Texto y fotos: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa.- Poco a poco se dan avances de procesos de reparación a la memoria de los detenidos desaparecidos por razones políticas.
En unos países más que en otros, existen leyes, monumentos y recuerdos de nombres de mujeres y hombres víctimas de los crímenes de lesa humanidad: como el derecho a la identidad en los hijos de detenidos desaparecidos o niños dados en adopción en América de Sur; calles, museos, escuelas y centros de memoria que se erigen en Centroamérica, pero la pregunta permanece ¿Y la justicia dónde está?
Pasadas cuatro décadas de las primeras desapariciones forzadas (especialmente en Honduras, con la instauración de la Doctrina de Seguridad Nacional en complicidad con el gobierno de los Estados Unidos) y, ante la falta de aplicación de justicia, los hechos se han repetido en diferentes episodios de la historia reciente en el país (década de 1980, Amnistía en los inicios del 90, golpe de Estado de 2009, protestas post fraude electoral 2017, protestas por educación y salud, pandemia Covid-19).
Más de 200 víctimas de desaparición forzada en Honduras, suman a los 250 mil casos documentados en el continente por entidades de familiares que buscan ya no sólo a sus parientes, sino la justicia y verdad que se ven cada vez más lejanas debido a la impunidad y falta de interés político de parte de los Estados.
Aunque en acuerdos de paz y búsqueda de reconciliación tras conflictos sociales, surgen los espacios para procesos de reparación que, si bien allanan en parte la necesidad de justicia social, deben ser acompañados de otras acciones que atiendan desde la espiritualidad (emociones y sentimientos) que une en el dolor a las familias -también- víctimas de un permanente duelo, como exponer a los perpetradores y que digan ¿Qué pasó con los detenidos desaparecidos?
De ahí que siga vigente la frase “Ni olvido ni perdón” arraigada en las madres, esposas, hijos, nietas y amistades que no olvidan a los detenidos desaparecidos; tampoco perdonan porque no hay a quién perdonar, mientras las autoridades correspondientes no señalen ni encausen a los hechores.
La figura de la Desaparición Forzada de personas es un proceso de Memoria Histórica que afecta los intereses políticos hegemónicos, por lo tanto, les son incómodos los proyectos a fin de escudriñar el pasado para valorar el futuro.
Argentina, Guatemala, Perú, El Salvador, Colombia y Chile entran junto con Irak, Sri Lanka, Argelia y Pakistán entre los países con mayor cantidad de desapariciones forzadas en los últimos 40 años.
De acuerdo con el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre 1980 y 2020, seis países latinoamericanos figuran entre las 10 naciones con mayor cantidad de desapariciones forzadas.
Amnistía Internacional estima que entre 1966 y 1986 sucedieron en México, El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia y Haití más de 90,000 desapariciones forzadas.
Clausurando la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, vale resaltar el invaluable trabajo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), fundado por doce valientes mujeres que, se enfrentaron al poder militar y político en 1982, y que hoy, avanzan en la lucha por reparación, verdad, justicia, no repetición y el ¡NUNCA MÁS! Impulsando la Ley Integral de Memoria.
La Semana Internacional del Detenido Desaparecido, inició este año, el pasado 23 de mayo hasta hoy miércoles al 31. La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), la promueve para hacer memoria y exigir verdad, justicia y reparación sobre esta práctica.
Son cientos de miles de familias que dejaron su legado de búsqueda de verdad y justicia, en menor cantidad fueron asistidas por programas de reparación ya sea mediante sentencias internacionales o acuerdos amistosos, pero estas acciones no pasan de lo pecuniario o acciones públicas, dejando el gran vacío de la justicia social y judicial.
