Tegucigalpa.
Honduras ha sido condenada en once ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde se le responsabilizó internacionalmente por violaciones a la vida, integridad física, libertad de expresión, entre otros.
El incumplimiento total de estos casos fueron objeto de análisis y debate por parte de representantes y otros actores internacionales y nacionales que promueven la defensa de los derechos fundamentales, durante el foro “Honduras frente a la Corte Interamericana: Avances y desafíos”.
En el evento desarrollado en un hotel, participaron como panelista Nelson Molina en representación de Procuraduría General de la República (PGR); Rosa margarita Valle de Luna, esposa del ambientalista Carlos Luna asesinado en mayo de 1998 en Catacamas, Olancho, cuando fungía como regidor municipal; María Soledad Pasos representante residente de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); Joaquín Mejía del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC- Sj); Gabriela Pacheco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y como moderadora actuó Marcia Aguilluz del el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
En su intervención el representante de la PGR, expresó que el Estado se ha comprometido para cumplir en los plazos fijados las resoluciones que resultan de las sentencias ante la Corte IDH, “hay casos en donde hay avances mayores y otros como el de las comunidades garífunas, llevan un avance mínimo, pero se está tratando de cumplir”.
La esposa del ambientalista Carlos Luna expresó que «nosotros tenemos miedo, porque convivimos con esa persona que mataron a mi esposo y a 20 años de que él murió nos sentimos víctimas con seis hijos que luchar para salir adelante y me acuesto y me levanto pidiendo a Dios la protección de mis hijos”.
Asimismo señaló que si hubiera justicia uno siente una satisfacción, pero las personas que le quitaron la vida no están presas, tanto los materiales como los intelectuales, y que por eso ellas acudieron a la Corte Interamericana buscando esa sed de justicia.
Por su parte, María Soledad Paso, residente en Honduras de la OACNUDH, refirió que esta clase de debates es un paso positivo, “pero hace falta tener más presentes a las víctimas, presencia de la sociedad civil para lograr acuerdos constructivos y duraderos. Hay puntos positivos en donde el Estado está avanzando bastante, pero debe mejorar, es importante la voluntad en temas de investigación de los casos y atención a las víctimas esos son los puntos que merecen atención; además de darle un rol importante a la Procuraduría”.
La representante de la Corte IDH, Gabriela Pacheco, de la Unidad de Cumplimiento de Sentencia, dijo que hay medidas con plazos razonables de cumplimiento por parte del Estado, otras tienen tres años para que cumpla, pero existen otras más complejas y de ejecución con plazos mayores.
Asimismo indicó que hay reparaciones de difícil cumplimiento, de ejecución compleja, el Estado ha venido informando, pero son medidas que deberán cumplirse por completo.
Joaquín Mejía del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC- Sj), indicó que estamos que “hablamos un poco de la esquizofrenia y la bipolaridad estatal en el sentido que nuestras autoridades tienen un discurso formal de defensa de derechos humanos, donde aprueban tratados y por otro lado su discurso no es compatible con la práctica porque esta es violatoria a los derechos humanos y por eso tenemos estas once condenas”.
Marcia Aguiluz Soto, representante de Cejil, rescató que aunque el panorama parezca sombrío y no hay nada que hacer, “de pronto las estrellas se alinean y lo que cada uno aporte en nuestro trabajo cotidiano como defensores de derechos humanos, puede ir construyendo una Honduras mejor, sí se puede, pese a todos los desafíos, se logran cosas y ojalá que en Honduras se superen los problemas de derechos humanos”.
Durante el foro se advirtió que sin investigaciones que conduzcan a identificar, procesar y sancionar a las personas responsables, continúa la desprotección y por ello estas afectaciones a las víctimas o hacia quienes quieran defender causas justas.
De los onces casos en los que Honduras ha sido condenado, nueve continúan en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia y son conocidos los expedientes como: Caso Juan Humberto Sánchez, Kawas Fernández, López Álvarez, Servellón García, Caso Pacheco Teruel, López Lone y otros, Luna López, Caso Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus Miembros, Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros.
Honduras fue el primer país en ser condenado por Corte IDH por violaciones a los derechos humanos, en el caso conocido como Velásquez Rodríguez en 1988.
Para velar por el cumplimiento de esta y otras sentencias, en julio del 2015 se formó la Mesa de Seguimiento a las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co-IDH), integrada por diez organizaciones defensoras de DDHH que representan siete casos.
Sus integrantes son la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), Casa Alianza-Honduras, Caritas diocesana de San Pedro Sula, Pastoral Penitenciaria, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Familia de Carlos Luna, y la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).
