PRONUNCIAMIENTO
Volvemos la mirada a nuestro pueblo, a las comunidades de la zona Sur del país, donde los enfermos han sido atendidos en la calle, pese la supuesta millonaria inversión que se ha hecho en la compra de hospitales móviles y demás equipo médico de bioseguridad referente a la tratar la pandemia del COVID-19.
Como defensores y defensoras de derechos humanos de los departamentos de Choluteca y Valle, e integrantes de la Red de Defensores/as de Derechos Humanos de la zona Sur del país (REDEHSUR) acompañada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), denunciamos la falta de atención estatal con respecto a la crisis provocada por la pandemia de la corrupción impactando gravemente en la salud, educación y empleo.
Choluteca ha estado en el ojo público por la calamidad en el sistema de salud, donde el paciente debe cargar su colchón [si es que lo tiene] y los familiares tienen que conseguir por sus propios medios un tanque de oxígeno para las víctimas del Coronavirus; mientras en las noticias circula que al régimen de Juan Orlando Hernández se le aprueban más fondos presupuestarios para estos menesteres, la realidad dentro de los centros hospitalarios es otra.
Por lo que nos preguntamos ¿Dónde está el dinero?
Esos fondos no están en el hospital regional del Sur, si bien se readecuó una sala para cuidados intensivos para casos Covid-19, esta fue patrocinada por una cooperativa crediticia local. Mientras que empresas privadas y la sociedad civil nos unimos para donar insumos necesarios para el personal de salud, entre otras necesidades.
Con medio millón de habitantes, el departamento de Choluteca tiene un mini Triaje en la cabecera departamental, instalado por la alcaldía municipal, pero acondicionado por la aportación del pueblo solidario. Mientras que Valle con 200 mil pobladores muestra una calamidad superior.
Hemos tenido que despedir sin cuerpo ni vela, a familiares, amistades, compañeras, médicos, docentes, periodistas, abogados, enfermeras y campesinas, en el marco de esta pandemia que no solo mata por el Coronavirus, sino por la negligencia de una aplicación justa en cuanto a nuestros derechos.
Por lo que, repudiamos la falta de aplicación efectiva de justicia, en el crimen contra la defensora campesina por el acceso a la tierra, Iris Argentina Álvarez Chávez, el 2 de abril de 2020, ejecutado a vista y paciencia de la Policía Nacional, donde se encarceló a un guardia de seguridad privada y se dejó con medidas sustitutivas al encargado de una empresa azucarera que se dice dueña de los predios en recuperación donde ese día se mantenía una toma pacífica, en la comunidad de Monjarás, municipio de Marcovia, Choluteca.
Exigimos investigación efectiva en el crimen contra el compañero defensor de derechos humanos Marvin Damián Castro, que apareció con señales de tortura en el río Sacamil, comunidad Agua Tibia, aldea El Espinal, en Pespire, el 13 de julio de 2020. A sus 29 años organizaba redes juveniles en Valle y Choluteca para activar en espacios de lucha social.
Condenamos los ataques contra el gremio periodístico mientras da cobertura a la pandemia y denuncia los actos de corrupción que impactan directamente en la vida humana. El atentado policial contra Alejandro Aguilar, de Metro Tv; Cynthia Mcyerith, de TVS; y sus respectivos camarógrafos. Las amenazas contra el comunicador social Ernesto Lezama, la negación de información y salvoconducto a Melissa Hernández, y agravios contra más de una veintena de periodistas despedidos y contagiados por la pandemia cuando daban cobertura de calle.
Denunciamos que, con el cierre de ciudades y toque de queda impuesto por Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 desde el 16 de marzo, tras confirmar los primeros casos positivos por Coronavirus, dos de ellos en Choluteca, la crisis alimentaria fue evidente al instante. Seguido de ello vino una serie de tomas pacíficas. La búsqueda de trabajos alternos hizo que la población se movilizara pese a las medidas de restricción dictadas por la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), pero a la fuerza de seguridad pública, sin importarle que el hambre no tiene número de circulación, atacó a los trabajadores del transporte público en Pespire y Choluteca, golpeándolos y dañando sus taxis y mototaxis.
El confinamiento está afectando la educación de los niños y niñas que no tienen acceso a clases virtuales. Para las familias campesinas y rurales, la prioridad es alimentarse, no la compra de dispositivos móviles e internet. Y hay que tomar en cuenta que muchas comunidades no tienen servicio de energía eléctrica, pese a que en la región están instalados los más grandes parque de energia voltaica ya que su mismo sol es un máximo potencíal.
Nos solidarizamos con el gremio magisterial, que sin capacitación en clases virtuales ni equipo tecnológico con herramientas didácticas han sido obligado a emplear sus medios domésticos para ejercer su labor, pese a ello es reprimido negándosele el pago salarial, servicio médico e incluso el derecho a la jubilación. Pese a existir un presupuesto general, el régimen Hernández ha expresado que no hay fondos para este pago.
No olvidamos que, el personal de Salud debe utilizar bolsas comerciales de plástico para cubrir su cabeza, pecho y pies, mientras atienden a los enfermos de la pandemia, exponiéndose ellos mismos al contagio y muerte.
Unimos nuestra fuerza solidaria a las familias de luchadores sociales que hoy forman parte de las estadísticas mortales de la pandemia: profesor de generaciones Abel Carrasco, la crítica periodista Francis Jaqueline Bojorque y el solidario médico Yamil Maradiaga.
Nos solidarizamos con los compañeros de la Red de Defensores/as de Derechos Humanos y Comunicadores Sociales de El Paraíso, por la irreparable pérdida del compañero Agustín Díaz Medina, y miles de familia que están en duelo, porque no existe –aún- un protocolo efectivo que priorice la vida humana, como lo manda la Constitución de la República.
Queremos decir que el dinero para hacerle frente a la pandemia del COVID-19 no está en la zona sur del país, donde los casos oficiales suman a cuatro mil positivos y más de 800 decesos. Pero la cifra real no es conocida, justamente porque no hay aplicación gratuita de pruebas rápidas, serología o PCR (polymerase chain reaction); mientras el Coronavirus avanza, se desatiende a los demás enfermos con patologías crónicas como los enfermos renales que se han contagiado del virus y están muriendo.
La zona sur manifiesta que, “ha llegado la hora de la agonía”, al igual que su hospital construido en 1928, donde se atiende a la población menos favorecida y más afectada por la gravedad de la situación económica, en los servicios sociales básicos de educación, empleo, servicios médicos y vivienda.
La corrupción gubernamental [únicamente] busca escudarse en el tratamiento de problemas sociales como la alta desnutrición, ausencia de seguridad alimentaria, acceso limitado al agua y saneamiento, altas incidencia enfermedades de Transmisión Sexual (SIDA y ETS), y alta incidencia de enfermedades causadas por vectores (Malaria, Dengue, Chagas y Leishamniasis), accidentes, violencia generalizada y enfermedades crónica degenerativas. Pero el COVID-19 que tanto nos está afectado, aumentó esa brecha de corrupción y deshumanización en los que [históricamente] se aprovechan de nuestra calamidad.
Reiteramos que no somos el virus, somos defensores y defensoras de derechos humanos que exigimos se investigue a los responsables de los actos de corrupción en este tiempo de pandemia. Son más de cien mil millones de lempiras que debemos pagar con nuestra vida, pero que no se han invertido para salvar a nuestros seres queridos que hoy ya no están entre nosotros, y que seguimos expuestos a contagios pese a que podría evitarse daños mayores.
Choluteca y Valle, 13 de septiembre de 2020
Defensores y defensoras de derechos humanos de los departamentos de Choluteca y Valle
Red de Defensores/as de Derechos Humanos de la zona Sur del país (REDEHSUR)
