por el COVID-19, como lo hace COFADEH, ya que desde el 16 de marzo pasado, el régimen decretó la suspensión de garantías constitucionales y cada aumenta el número de contagios a nivel nacional.
Reyes confía en que, las distintas denuncias presentadas a nivel internacional, el derecho constitucional a la insurrección y el informe de OACNUDH, contienen fundamentos claves para esperar que se haga justicia para las víctimas.
De lo contrario, el hecho que se queden en la impunidad todos esos crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen después del golpe de Estado y apañados por Luís Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el imperio gringo (Estados Unidos), ha tenido durante este tiempo en grave riesgo a los defensores y defensoras de derechos humanos.
Esta situación se agravó con la salida de la representante de OACNUDH, la expulsión de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción (MACCIH), emisión de un nuevo Código Penal Represivo, la suspensión de garantías constitucionales por motivo del COVID-19 (PCM 021-2020), y se pondrá peor si el quien encabeza el régimen (Juan Hernández) continúa utilizando esta pandemia para aprovecharse y continuar en el poder.
